Bolivia: el rompecabezas ind¨ªgena

Cuarenta y nueve cuadrados peque?os dentro de uno mayor y los siete colores del arco iris conforman la segunda bandera oficial de Bolivia. Hasta donde s¨¦, es el ¨²nico pa¨ªs del mundo que tiene dos banderas. Se trata de la wiphala, que aunque representa exclusivamente una parcialidad de la sociedad, a los ind¨ªgenas quechuas y aymaras de Bolivia (a¨²n se polemiza sobre si la tal bandera fue tomada de banderas de ra¨ªz medieval tra¨ªdas por los conquistadores espa?oles, o si ya exist¨ªa en el mundo prehisp¨¢nico), est¨¢ consagrada oficialmente como la "otra" bandera boliviana.

Hay una cierta relaci¨®n entre el n¨²mero de cuadrados de la wiphala y las 36 naciones ind¨ªgenas reconocidas por la Constituci¨®n vigente desde 2009. Naciones que cubren un espectro tan dispar como las diferencias demogr¨¢ficas entre la mayor y la menor de ellas. Los quechuas son 2,7 millones de personas sobre un total de 10,5 millones de bolivianos; en tanto los pakawaras (etnia amaz¨®nica) suman apenas 25 personas. Es sobre esa visi¨®n en la que naci¨®n, pueblo y etnia se han definido en una sola categor¨ªa: "Ind¨ªgena originario campesino". El presidente Evo Morales no gobierna ya la Rep¨²blica de Bolivia (1825-2009), que conmemora su creaci¨®n el 6 de agosto, sino el Estado Plurinacional de Bolivia, que la conmemora el 22 de enero.

?C¨®mo hacer compatibles una justicia sostenida por leyes escritas y otra que se basa en la tradici¨®n oral?

En el nuevo Estado se impone el 'vivir bien' de los ind¨ªgenas frente al 'vivir mejor' occidental

A dos banderas, dos justicias, la denominada Justicia Ordinaria y la denominada Justicia Ind¨ªgena Originaria Campesina, que es v¨¢lida para las naciones y pueblos ind¨ªgenas y que se ejercer¨¢ a trav¨¦s de sus autoridades, basada en los principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. Estas atribuciones tienen como l¨ªmite la obligaci¨®n del respeto al derecho a la vida y las prerrogativas de la propia Constituci¨®n. En teor¨ªa, su aplicaci¨®n est¨¢ circunscrita solo a los ind¨ªgenas y a los hechos producidos dentro de una jurisdicci¨®n ind¨ªgena.

En mayo pasado, cuatro polic¨ªas fueron linchados en una regi¨®n del departamento de Potos¨ª. Fue el hecho m¨¢s dram¨¢tico de una secuela de linchamientos que ha vivido Bolivia en los ¨²ltimos a?os. Tras algunos d¨ªas de confusi¨®n y versiones contradictorias, un cabildo ind¨ªgena reivindic¨® el linchamiento, lo justific¨® acusando a los polic¨ªas asesinados de extorsionar a los pobladores y estableci¨® que por tratarse de una regi¨®n ind¨ªgena no aceptaba la presencia de autoridades del Estado para investigar el caso. Tras varios d¨ªas de negociaci¨®n, la comunidad accedi¨® a devolver los cad¨¢veres, previa firma de sus familiares de un desistimiento de cualquier juicio en contra de los asesinos. La zona, fronteriza con Chile, es uno de los pasos m¨¢s importantes de contrabando de autom¨®viles y de tr¨¢fico de drogas. En esta ocasi¨®n, como en todas las anteriores en que se produjeron hechos similares, las autoridades afirmaron que tal proceder no tiene nada que ver con la justicia ind¨ªgena, pero lo que queda claro es que en ning¨²n caso han detenido ni acusado, ni mucho menos condenado a los autores intelectuales o materiales de estas atrocidades.

