La factura p¨²blica del aborto se dispara con la nueva ley

Ya no hay excusas. La sanidad p¨²blica debe pagar todas las interrupciones voluntarias del embarazo. Se hagan en hospitales p¨²blicos o, como en el 98% de los casos, en cl¨ªnicas privadas. Hasta hace algo m¨¢s de un mes, las comunidades financiaban, de media, el 30% de los abortos. En la mayor¨ªa de los casos, lo pagaba la mujer de su bolsillo. Ahora, con la nueva ley, que no deja lugar a dudas de que la intervenci¨®n est¨¢ incluida en la cartera de servicios de la sanidad p¨²blica, esta cantidad se eleva al 60% de media, seg¨²n las cl¨ªnicas de abortos. El coste se dispara y hay comunidades que tratan de paliarlo con largos tiempos de espera para empujar a la mujer hacia la privada o con el cobro adicional de la anestesia general.

Castilla-La Mancha, que cubr¨ªa el 5% de las interrupciones, llega ahora al 80%

Algunas regiones intentan que la mujer pague de su bolsillo

El ministerio sostiene que no ampliar¨¢ el presupuesto por este motivo

"Si antes no las pagaban es porque no cumpl¨ªan la ley", dice Mart¨ªnez Olmos

El aumento de la factura sanitaria duele ahora, en tiempos de crisis, m¨¢s que nunca. Y varias regiones se lo han hecho notar a Sanidad, pidi¨¦ndole m¨¢s dinero. Pero el ministerio de Trinidad Jim¨¦nez ya ha respondido que no ampliar¨¢ el presupuesto. Seg¨²n sus c¨¢lculos, las intervenciones no van a incrementarse -en 2008 fueron unas 115.000 en toda Espa?a-. Si antes las comunidades no pagaban los abortos, dicen, es porque incumpl¨ªan la ley.

Siempre ha reinado el oscurantismo en torno al dinero dedicado a esta prestaci¨®n. Como el tema, es una cifra pol¨¦mica. Las comunidades, como mucho, dan cuenta del porcentaje de los que se han practicado en la p¨²blica o a trav¨¦s de los conciertos. En Castilla-La Mancha, donde se financiaba solo el 4,7% de las intervenciones, seg¨²n datos de 2008 de su consejer¨ªa, se est¨¢ pagando ahora m¨¢s del 80%. Su sistema de salud no pone pegas. Las mujeres de esta regi¨®n -donde se conciertan todos los abortos con centros privados- encuentran en el sobre en el que se les entrega la lista de ayudas a la maternidad la carta de pago, que deben entregar en la cl¨ªnica como si fuera un volante.

El caso de Asturias es similar. Ha pasado de financiar el 8% de las intervenciones a pagar m¨¢s del 90%, seg¨²n datos de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo (Acai), que agrupa una treintena de centros en toda Espa?a. "Si las mujeres no saben que puede acceder a la prestaci¨®n gratuita les informamos", dice Blanca Ca?edo, de la Cl¨ªnica Belladona de Gij¨®n.

El sistema de esta comunidad es sencillo: deriva directamente a las mujeres a los centros privados con los que tiene concierto. All¨ª la paciente solo debe presentar la tarjeta sanitaria. Es un modelo que se aproxima al andaluz, donde el aborto se concierta con cl¨ªnicas privadas desde 1985, y donde antes de la nueva ley ya se financiaban el 75% de las operaciones.

A¨²n no hay datos del cambio experimentado en todas las comunidades. Algunas ni siquiera han empezado a contar cu¨¢ntos abortos se han realizado en el primer mes de aplicaci¨®n de la ley de plazos (en vigor desde el 5 de julio). Valencia s¨ª lo ha hecho: en 2008 pagaba el 34% de los abortos y roza ya el 60%. "Y el ritmo aumenta d¨ªa a d¨ªa", explica Silvia Guill¨¦n, portavoz de la cl¨ªnica Mediterr¨¢nea M¨¦dica de Valencia. Lo mismo que sucede en Arag¨®n, que cubr¨ªa apenas el 10% de las intervenciones, y donde est¨¢ financiando ahora casi la totalidad.

