La Junta prev¨¦ ganar 75 millones por las fincas
La Consejer¨ªa de Agricultura avalar¨¢ las hipotecas e impedir¨¢ la enajenaci¨®n de las tierras durante 25 a?os
El Gobierno andaluz pretende ingresar unos 75 millones de euros por la venta de 19.851 hect¨¢reas que forman parte del patrimonio del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Lo har¨¢ a partir del pr¨®ximo 31 de diciembre, que ser¨¢ cuando entre en vigor el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de julio y que, en la pr¨¢ctica, pondr¨¢ punto final de manera oficial a la reforma que alumbr¨® el Gobierno andaluz de Rafael Escuredo en 1984.
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, niega ning¨²n af¨¢n recaudatorio en este decreto, que busca m¨¢s bien cumplir con el mandato del nuevo Estatuto andaluz que desarroll¨® el Parlamento a trav¨¦s de una proposici¨®n no de ley presentada en junio de 2007 por el PSOE, y que fue apoyada por PP y PA, para dar por concluida la pol¨ªtica de asentamiento en las tierras p¨²blicas.
Casi la mitad de las tierras est¨¢n gestionadas por cooperativas
La Administraci¨®n ingresa tres millones al a?o por el arrendamiento
"La entrada en la UE nos hizo cambiar", afirma Leocadio Mar¨ªn
"Siguen campando a sus anchas los terratenientes", dice Ca?amero
Casi la mitad de las hect¨¢reas que saldr¨¢n a la venta corresponden a m¨¢s de un millar de colonos y cooperativas que fueron adjudicatarios de las explotaciones agrarias tras su expropiaci¨®n o compra por parte del IARA, que ha venido ingresando unos tres millones de euros anuales por el canon derivado de esos asentamientos. Todos los que est¨¦n interesados en adquirir estas fincas tendr¨¢n un a?o para presentar las solicitudes de compra y, si la resoluci¨®n, con un plazo de seis meses, es favorable, dispondr¨¢n de tres a?os como m¨¢ximo para abonar el precio de la adjudicaci¨®n. En el caso de que se realice una liquidaci¨®n anticipada, el traspaso ser¨¢ inmediato.
"Es una oportunidad ¨²nica para hacer realidad el lema que inspir¨® la reforma agraria, de que la tierra sea para quien la trabaje", comenta Aguilera, que destaca las condiciones ventajosas que tendr¨¢n los actuales concesionarios para optar a la propiedad.
As¨ª, al valor de enajenaci¨®n de estas tierras se le aplicar¨¢ una reducci¨®n de hasta un 65% en funci¨®n de criterios de antig¨¹edad, la generaci¨®n de empleo cuantificada, as¨ª como al esfuerzo inversor efectuado por los colonos. La normativa proh¨ªbe la venta, divisi¨®n o segregaci¨®n de los terrenos durante un plazo de 25 a?os, una medida introducida para evitar la especulaci¨®n.
Para facilitar los traspasos, la Junta avalar¨¢ las hipotecas sobre las fincas enajenadas a favor del IARA o de la Hacienda p¨²blica, y otorgar¨¢ la escritura a las personas herederas en caso de fallecimiento del concesionario. Cuando se trate de explotaciones agrarias comunitarias, la Administraci¨®n podr¨¢ segregar las tierras para que se escrituren a t¨ªtulo individual para cada uno de sus miembros. En el caso de bienes que no sean solicitados por los adjudicatarios, la consejer¨ªa, para proceder a la recuperaci¨®n de la concesi¨®n, les indemnizar¨¢ por las mejoras que hayan realizado en estos terrenos, siempre que hayan contado con autorizaci¨®n administrativa, y proceder¨¢ al desalojo de las fincas.
