Tras la liberaci¨®n

Los dos cooperantes espa?oles de la ONG Acci¨® Solid¨¤ria secuestrados por el grupo terrorista Al Qaeda en el Magreb Isl¨¢mico (AQMI) el pasado 29 de noviembre fueron liberados ayer. Con el regreso a Espa?a de Roque Pascual y Albert Vilalta termina la pesadilla que comenz¨® con el asalto, en una carretera mauritana, a la caravana de ayuda humanitaria en el que tambi¨¦n fue apresada su compa?era Alicia G¨¢mez, liberada en marzo pasado. El trabajo del Gobierno, con el apoyo de la oposici¨®n y la responsabilidad de la sociedad espa?ola en su conjunto, han contribuido a este desenlace.

La resoluci¨®n de este caso no significa que la amenaza contra intereses internacionales en el Magreb haya cesado, por lo que la misma responsabilidad demostrada desde todas las instancias mientras la vida de los cooperantes estuvo en peligro deber¨ªa mantenerse ahora que ya est¨¢n de regreso sanos y salvos. Esta era hasta ahora la prioridad; tras la liberaci¨®n, lo m¨¢s urgente es reducir al m¨¢ximo las posibilidades de que algo parecido vuelva a suceder. Los primeros interesados son, sin duda, los Gobiernos de la regi¨®n, principal objetivo en el punto de mira de los terroristas y a los que estos hostigan mediante el secuestro de extranjeros. Pero poco o nada podr¨¢n avanzar si, desde el resto del mundo, no se toma conciencia de los riesgos y se act¨²a en consecuencia.

Las organizaciones humanitarias se enfrentan a un dilema que afecta al n¨²cleo mismo de su actividad, pero que no pueden ni ignorar ni resolver a trav¨¦s del simple voluntarismo. Continuar con las caravanas ignorando el riesgo que corren sus miembros puede convertirse en una trampa para los destinatarios de la ayuda. Los terroristas siempre obtienen de los secuestros, y con independencia de cu¨¢l sea el desenlace, beneficios de toda ¨ªndole que tarde o temprano esperan utilizar contra las poblaciones que las caravanas se proponen socorrer. Para ser eficaz, la labor de las organizaciones humanitarias solo se puede desarrollar en unas m¨ªnimas condiciones que corresponde establecer a la pol¨ªtica. En estos momentos, esas condiciones no existen en el Magreb.

Las fuerzas pol¨ªticas tienen el derecho de saber c¨®mo se ha logrado la liberaci¨®n y el Gobierno el deber de explicarlo. El lugar es la Comisi¨®n de Secretos del Congreso. Enzarzarse ahora en una pol¨¦mica abierta sobre las decisiones para salvar la vida de dos cooperantes no solo ser¨ªa est¨¦ril sino tambi¨¦n arriesgado. Son muchos los actores que han debido intervenir para obtener la liberaci¨®n, incluidos varios Gobiernos. Lo ¨²nico que se obtendr¨ªa al airear las concesiones que han hecho es retribuir con una bofetada sus gestos de buena voluntad para que dos espa?oles pudieran regresar a casa, adem¨¢s de colocarlos a merced de los terroristas. La inseguridad en el Magreb es un riesgo para toda la comunidad internacional, no solo para Espa?a. Nadie deber¨ªa perderlo de vista.