Pero no todo es positivo. Haber logrado que sea la sanidad p¨²blica quien cubra la prestaci¨®n es un avance que muchos quieren evitar. Algunas regiones intentan que siga siendo la mujer quien pague la intervenci¨®n. En Madrid, por ejemplo, donde el porcentaje a cargo de la sanidad p¨²blica ha subido del 27% de 2008 a m¨¢s del 50%, ese obst¨¢culo es el tiempo de espera. Las mujeres que quieren abortar en la p¨²blica deben aguardar unas tres semanas. "Para muchas ese plazo se convierte en un elemento disuasorio", explica Luisa Torres, trabajadora social de la cl¨ªnica Dator de Madrid, quien indica que ese tiempo se reduce para las menores o las mujeres con patolog¨ªas.

Carolina F. decidi¨® por eso pagar la intervenci¨®n de su bolsillo. "Me daban cita para dentro de 20 d¨ªas y no pod¨ªa aguantar", explica. Si lo hubiese hecho habr¨ªa superado el l¨ªmite de 14 semanas de plazo libre que marca la ley. Esta mujer de 34 a?os critica, adem¨¢s, que en su ambulatorio de Madrid tampoco le explicaron que la sanidad p¨²blica cubr¨ªa la intervenci¨®n. Hasta la aplicaci¨®n de la nueva ley, esta autonom¨ªa solo se hac¨ªa cargo de los abortos realizados a las mujeres sin recursos. Un caso similar al de Catalu?a, donde se financiaron en 2008 apenas un 23% de estas intervenciones, y no en su totalidad. Esa comunidad ten¨ªa ayudas parciales a las mujeres sin capacidad econ¨®mica para pagar la operaci¨®n.

En Murcia, donde en 2008 el 32% de los abortos se realizaron a cargo de la sanidad p¨²blica, seg¨²n la consejer¨ªa, la t¨¦cnica para reducir costes es distinta. All¨ª no se cubre, en ning¨²n caso, la anestesia general en las intervenciones de hasta 12 semanas (donde hay opci¨®n de hacerlas con anestesia local). Si una mujer desea o necesita que la seden totalmente debe pagar 100 euros. "La sanidad murciana tampoco cubre la p¨ªldora RU-486, un m¨¦todo abortivo indicado para las gestaciones de menos de ocho semanas", comenta Francisco Valero, director de la cl¨ªnica Ginemur de Murcia.

Hace un mes, en el ¨²ltimo Consejo Interterritorial de Sanidad, algunas comunidades advirtieron de que necesitar¨ªan m¨¢s dinero para hacer frente a las interrupciones voluntarias del embarazo. Galicia present¨® una reclamaci¨®n en la que ped¨ªa que se informara del impacto econ¨®mico que pod¨ªa tener la ley sobre su presupuesto, ya de por s¨ª al borde de la asfixia.

El secretario general de Sanidad, Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, es claro en la respuesta: "Hasta dentro de dos a?os no se har¨¢ evaluaci¨®n de impacto de la norma. Adem¨¢s, las intervenciones no solo no aumentar¨¢n, sino que bajar¨¢n como estamos viendo desde hace unos meses", dice. Adem¨¢s, siempre existe la opci¨®n de realizar la prestaci¨®n directamente en hospitales y centros p¨²blicos.

Fernando Lamata, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, explic¨® tras esa reuni¨®n con Sanidad que el impacto ser¨ªa evidente en la mayor¨ªa de autonom¨ªas. En la suya, calcul¨®, el coste podr¨ªa rondar los tres o cuatro millones de euros. Este consejero, sin embargo, aclar¨® que a¨²n no hay una previsi¨®n de costes, ni la habr¨¢ hasta que termine el ejercicio; y propuso estudiar en unos meses cu¨¢ntas mujeres han solicitado la prestaci¨®n financiada. "Si eso supone un aumento del gasto, s¨ª cabr¨ªa esa petici¨®n de financiaci¨®n al Gobierno de Espa?a", dijo.

Un aborto en una cl¨ªnica privada puede costar entre 350 y 450 euros, aunque el precio puede aumentar seg¨²n las semanas de gestaci¨®n. El coste, sin embargo, no es el mismo para las autonom¨ªas que firman conciertos con los centros privados. "Para la sanidad p¨²blica suele ser un 25% m¨¢s barato", explica Valero.

Un trabajador social madrile?o que prefiere no identificarse da otra clave: "A todos les interesa que la mujer pague el aborto. La comunidad se ahorra dinero y las cl¨ªnicas ganan m¨¢s. Entre unos y otros est¨¢n consiguiendo que algunas no vayan por la p¨²blica".