F¨²tbol bajo sospecha

Alguien que se cree con derecho a comprar al presidente de una Diputaci¨®n para obtener ventajosas contratas, ?por qu¨¦ no va a ser capaz de hacer lo mismo con el portero del equipo rival con el noble pretexto de asegurar el ascenso del propio a Primera Divisi¨®n? La investigaci¨®n judicial sobre el primer asunto ha llevado al segundo, ambos con el mismo protagonista: el constructor Enrique Ortiz, que es a la vez m¨¢ximo accionista del H¨¦rcules, equipo reci¨¦n ascendido a Primera.

El asunto est¨¢ sub j¨²dice y la presunci¨®n de inocencia sigue amparando al implicado, pero no hasta el punto de anular sin mayor investigaci¨®n los abundantes indicios que apuntan al traslado al f¨²tbol de un modelo de actividad empresarial que se sustenta en la descarada compra de voluntades. "Le di 100.000 euros al portero y se tir¨® para el otro lado en el gol de Tote", dice a su interlocutor el due?o del H¨¦rcules en una de las grabaciones realizadas cuando se investigaba el llamado caso Brugal, un asunto de corrupci¨®n relacionado con las contratas de basura de la Vega Baja alicantina.

Tote es el delantero centro del H¨¦rcules y, a la vista de esa y otras grabaciones incluidas en el sumario, el encargado de aplicar esa estrategia al f¨²tbol. Las conversaciones publicadas por EL PA?S revelan, con un lenguaje apenas disimulado, intentos de pagar a equipos o a jugadores concretos, como el portero del C¨®rdoba, por dejarse ganar por el H¨¦rcules en las ¨²ltimas jornadas del campeonato, en las que varios equipos se jugaban el ascenso en un estrecho margen de puntos. Nadie que escuche las conversaciones puede dudar de qu¨¦ se trata, pero el juez del caso ha rechazado investigarlas y se ha negado tambi¨¦n a remitirlas a las autoridades deportivas, como hab¨ªa solicitado la fiscal¨ªa. Alega, en respuesta a un recurso del Consejo Superior de Deportes, que son privadas, que carecen de entidad delictiva y que han sido obtenidas mientras se investigaban otros delitos. Esto ¨²ltimo es discutible, pero el juez se acoge a precedentes de anulaci¨®n de pruebas (como en el caso Naseiro) por ese motivo. Toda conversaci¨®n telef¨®nica es privada, pero deja de serlo si el juez autoriza su intervenci¨®n en caso de delito; y aunque todav¨ªa no ha entrado en vigor la reforma penal que incluye como delito espec¨ªfico "alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba deportiva", es muy dudoso que el supuesto de compra de partidos no encaje en alguno de los tipos de maquinaci¨®n fraudulenta ya contemplados en el C¨®digo Penal.

Si la justicia ordinaria no puede o quiere actuar, esa par¨¢lisis no debe afectar a las autoridades deportivas. Las conversaciones existen y son conocidas. Y hay posibles perjudicados, el principal el Betis, pero tambi¨¦n otros afectados de rebote, como el C¨¢diz, que podr¨ªa recuperar la categor¨ªa que perdi¨® (2? A) si se aplica al C¨®rdoba la sanci¨®n prevista para este tipo de casos. Incluso puede tener consecuencias sociales. ?Habr¨ªa que anular de las quinielas los resultados de los partidos bajo sospecha? ?Ama?ar partidos no puede considerarse un fraude en las apuestas deportivas, que mueven millones de euros? Ese aspecto de la cuesti¨®n justifica el nuevo recurso anunciado ayer por el Consejo de Deportes. Hace cuatro a?os el f¨²tbol italiano se vio sacudido por un esc¨¢ndalo que inclu¨ªa apa?os relacionados con las apuestas y que se zanj¨® con el descenso a Segunda del Juventus de Tur¨ªn y otras medidas de gran impacto.

La Federaci¨®n y la Liga de F¨²tbol Profesional, la patronal de los clubes, todav¨ªa no han abierto la boca sobre este grave asunto. No ser¨ªa aceptable que siguieran mirando para otro lado. Ni defendible que los seguidores del H¨¦rcules cerraran filas con quien ha demostrado no estar a la altura de la historia de un club con gran tradici¨®n en Primera. Ellos ser¨ªan los m¨¢s interesados en aclarar el asunto si no quieren que su equipo lleve para siempre la marca del intruso y el estigma de la corrupci¨®n.