La norma no ataja las divergencias

Uno de los objetivos fundamentales de la nueva ley del aborto es acabar con las inequidades que durante a?os, se han desarrollado en el acceso a la prestaci¨®n en las 17 comunidades. Sin embargo, un mes despu¨¦s de su entrada en vigor, la ley de salud sexual no ha terminado con ellas. Diferencias desde temporales a econ¨®micas que dificultan que la mujer pueda ejercer ese derecho sanitario.

En Madrid, por ejemplo, las mujeres esperan unas tres semanas para abortar si quieren que la sanidad p¨²blica se lo financie. "Muchas se ven obligadas, por falta de tiempo, a pagar algo que deber¨ªa ser gratis", incide Sergio Mu?oz, director m¨¦dico de la Cl¨ªnica El Bosque. En cambio, en otras regiones como Castilla-La Mancha, la carta de pago (esta comunidad concierta las intervenciones con la privada) que precisa la mujer se entrega con el sobre informativo que se da a la mujer para que inicie el periodo de reflexi¨®n de tres d¨ªas.

El famoso sobre tambi¨¦n se ha convertido en un objeto de desigualdades. La Comunidad Valenciana ha anunciado que incluir¨¢ en ¨¦l informaci¨®n visual -ecograf¨ªas en 3D, por ejemplo- sobre el aborto. Una f¨®rmula que, seg¨²n los ministerios de Sanidad e Igualdad infringe la nueva ley, que marca que la informaci¨®n debe ser "objetiva" y no para "coaccionar".

Otra de las inequidades es la econ¨®mica. En Catalu?a las mujeres se ven obligadas a adelantar el dinero de su bolsillo -entre 300 y 500 euros dependiendo de las semanas de gestaci¨®n-. El servicio de salud catal¨¢n se lo reintegrar¨¢ despu¨¦s, un sistema que tambi¨¦n contradice la nueva ley, seg¨²n Sanidad, que asegura que algunas de estas divergencias se deben al periodo de adaptaci¨®n de la ley. A?aden, sin embargo, que no permitir¨¢n que esos incumplimientos y divergencias se mantengan.