El PP amaga con llevar al TC las multas por no rotular en catal¨¢n
Ciutadans insta al Defensor del Pueblo a recurrir el C¨®digo de Consumo, que ayer entr¨® en vigor - S¨¢nchez-Camacho: "Atenta contra la libertad"
La carrera parece que no ha hecho m¨¢s que empezar. La defensora del pueblo en funciones, Luisa Cava, present¨® hace 10 d¨ªas un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Acogida de Inmigrantes por dar preferencia al catal¨¢n a la hora de integrar a los extranjeros. Y ahora Ciutadans ha instado a la misma instituci¨®n a hacer lo propio contra el C¨®digo de Consumo al rechazar las multas ling¨¹¨ªsticas por no rotular en catal¨¢n. Alicia S¨¢nchez-Camacho, presidenta del PP, no quiso ser menos y anunci¨® medidas inmediatas contra la norma que entr¨® ayer en vigor. "Es antidemocr¨¢tica y afecta a la libertad. Este es el Gobierno de las multas y las prohibiciones", asever¨® la popular, que dijo que estudiar¨¢ las medidas parlamentarias a su alcance. ?Incluye tambi¨¦n el recurso ante el Tribunal Constitucional?, se le pregunt¨®. "Estudiaremos todas las posibilidades".
La nueva norma aspira a proteger los derechos de los consumidores
El C¨®digo de Consumo se aprob¨® el 30 de junio en el Parlament, dos d¨ªas despu¨¦s de que se hiciera p¨²blica la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. El c¨®digo es una ambiciosa norma que busca proteger los derechos de los consumidores, que van desde la gratuidad del tel¨¦fono de atenci¨®n al cliente a su derecho a ser atendido en catal¨¢n. La sentencia del Estatuto fue ambigua en lo que concierne al uso del catal¨¢n y ha dejado la puerta abierta a la presentaci¨®n de recursos. Esa es al menos la opini¨®n del diputado Jos¨¦ Domingo, del Grupo Mixto, presidente de Impulso Ciudadano, que fue el primero en pedir la mediaci¨®n de la defensora. El d¨ªa 2 tiene previsto viajar a Madrid con comerciantes multados por no rotular en catal¨¢n. A su postura se sum¨® Albert Rivera, de Ciutadans, y S¨¢nchez-Camacho, que acus¨® al presidente Montilla de un nuevo "acto de insumisi¨®n" al no acatar el fallo del Estatut. Este frenes¨ª de recursos no parece ajeno a la cercan¨ªa de los comicios y la disputa de un mismo electorado."No quiero extenderme en el tema [de las multas ling¨¹¨ªsticas] porque me parece detestable que de todo el C¨®digo, que es muy amplio, solo se est¨¦ hablando de ese punto", lamenta Jordi Anguera, director de la Agencia Catalana de Consumo, encargada de aplicar la nueva normativa. "Sab¨ªa que pasar¨ªa. Me parece una queja partidista y oportunista, porque se acercan las elecciones". Dice que la pol¨¦mica no tiene sentido, ya que "la obligaci¨®n de rotular en catal¨¢n existe desde 1998", cuando entr¨® en vigor la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica. El nuevo C¨®digo solo a?ade a la norma otros elementos, como las facturas.
Frente a la postura del PP, Ciutadans y Jos¨¦ Domingo, el resto de partidos tambi¨¦n mostr¨® su estupor por el debate suscitado. Joan Puigcerc¨®s, presidente de ERC, emplaz¨® a CiU -y en menor medida al PSC- a que se comprometa a no aceptar los votos del PP para gobernar. "La pregunta que nos debemos hacer es hasta cu¨¢ndo el PP seguir¨¢ abusando de nuestra paciencia", dijo en una visita a las fiestas de Sants, recordando el recurso contra la Ley de Acogida presentada por la defensora del pueblo en funciones, ex diputada del PP.
Muy molesto, Puigcerc¨®s acus¨® a los populares de ser los culpables de la soledad que a veces dicen sentir en Catalu?a. "No nos gusta estigmatizar. Me gustar¨ªa que el PP formase parte de la normalidad pol¨ªtica de Catalu?a, pero", plante¨® el republicano, "parece que quieren la desaparici¨®n del catal¨¢n y no podemos admitirlo". Josep Maria Pelegr¨ª, de Uni¨®, acus¨® al PP de "estimular al Estado jacobino a ir contra Catalu?a".
Cuestionar la democracia
Judit Carreras, la diputada socialista ponente de la ley, atribuy¨® las cr¨ªticas al c¨®digo a la cercan¨ªa de las elecciones. Y fue categ¨®rica: "Es triste que haya partidos que quieran crear problemas en un tema tan sensible como el de la lengua". Carreras afirm¨® que la ley no tiene ¨¢nimo persecutorio y de ser conflictiva: "Las sanciones por temas ling¨¹¨ªsticos representaron el 6% del total en 2009. Son casi insignificantes. Es ver problemas donde no los hay".
Pese a las cr¨ªticas, Camacho y Rivera coincidieron en criticar a Montilla por haber tachado de "partidista" el recurso que la defensora del pueblo interpuso contra la Ley de Acogida de inmigrantes. "Act¨²a con una falta de respeto a las instituciones democr¨¢ticas", dijo Camacho que record¨® que el antiguo defensor, Enrique M¨²gica, que recurri¨® el Estatut, fue ministro socialista. Y Rivera acus¨® al Gobierno catal¨¢n de "incumplir las sentencias del TC". "Si no se respetan instituciones como el TC o el Defensor del Pueblo se pone en cuesti¨®n la propia democracia", dijo.
El art¨ªculo de la discordia
- Aunque el C¨®digo de Consumo tiene m¨¢s de 340 art¨ªculos, solo uno de ellos, el 128, ha despertado controversia.
- El art¨ªculo 128 recoge que los consumidores "tienen derecho a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan".
- Especifica que tienen derecho a recibir en catal¨¢n "invitaciones a comprar, informaci¨®n de car¨¢cter fijo, documentaci¨®n contractual, presupuestos, facturas...".
- Ser "atendido oralmente" en catal¨¢n, aclaran fuentes de la Generalitat, significa que el dependiente debe entender al cliente que hable catal¨¢n, pero no tiene obligaci¨®n de contestarle en ese idioma.
- La Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de 1998 ya establece que "las empresas dedicadas a la venta de productos o servicios tienen que estar en condiciones de poder atender a los consumidores cuando se expresen en cualquier lengua oficial de Catalu?a"La grave, hasta 30.000, y la muy grave hasta de un mill¨®n
Novedades del C¨®digo
- El tel¨¦fono de atenci¨®n al cliente deber¨¢ ser gratuito en las empresas de servicios b¨¢sicos, como electricidad, telefon¨ªa y agua. El resto de las compa?¨ªas, de disponer del mismo por voluntad propia, no podr¨¢n aplicarle tarificaci¨®n adicional.
- Las empresas deber¨¢n tener un seguro que garantice los pagos por adelantado, de manera que en caso de quiebra o problemas para prestar el servicio puedan devolver el dinero.
- El arbitraje se impone como v¨ªa para solucionar conflictos entre consumidor y empresa. Es un servicio gratuito. La decisi¨®n del ¨¢rbitro es vinculante, como en un juicio.
- La Generalitat tendr¨¢ en cuenta como m¨¦rito para conseguir un concurso p¨²blico la adhesi¨®n al arbitraje por parte de las empresas.
- La multa por infracci¨®n leve contra el C¨®digo es de hasta 10.000 euros. La grave, hasta 30.000, y la muy grave hasta de un mill¨®n.
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