Por otra parte, la Junta va a poner en venta todas las tierras, bienes y derechos del IARA que no han sido ocupados por terceras personas, concretamente 13 fincas con 5.320 hect¨¢reas de suelo r¨²stico y 240.000 metros cuadrados de suelo urbano. Para ello se contempla su cesi¨®n a entidades p¨²blicas para fines de inter¨¦s general o a entidades p¨²blicas y privadas para fines tanto agrarios como de otros usos compatibles que permitan la modernizaci¨®n y mejora del medio rural. "No habr¨¢ excusas para quedarse con las tierras, pero los que no quieran tendr¨¢n que ser desalojados", advierte la consejera de Agricultura.
Con este decreto, Agricultura pretende tambi¨¦n adquirir las tierras que ahora est¨¢n infrautilizadas y acabar con las situaciones de picaresca que se dan en la actualidad. Aunque no es la regla general, son muchos los colonos que no han pagado el canon establecido cuando recibieron las tierras para su explotaci¨®n. "Si unos pagan y otros no se produce una situaci¨®n de injusticia que debemos corregir", subraya Aguilera. A partir de la publicaci¨®n de este decreto ley quedar¨¢ derogada parcialmente la Ley de Reforma Agraria de 1984 y supondr¨¢ la extinci¨®n del IARA.
Aluvi¨®n de recursos contra la reforma
La Ley de Reforma Agraria fue aprobada por el primer Gobierno auton¨®mico el 3 de julio de 1984, pero el anuncio lo hizo dos meses antes el presidente andaluz Rafael Escuredo en Ronda (M¨¢laga). Fue una declaraci¨®n llena de simbolismo, pues era el mismo lugar en el que 70 a?os antes Blas Infante ya habl¨® de la reforma agraria en el Congreso Georgista. Aunque en el imaginario popular todav¨ªa perviv¨ªa la idea de la reforma agraria de la Rep¨²blica, la primera intenci¨®n de Escuredo no fue otra que encauzar el polvor¨ªn del campo andaluz, sin duda el mayor factor de desestabilizaci¨®n social y pol¨ªtica en Andaluc¨ªa.
Escuredo encomend¨® semejante reto al consejero Miguel Manaute, fallecido en enero pasado, aunque el padre intelectual de la reforma fue Jos¨¦ Mar¨ªa Sumpsi, un ingeniero catal¨¢n que fue el primer director del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Sumpsi, que ahora ocupa un cargo en la Organizaci¨®n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci¨®n (FAO) en Roma, dej¨® bien claro desde el principio que los criterios que inspirar¨ªan la reforma ser¨ªan productivistas, mientras que el ataque a la gran propiedad quedar¨ªa en un segundo plano.
La Ley 8/1984 de Reforma Agraria quer¨ªa dar respuesta a la transformaci¨®n, modernizaci¨®n y desarrollo de las estructuras agrarias y la correcci¨®n de los desequilibrios territoriales. Se justificaba porque "la ausencia de un desarrollo agrario basado en la explotaci¨®n eficiente de los recursos productivos y, en definitiva, los obst¨¢culos al desarrollo de la econom¨ªa han estado ligados en Andaluc¨ªa a la estructura de la propiedad de la tierra".
De este modo, las causas que inspiraron la reforma fueron el aumento de los latifundios en Andaluc¨ªa y el descenso de la renta agraria.
Sirva como ejemplo que, mientras que en 1955 la aportaci¨®n de la agricultura al PIB andaluz era del 29,4%, en 1981 se redujo al 10,9%. Algo similar ocurr¨ªa con el empleo, pues el sector agrario ocupaba en 1955 al 56,7% de la poblaci¨®n activa total, mientras que en 1983 era s¨®lo el 20,4%.
La ley contemplaba varios tipos de instrumentos para acometer la reforma, desde la expropiaci¨®n de fincas a los Decretos de Actuaci¨®n Comarcal, en los que se establecer¨ªa un rendimiento ¨®ptimo comarcal para gravar las fincas infrautilizadas con un impuesto progresivo.
