La polic¨ªa pide al juez detener a un alcalde y tres ex asesores del Ejecutivo de Aguirre
La UDEF atribuye al regidor de Boadilla maniobras a favor de la trama corrupta - La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n propone que se les cite como imputados
La polic¨ªa ha descubierto nuevos negocios de la trama G¨¹rtel y ha pedido al juez Antonio Pedreira y a las fiscales anticorrupci¨®n la detenci¨®n del actual alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Juan Jes¨²s Siguero, del PP, y de tres ex asesores del Gobierno de Esperanza Aguirre que supuestamente facilitaron informaci¨®n a las empresas del cabecilla de la red, Francisco Correa, para ama?ar contratos y adjudicarlos a la trama corrupta.
La unidad de blanqueo de capitales de la Polic¨ªa, la UDEF, ha elaborado un informe en el que esgrime toda una bater¨ªa de pruebas e indicios que aconsejan la detenci¨®n de estas cuatro personas para ser interrogadas y evitar que oculten pruebas. Documentaci¨®n intervenida en registros en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (44.000 habitantes) revela que Siguero no solo facilit¨® a la trama G¨¹rtel informaci¨®n previa de contratas que luego sac¨® a concurso el Consistorio, sino que adem¨¢s se implic¨® personalmente en la redacci¨®n y preparaci¨®n de los pliegos de licitaci¨®n que presentaban las empresas de Correa. Este alcalde es el que, con el respaldo del PP, sustituy¨® al anterior, Arturo Gonz¨¢lez Panero, El Albondiguilla, que dimiti¨® al estar entre los principales implicados en el caso G¨¹rtel.
Correa us¨® firmas tapadera para acudir a las contratas del Gobierno de Aguirre
Una factura de un acto de los Pr¨ªncipes fue inflada para ganar un 40% m¨¢s
La polic¨ªa sospecha que Siguero intervino activamente, entre otras contratas, en la adjudicaci¨®n de la Oficina de Atenci¨®n al Consumidor de Boadilla (OAC) por m¨¢s de 600.000 euros y un periodo de 14 a?os. Esta oficina, instalada en el mismo Ayuntamiento, fue cerrada tras estallar el esc¨¢ndalo. Las fiscales anticorrupci¨®n Concha Sabadell y Miriam Segura ya han respondido a las peticiones policiales de detenci¨®n de estas personas con otro escrito en el que rechazan esta medida, si bien avalan que se cite a los nuevos implicados, una veintena solo en Madrid, como imputados o testigos, se?alan fuentes de la investigaci¨®n. El juez no se ha pronunciado a¨²n, explican estos medios.
La polic¨ªa sostiene que la trama G¨¹rtel estaba plenamente conectada a Alberto L¨®pez Viejo, ex viceconsejero de Presidencia y luego consejero de Deportes del Gobierno de Aguirre. L¨®pez Viejo actuaba supuestamente a trav¨¦s de sus m¨¢ximos colaboradores para facilitar informaci¨®n de primera mano a las empresas de Correa sobre los contratos que salieron de su departamento y de otras consejer¨ªas del Gobierno de Aguirre hasta finales de 2008.
Los investigadores han analizado abundante documentaci¨®n que implicar¨ªa a Mar¨ªa del Carmen Garc¨ªa, mano derecha de L¨®pez Viejo en su secretar¨ªa cuando ¨¦ste era viceconsejero de Presidencia. Tambi¨¦n quieren que sea detenido Pedro Rodr¨ªguez Pendas, asesor t¨¦cnico de L¨®pez Viejo hasta 2007, y Julia L¨®pez, adscrita a la vicepresidencia de la Comunidad y tambi¨¦n bajo las ¨®rdenes de L¨®pez Viejo.
Seg¨²n fuentes conocedoras del informe, Mar¨ªa del Carmen Garc¨ªa, "siempre por indicaci¨®n de L¨®pez Viejo", facilitaba a las empresas de Correa informaci¨®n confidencial sobre contrataciones y les dec¨ªa c¨®mo deb¨ªan confeccionar las futuras facturas y qu¨¦ deb¨ªan incluir en sus ofertas para adjudicarse las contratas que iban saliendo, procedentes de casi todas las consejer¨ªas de Aguirre. Rodr¨ªguez Pendas era otra pieza clave. Entre 2003 y 2008, con L¨®pez Viejo como viceconsejero de Vicepresidencia, se encargaba de informar a la red de Correa de c¨®mo deb¨ªa trocear los contratos en cantidades inferiores a 12.000 euros (para evitar el concurso) y qu¨¦ conceptos deb¨ªan figurar en las posteriores facturas. Julia L¨®pez, siempre seg¨²n estos medios, cooperaba con Rodr¨ªguez Pendas y hac¨ªa facturaciones, y realizaba diferentes justificantes de pago, con datos falsos, para aparentar que las operaciones se hac¨ªan dentro de la legalidad.
La polic¨ªa implica tambi¨¦n a otra decena de personas en sus nuevas pesquisas y pide que se las cite, algunas como imputadas y otras como testigos. Algunos, ya imputados, son trabajadores de las empresas de Correa que, en connivencia con los ex colaboradores de L¨®pez Viejo, interven¨ªan en las licitaciones y se pon¨ªan de acuerdo con los empleados del cabecilla de la trama para conseguir las adjudicaciones. As¨ª, figuran empleados de empresas del grupo Rafael y de las firmas Marketing Quality Management, Decoraciones CMR, que supuestamente habr¨ªan intervenido como pantallas de la red G¨¹rtel.
Para disimular, Correa utilizaba a veces empresas ajenas a su vasto conglomerado societario y les daba una comisi¨®n a cambio de concurrir a las adjudicaciones que ¨¦l ten¨ªa previamente ama?adas y tapaba as¨ª la certidumbre de que las contratas siempre reca¨ªan en su grupo.
La polic¨ªa tambi¨¦n quiere interrogar a Fernando Mart¨ªnez Vidal, ex responsable de Relaciones Externas de la consejer¨ªa de Presidencia y ahora concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, quien, junto a Rodr¨ªguez Pendas, habr¨ªa solicitado eventos que luego recayeron en la red de Correa.
Entre las empresas investigadas figura Servimadrid Integral, SL, que obtuvo en 2005 y 2006 los contratos para la organizaci¨®n y celebraci¨®n de la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y tambi¨¦n Easy Concept, una de las sociedades con las que operaba la red corrupta ante la Comunidad de Madrid, infl¨® costes de actos de la Comunidad (por ejemplo, uno al que asistieron los pr¨ªncipes de Asturias) para ganar un 40% por contrato y en muchos casos los presentaban al cobro en la Comunidad de Madrid bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management).
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