Traballo cede a una empresa los datos de dependientes

Todo ciudadano que pide una ayuda a la Xunta acogi¨¦ndose a la Ley de Dependencia, le cede voluntariamente documentaci¨®n sensible como un certificado del n¨²mero de su cuenta bancaria, informes m¨¦dicos del Servizo Galego de Sa¨²de, estudios de un trabajador social sobre la unidad familiar y datos patrimoniales. Con lo que no contaban los solicitantes es que, a partir de ahora, una empresa privada tambi¨¦n va a tener acceso a parte esos papeles que les ha cedido la Administraci¨®n.

La Conseller¨ªa de Traballo ha contratado a Indra a fin de que digitalice 4.000 expedientes para la tramitaci¨®n de subvenciones. La multinacional experta en tecnolog¨ªas de la informaci¨®n recibir¨¢ 15.000 euros por ese trabajo. Adem¨¢s, el pasado 3 de julio, se hizo tambi¨¦n con otro contrato de 67.850 euros para la mejora de los recursos inform¨¢ticos preexistentes.

La Conseller¨ªa de Traballo tambi¨¦n acaba de convocar otro concurso, publicado el 3 de agosto en el Diario Oficial de Galicia (DOGA), con un presupuesto inicial de 798.482 euros, para contratar una herramienta inform¨¢tica que permita a la Administraci¨®n disponer de expedientes digitales de cada dependiente.

Cristina Ortiz, la secretaria general de la conseller¨ªa, ha remitido una carta a CIG y CC OO en la que se?ala que estas inversiones se engloban dentro del Plan Especial en Dependencia -dotado con 67 millones de euros- y que tienen como objetivo la modernizaci¨®n del Sistema para la Autonom¨ªa y Atenci¨®n a la Dependencia (SAAD), pero los sindicatos dudan del buen hacer de la Xunta y han puesto su iniciativa en el punto de mira.

"Los trabajadores fueron los primeros en alertarnos de que les hab¨ªan ordenado que no tramitasen ni un solo expediente, a excepci¨®n de las bajas por defunci¨®n, y desde ese momento, la tarea pasaba a manos de Indra", declara Castor Fern¨¢ndez, responsable de CC OO del sector de Servicios P¨²blicos en Galicia, quien mantiene que los funcionarios llegaron a ofrecerse para trabajar gratuitamente en horario de tarde para encargarse de esa labor. Ortiz lo niega rotundamente en su escrito, donde afirma que la cesi¨®n se produjo a petici¨®n de la plantilla.

Fernando Garc¨ªa, secretario nacional de CIG-Auton¨®mica, se muestra disconforme con esta versi¨®n y denuncia que la intenci¨®n del Gobierno aut¨®nomo es "asfixiar la tramitaci¨®n ordinaria, impidiendo que se hagan contrataciones de personal interino y as¨ª poder justificar que se necesita una gesti¨®n privada". Como ejemplo de ello cita la contrataci¨®n en febrero de 60 trabajadores a trav¨¦s de una empresa privada: "Denunciamos aquello ante Inspecci¨®n de Trabajo y ahora, en vez de recurrir a las empresas para que aporten personal, encubren la privatizaci¨®n de su gesti¨®n envi¨¢ndoles directamente los papeles".

La diputada socialista Beatriz Sestayo ha mostrado tambi¨¦n su preocupaci¨®n porque los expedientes salgan f¨ªsicamente de la Xunta durante m¨¢s de un mes y ha declarado al respecto que "poner datos confidenciales que deben custodiar las administraciones en manos de una empresa privada puede suponer una vulneraci¨®n de la Ley de Administraciones P¨²blicas y de la Ley de Protecci¨®n de Datos". El representante sindical de CIG se ha unido a la protesta de Sestayo y ha recordado que "en los formularios que rellenan los usuarios no hay ninguna anotaci¨®n en la que se les advierta de que sus datos pueden ser manipulados por otros". Sin embargo, seg¨²n los art¨ªculos 11 y 12 de esta norma, la informaci¨®n puede ser transferida a terceros sin el consentimiento de los interesados cuando la cesi¨®n sea "necesaria" para la prestaci¨®n de un servicio y el tratamiento de los datos est¨¦ regulado por contrato.

Traballo apela a ese art¨ªculo de la Ley de Protecci¨®n de Datos para asegurar que el contrato es perfectamente legal. Seg¨²n un portavoz de la conseller¨ªa, Indra ha firmado un acuerdo para garantizar la confidencialidad de los datos. Adem¨¢s, cada trabajador de la empresa que se encargue de usarlos tambi¨¦n deber¨¢ suscribir personalmente una cl¨¢usula semejante. La consellder¨ªa asegura que organismos de las Administraci¨®n central como el Inserso o la Seguridad Social han realizado contratos semejantes con empresas privadas.

Sin embargo, tanto CIG como CC OO han puesto los hechos en concimiento de la Agencia de Protecci¨®n de Datos. Fern¨¢ndez, de CC OO, anuncia que la oficina de A Coru?a ya ha entregado 275 expedientes, Ourense otros 500 y Pontevedra 450 m¨¢s. Esta afirmaci¨®n contrasta con la versi¨®n de la Xunta, que dice que a¨²n no han empezado con las gestiones para redirigir esta documentaci¨®n a la sede de Indra en Galicia. "Los ¨²nicos papeles que no se han movido son los de Ferrol, que ya lo ten¨ªa todo al d¨ªa, y los de Santiago y Lugo porque parte del funcionariado se ha negado, pero en los pasillos de las oficinas de Vigo hay 969 informes embalados esperando a que los recojan", mantiene el dirigente de CC OO. Traballo asegura que no tiene constancia de que ning¨²n funcionario se haya negado a entregar los documentos.