La fiscal¨ªa venezolana investiga a las ONG que reciben ayuda del exterior

Promover el periodismo de investigaci¨®n en Venezuela es sin¨®nimo de conspiraci¨®n. Y recibir financiamiento internacional para hacerlo, un delito de traici¨®n a la patria. Con esos argumentos, el Gobierno de Hugo Ch¨¢vez ha pedido a la Fiscal¨ªa General que investigue a periodistas y ONG que promueven la libertad de expresi¨®n y que para hacerlo hayan recibido, entre otras donaciones, dinero de Estados Unidos. "Esa es la forma de disfrazar organizaciones que son del Departamento de Estado", ha dicho el presidente-comandante.

La asociaci¨®n Espacio P¨²blico y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) encabezan una lista de decenas de organizaciones civiles y pol¨ªticas y de m¨¢s de 150 periodistas que, seg¨²n una investigaci¨®n realizada por la norteamericana Eva Golinger con el respaldo del Gobierno, son financiadas por el "imperio" para desestabilizar la revoluci¨®n. "Esto hay que investigarlo a fondo. (Han sido) millones y millones de d¨®lares del Departamento de Estado para grupos de periodistas, grupos de ONG, eventos, premios y no s¨¦ cuantas cosas", orden¨® el presidente Hugo Ch¨¢vez el 14 de julio pasado. Este martes, Golinger acudi¨® personalmente a la Fiscal¨ªa a ratificar la denuncia, que ya hab¨ªa consignado el movimiento oficialista Periodismo Necesario.

A Human Rights Watch le preocupa la 'campa?a de persecuci¨®n'

A partir de las informaciones de Golinger, la mayor¨ªa oficialista del Parlamento aprob¨® en julio un informe en el que se?ala que, en dos a?os, el Departamento de Estado ha transferido m¨¢s de 4 millones d¨®lares a medios y periodistas venezolanos en forma de becas y financiamiento para ONG y universidades. El objetivo, dice el documento, es "desestabilizar el Gobierno revolucionario en nuestro pa¨ªs, utilizando estos periodistas ap¨¢tridas, lacayos del Imperio, quienes, a trav¨¦s de medios privados de comunicaci¨®n siguen una l¨ªnea editorial c¨®nsona con los intereses desestabilizadores e imperialistas del Gobierno de EE UU". Seg¨²n este informe, que ahora es parte del expediente de la fiscal¨ªa, m¨¢s de 150 periodistas han sido "captados y entrenados por las agencias estadounidenses"; entre ellos, todos los que alguna vez hubiesen sido invitados a EE UU para participar en alg¨²n programa de formaci¨®n.

Venezolana de Televisi¨®n, el m¨¢s grande de los seis canales que pertenecen al Estado, difunde una y otra vez v¨ªdeos en los que caricaturiza y ataca a periodistas y representantes de estas organizaciones. El director ejecutivo de Espacio P¨²blico, Carlos Correa, aparece en dos de ellos como una tira c¨®mica que viaja en limusina y que sale de la Embajada estadounidense en Caracas con una maleta repleta de d¨®lares. Human Rights Watch ha expresado su preocupaci¨®n por la campa?a de persecuci¨®n contra Correa, Espacio P¨²blico e Ipys. "Iniciar una investigaci¨®n penal s¨®lo por el hecho de que una organizaci¨®n de derechos humanos recibi¨® financiamiento internacional para su trabajo (...) es incompatible con la obligaci¨®n de Venezuela de no obstaculizar el trabajo de los defensores de derechos humanos", ha escrito el director de HRW para las Am¨¦ricas, Jos¨¦ Miguel Vivanco, en una carta dirigida al embajador de Venezuela en Washington.

Tambi¨¦n Transparencia Internacional ha denunciado las presiones oficiales que sufren sus colaboradores venezolanos y ha expresado su rechazo a "los intentos por obstaculizar la autonom¨ªa de las organizaciones sociales para ejercer de manera libre su derecho de expresi¨®n". "En Venezuela se ha creado un marco jur¨ªdico para tipificar como delito de traici¨®n o desestabilizaci¨®n cualquier actividad que reciba cooperaci¨®n internacional. Son argumentos similares a los usados en la Primavera Negra de Cuba, cuando 75 activistas fueron acusados de ser agentes extranjeros", sostiene el periodista Ewald Scharfenberg, director ejecutivo del IPYS. Scharfenberg pone como ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de julio, que reza: "La obtenci¨®n de recursos financieros, ya sea de manera directa o indirecta, provenientes de Estados extranjeros con la intenci¨®n de emplearse en perjuicio de la Rep¨²blica, los intereses del Pueblo (...) podr¨ªa configurar el delito previsto en el art¨ªculo 140 del C¨®digo Penal Venezolano (...) referido a la traici¨®n a la Patria y otros delitos contra ella".

En 2006 la Asamblea Nacional aprob¨® un proyecto de Ley de Cooperaci¨®n Internacional, para regular la actividad de las ONG. El proyecto establece que toda agrupaci¨®n civil venezolana deber¨¢ registrarse ante un organismo que depender¨¢ de la Presidencia de la Rep¨²blica, que administrar¨¢ todos los recursos que reciban.