Nuevos delitos, y m¨¢s graves, pendientes de investigar

La investigaci¨®n del caso G¨¹rtel en la Comunidad Valenciana est¨¢ en mantillas. Pese a que el sumario recoge m¨²ltiples irregularidades con el pago de importantes cantidades de dinero en comisiones ilegales, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tan solo ha admitido abrir una causa por el regalo de trajes al presidente Francisco Camps y a tres de sus colaboradores.

Desde que Orange Market, una filial de la trama corrupta, se instal¨® en la Comunidad Valenciana con ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, al frente, la Administraci¨®n que dirige Francisco Camps no ha dejado de adjudicarles contratos, la inmensa mayor¨ªa a dedo y sin concurso, justificados en la supuesta experiencia de la empresa en trabajos similares aunque era de reciente creaci¨®n y nunca antes hab¨ªa trabajado en la Comunidad Valenciana.

Esta empresa fue el instrumento que utiliz¨® el PP valenciano para su financiaci¨®n ilegal, seg¨²n acreditan documentos intervenidos por la polic¨ªa, adem¨¢s de varios informes incorporados al sumario, grabaciones de conversaciones y documentos oficiales. Este caso de financiaci¨®n ilegal del PP valenciano a¨²n sigue en el limbo judicial. Aunque el juez madrile?o, Antonio Pedreira, tras comprobar que las pruebas son suficientemente solventes, decidi¨® inhibirse y remitir toda la documentaci¨®n a Valencia, dado que hab¨ªa pol¨ªticos del PP aforados implicados en el caso. El PP ha recurrido esa decisi¨®n y est¨¢ pendiente de la decisi¨®n de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la misma que anul¨® las escuchas en la c¨¢rcel. Tampoco se ha podido investigar el ama?o del contrato multimillonario por el que una empresa leonesa de construcci¨®n, Teconsa, cobr¨® siete millones de euros por la sonorizaci¨®n y el montaje de pantallas de v¨ªdeo para la visita del Papa a Valencia.