La batalla de la objeci¨®n

Los m¨¦dicos de atenci¨®n primaria, ec¨®grafos o pediatras no pueden objetar a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo. Tampoco puede hacerlo el administrativo que sella el documento de derivaci¨®n a la mujer, el celador que traslada su cama o el trabajador social que debe informarla de c¨®mo solicitar la prestaci¨®n. La nueva ley del aborto, que entr¨® en vigor el pasado 5 de julio, es muy clara en ese punto: solo los profesionales sanitarios "directamente implicados" en la intervenci¨®n pueden declarase objetores a ella. Deber¨¢n hacerlo, adem¨¢s, con antelaci¨®n y por escrito. Sin embargo, aprobada y en vigor la nueva ley de plazos, la objeci¨®n se ha convertido en uno de los estandartes de la lucha antiabortista.

Las organizaciones autodenominadas provida han comenzado una campa?a para animar a la objeci¨®n. Sostienen, adem¨¢s, que cualquier persona puede negarse a todo lo relacionado con la interrupci¨®n del embarazo. "La ley crea inseguridad jur¨ªdica en torno a qui¨¦n est¨¢ directamente implicado en un aborto. Sin embargo, fomenta que desde el m¨¦dico de familia que entrega el sobre a la mujer para que inicie el tr¨¢mite hasta la administrativa que la atiende se vean envueltos en ello. No afecta solo al ginec¨®logo que realiza la extracci¨®n del feto", sostiene Esteban Rodr¨ªguez, miembro de Ginec¨®logos por el Derecho a Vivir. Esta organizaci¨®n junto a Derecho a Vivir y la Fundaci¨®n Jur¨ªdica Tom¨¢s Moro ha publicado una gu¨ªa que orienta sobre c¨®mo objetar, y en la que aseguran que cualquiera puede hacerlo.

Sanidad, sin embargo, reitera la claridad de la ley. "S¨®lo pueden objetar los profesionales sanitarios directamente implicados. Es decir, quienes la llevan a cabo", explica el secretario general de Sanidad, Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos. "As¨ª era con la anterior ley, y as¨ª sigue siendo", a?ade.

Pero a la cruzada en que se est¨¢ convirtiendo la objeci¨®n se suma la decisi¨®n de algunos colegios de m¨¦dicos -tanto regionales como provinciales- de crear su propio registro de profesionales objetores. As¨ª, han comenzado a brotar listas de colegiados que se niegan a practicar abortos en Valladolid, Madrid o Granada. En ellas, sin embargo, puede apuntarse cualquier m¨¦dico. No es necesario que sea ginec¨®logo.

Estos registros, sin embargo, no tienen ninguna validez, seg¨²n Sanidad. "Carecen de valor jur¨ªdico. Es m¨¢s, se tiene que tener cuidado en como se hacen porque no pueden convertirse en ning¨²n caso en una f¨®rmula obstruccionista", avisa Mart¨ªnez Olmos, que asegura, adem¨¢s, que estos registros son totalmente innecesarios. "La mayor¨ªa de las comunidades tienen la prestaci¨®n concertada con las cl¨ªnicas privadas", dice.

Sin embargo, no todos creen que los registros sean in¨²tiles. Tampoco que la ley sea suficiente. El propio presidente de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial, Juan Jos¨¦ Rodr¨ªguez Send¨ªn, siempre ha defendido la creaci¨®n de un registro estatal y unificado de m¨¦dicos objetores y cree que una regulaci¨®n es necesaria.

Tambi¨¦n ERC, IU e ICV consideran que con la nueva ley no es suficiente. Hace un par de semanas esa coalici¨®n parlamentaria present¨® una proposici¨®n no de ley en el Congreso en la que solicitaban que se desarrollase una normativa que reglamentase la objeci¨®n de conciencia m¨¦dica. Un desarrollo reglamentario que ya preve¨ªa la ley de salud sexual y reproductiva pero que Sanidad a¨²n no tiene previsto acometer.