La deuda con el Gobierno complica a¨²n m¨¢s las cuentas auton¨®micas

El presupuesto de 2011, el a?o en el que el Gobierno plantea bajar el d¨¦ficit p¨²blico del 9% al 6% del PIB, ser¨¢ determinante para comprobar la eficacia del plan de ajuste espa?ol, bendecido por Bruselas. Con la recaudaci¨®n fiscal a¨²n muy disminuida, todas las Administraciones afrontan un ejercicio endiablado. La Administraci¨®n central lidia con el aumento del pago de las prestaciones por desempleo y de los intereses de la deuda p¨²blica. Los Ayuntamientos, entrampados hasta las cejas, se estrellan con los l¨ªmites legales para pedir nuevos cr¨¦ditos. Pero de donde no quitan ojo los inversores es de las comunidades aut¨®nomas, cuyos problemas se extreman porque deben empezar a devolver 25.500 millones al Gobierno. Una herencia del fiasco presupuestario de 2008 y 2009 que ha levantado en armas a las comunidades del PP.

Los barones del PSOE ven bien el aplazamiento, pero no se pronuncian

Econom¨ªa rechaza la propuesta y mantiene los objetivos de ajuste

El Ministerio de Econom¨ªa hizo una previsi¨®n optimista de ingresos en 2008 y, con la crisis ya encima, reincidi¨® con alevos¨ªa en 2009. Como resultado, las comunidades recibieron 5.500 millones de m¨¢s el primer a?o, y unos 20.000 millones m¨¢s el segundo. Las reglas del sistema de financiaci¨®n marcan que las cuentas se saldan dos a?os despu¨¦s, cuando se comprueba si las cantidades anticipadas casan con la recaudaci¨®n real. Y as¨ª ocurr¨ªa cada vez que el Gobierno se quedaba corto y ten¨ªa que compensar a las comunidades. En esta ocasi¨®n, Econom¨ªa acept¨® que las comunidades retrasaran un a?o la devoluci¨®n y permiti¨® que el pago se hiciera en 60 mensualidades (cinco a?os).

La pr¨®rroga se incluy¨® en el nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, pactado el pasado verano y asumido por las comunidades del PP, que se abstuvieron en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (CPFF). Pero cuando la fecha del pago se acerca -en enero, las comunidades deben satisfacer 90 millones del primer plazo mensual por lo adeudado desde 2008-, los barones populares exigen hacer borr¨®n y cuenta nueva.

La reclamaci¨®n de los Gobiernos auton¨®micos del PP aflor¨® en la ¨²ltima reuni¨®n del CPFF, a finales de julio, y tom¨® cuerpo en las ¨²ltimas semanas, con una velada amenaza de rebeli¨®n. La petici¨®n de varios consejeros de Econom¨ªa del PP (demorar el inicio del pago y ampliar el plazo de devoluci¨®n a 10 a?os) subi¨® de tono con la reuni¨®n que celebraron hace poco m¨¢s de una semana en Santiago de Compostela el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y el m¨¢ximo responsable de la Xunta de Galicia, Alberto N¨²?ez Feij¨®o.

La exigencia del PP ha logrado adem¨¢s la complicidad de varias comunidades socialistas. En los ¨²ltimos d¨ªas, dirigentes de Asturias, Extremadura o Arag¨®n han recalcado que hay que cumplir con la ley, pero al mismo tiempo, han dado la bienvenida a cualquier aplazamiento. Andaluc¨ªa y Catalu?a, las dos comunidades socialistas con mayor peso pol¨ªtico y econ¨®mico (y tambi¨¦n las que m¨¢s deben), han evitado un pronunciamiento con repercusiones de mayor calado al limitarse a se?alar que la devoluci¨®n est¨¢ ya programada en sus presupuestos de 2011.

El principal argumento de las comunidades para otra pr¨®rroga es que la vuelta de tuerca que dio Econom¨ªa en mayo al plan de ajuste les obliga a un recorte de gasto mayor que el previsto en verano de 2009, cuando se acordaron las condiciones de la devoluci¨®n. Los Ejecutivos auton¨®micos ponen sobre la mesa adem¨¢s que la naturaleza de sus competencias (educaci¨®n, sanidad, servicios sociales) dificultan el ajuste y exhiben las medidas ya adoptadas, m¨¢s ambiciosas en algunos casos (reducci¨®n de Consejer¨ªas, subidas de impuestos) que las puestas en marcha por el propio Gobierno central.

Las nuevas exigencias auton¨®micas no han movido la posici¨®n del Ministerio de Econom¨ªa, que rechaza cambiar las condiciones del pago de la deuda. Y las amenazas de rebeli¨®n no tienen mucho recorrido, ya que Econom¨ªa cobrar¨¢ ese dinero con retenciones en las transferencias a las comunidades.

Sin una nueva pr¨®rroga, los Gobiernos auton¨®micos tendr¨¢n que dedicar parte de sus recursos a pagar la deuda con el Ejecutivo. Y eso les puede llevar a incumplir sus objetivos de recorte de d¨¦ficit. Pero si hay otra pr¨®rroga, la Administraci¨®n central contar¨¢ con menos ingresos para lograr los suyos. Una dif¨ªcil ecuaci¨®n de a¨²n m¨¢s dif¨ªcil resoluci¨®n, de la que los mercados financieros est¨¢n muy pendientes.