La intenci¨®n era expropiar las fincas que estuvieran por debajo del 25% del rendimiento ¨®ptimo, mientras que a las de rendimiento medio se les aplicar¨ªa la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables.
El catedr¨¢tico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Manuel Gonz¨¢lez de Molina, especializado en la historia agraria, se?ala en Historia de Andaluc¨ªa Contempor¨¢nea que hubo dos problemas que explican la escasa operatividad de la reforma agraria: "Uno parte de la escasa voluntad pol¨ªtica del Gobierno central, que oblig¨® al Gobierno regional a plantear el proyecto sin modificar la legislaci¨®n estatal sobre la propiedad, que se revel¨® problem¨¢tica para los objetivos de la reforma e hizo que su realizaci¨®n desembocara en un verdadero calvario jur¨ªdico". Tanto es as¨ª que se interpusieron 6.000 recursos. "El segundo de los problemas", a?ade Gonz¨¢lez de Molina, "arrancaba de las dificultades y ambig¨¹edades derivadas del empe?o de evaluar la gesti¨®n de las fincas en relaci¨®n con el rendimiento ¨®ptimo comarcal establecido por la Administraci¨®n".
Pero los planteamientos productivistas de la reforma se mostraron r¨¢pidamente en franca contradicci¨®n con la pol¨ªtica agraria de la Uni¨®n Europea, orientada a primar la reducci¨®n de cultivos y la extensi¨®n agraria, a la que Espa?a deb¨ªa atenerse desde su adhesi¨®n en 1985. Y as¨ª fue como languideci¨® la reforma, paralizada en gran parte a partir de 1991 por el nuevo consejero de Agricultura, Leocadio Mar¨ªn. "Al llegar a la consejer¨ªa propuse una reflexi¨®n sobre la reforma, porque la integraci¨®n en Europa nos hizo cambiar el punto de mira", rememora ahora Mar¨ªn, actual alcalde de Baeza (Ja¨¦n).
En su opini¨®n, los redactores de la norma "cayeron en el absurdo en el tema de la propiedad de la tierra, que ya hab¨ªa perdido significado". Las expropiaciones a precios superiores a los de mercado o los agravios entre las distintas comarcas de reforma agraria fueron otros de los "efectos perversos" que Mar¨ªn critic¨® en su d¨ªa. En el lado positivo, se queda con las infraestructuras agrarias que se generaron y, sobre todo, con la movilizaci¨®n que se produjo en el sector agrario.
Frenadas las expropiaciones, la reforma apenas se ha utilizado en los ¨²ltimos a?os para la transformaci¨®n de regad¨ªos, y poco m¨¢s. ?Y c¨®mo ha cambiado el campo andaluz en este tiempo? "Nada tiene que ver la Andaluc¨ªa agraria de los a?os ochenta con la actual, su modernizaci¨®n ha sido incuestionable", dice, convencida, la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, para quien el principal efecto del texto del a?o 1984 fue el cambio de mentalidad entre los agricultores. "Fue una aut¨¦ntica revoluci¨®n y todo un hito en la historia de Andaluc¨ªa".
Pero el sector agrario andaluz no ha dejado atr¨¢s a¨²n algunas de sus muchas sombras. Por ejemplo, el desigual reparto de las ayudas agrarias, puesto que apenas el 1% de los perceptores se lleva m¨¢s del 20% de las subvenciones. "Aqu¨ª siguen campando a sus anchas los grandes terratenientes", asegura Diego Ca?amero, l¨ªder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que valora, no obstante, que la reforma acabara con los monocultivos y diversificara el sector agrario con cultivos m¨¢s sociales. Seg¨²n ¨¦l, la creaci¨®n del subsidio agrario en 1984, el mismo a?o en el que se aprob¨® la reforma, fue una estrategia del Gobierno para desmantelar el movimiento agrario y la lucha por la tierra.
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