Mientras tanto, el escenario de la aplicaci¨®n del nuevo modelo jur¨ªdico y su compatibilizaci¨®n con la Justicia Ordinaria es una gran inc¨®gnita. Las preguntas son muchas m¨¢s que las respuestas. Al tratarse de una justicia basada en usos y costumbres, no est¨¢ escrita; su ejercicio hasta ahora se limit¨® a delitos menores. ?Se aplicar¨¢ ahora para todo el espectro considerado por los c¨®digos penal, civil, comercial, etc¨¦tera, existentes en la Justicia Ordinaria? ?Se trata de una justicia com¨²n para todas las naciones y pueblos ind¨ªgenas, o tendr¨¢ 36 versiones equivalentes al igual n¨²mero de pueblos y naciones reconocidos por la Constituci¨®n? Los l¨ªmites jurisdiccionales de las autonom¨ªas ind¨ªgenas no se han establecido a¨²n. Se infiere que se aplicar¨¢ solamente en el ¨¢mbito rural, lo que es relativo, ya que por lo menos un centenar de los municipios de Bolivia son o total o mayoritariamente ind¨ªgenas y tienen en su seno varias ciudades. Buena parte de la poblaci¨®n quechua y aymara -ciudadanos que se encuadran en la definici¨®n de naci¨®n ind¨ªgena- est¨¢ establecida en grandes ¨¢reas urbanas como La Paz, El Alto, Cochabamba, Potos¨ª, Sucre, Oruro e incluso en Santa Cruz de la Sierra. Volvamos a la Constituci¨®n; en su texto se entiende como naci¨®n ind¨ªgena: "... toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradici¨®n hist¨®rica, instituciones, territorialidad y cosmovisi¨®n", y una condici¨®n muy peculiar que define la posibilidad de ser naci¨®n con un corte a cuchillo de la cronolog¨ªa: "... cuya existencia es anterior a la invasi¨®n colonial espa?ola", lo que ha obligado a crear una categor¨ªa separada, la de los afrobolivianos (alrededor de 25.000 personas), que no son ni naci¨®n originaria ni "comunidad intercultural" (los no ind¨ªgenas), ya que llegaron como esclavos despu¨¦s de la conquista espa?ola.

Por supuesto, se producir¨¢n muchos hechos penales que involucren a ind¨ªgenas y no ind¨ªgenas. ?C¨®mo funcionar¨¢ la ley en esos casos? ?Qu¨¦ sistema jur¨ªdico y d¨®nde se aplicar¨¢? ?C¨®mo dirimir esos conflictos entre un sistema organizado y positivo a trav¨¦s de c¨®digos y leyes muy claras y otro basado exclusivamente en la tradici¨®n secular sin base escrita? La idea de territorialidad podr¨ªa tambi¨¦n plantear conflictos. El complejo urbano La Paz-El Alto, que tiene dos millones de habitantes, podr¨ªa, sobre todo en El Alto, entenderse como una territorialidad aymara, ya que m¨¢s del 80% de sus habitantes tienen ese origen.

La administraci¨®n de Justicia Originaria, adem¨¢s, nace de un contexto hist¨®rico en el que las decisiones de castigo a una infracci¨®n de la ley se han hecho a partir de personas que llegan al mando anualmente y de modo rotativo y que solo ejecutan las decisiones de la comunidad. No deja de ser significativo que el cabildo, instituci¨®n hisp¨¢nica, sea el mecanismo a trav¨¦s del cual esas comunidades toman decisiones.

En este complejo entramado hay que a?adir otros elementos. La Constituci¨®n reconoce a los ind¨ªgenas "su libre determinaci¨®n que consiste en autonom¨ªa, autogobierno... y consolidaci¨®n de sus entidades territoriales". Les reconoce tambi¨¦n "el uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en sus territorios". M¨¢s todav¨ªa: "Las naciones y pueblos ind¨ªgenas en aislamiento o no contactados, gozan del derecho de mantenerse en esa condici¨®n". La pregunta es si eso implica la limitaci¨®n del Estado de cumplir en esas comunidades con su obligaci¨®n de proveer a todos los bolivianos de acceso a la educaci¨®n, la salud y el saneamiento b¨¢sico. M¨¢s todav¨ªa. Solo pueden ser servidores p¨²blicos quienes hablen dos idiomas oficiales del pa¨ªs. De acuerdo al ¨²ltimo censo, el 67% de los bolivianos son monoling¨¹es (incluidos el presidente Morales y el vicepresidente Garc¨ªa Linera), lo que vulnera a ese 67% un derecho ciudadano fundamental.

La premisa te¨®rica del nuevo Estado presupone que en vez del vivir mejor occidental, se debe imponer el vivir bien de los ind¨ªgenas. Vivir bien plantea, sin embargo, un punto de partida que no puede ser el actual, en el que m¨¢s del 60% de los bolivianos viven en la pobreza y m¨¢s del 35% en la extrema pobreza, la mayor¨ªa de los cuales son ind¨ªgenas.

El proyecto estatal de Morales, apoyado en una hegemon¨ªa ind¨ªgena aymara, ha comenzado a ser cuestionado desde sus propias bases y desde regiones de los llanos del pa¨ªs, que se dan cuenta de que el discurso tiene un fuerte tinte andino y no respeta las demandas de las "naciones" peque?as.

Pero quiz¨¢s la mayor iron¨ªa que le ha tocado a Morales es la detenci¨®n del amauta (sacerdote andino) Valent¨ªn Mejillones Acarapi, que le impuso en 2006 los s¨ªmbolos del poder ancestral en el complejo arqueol¨®gico de Tiahuanacu, en una ceremonia de alto contenido simb¨®lico. Hoy se conoce al personaje como el narcoamauta, ya que ¨¦l y otras personas fueron detenidos cuando procesaban 240 kilos de droga. Un golpe de realidad en medio de la visi¨®n id¨ªlica que Bolivia proyect¨® hace cuatro a?os y medio.

Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de la Rep¨²blica de Bolivia.