Y ahora, ?c¨®mo llego al colegio?

Encarni Marticoreno lleva a todos lados la copia de un plano de Google Maps. De su casa al colegio de sus ni?os hay dos kil¨®metros. El metro est¨¢ a siete calles, la parada del autob¨²s urbano a cuatro. En medio, una explanada. La se?ala con indignaci¨®n: "Es un descampado horrible, en invierno hace mucho fr¨ªo". La mujer, con un hijo de cuatro a?os y un nieto de nueve, se va a pasar todo el curso en el bus. Ocho viajes al d¨ªa para llevar y traer a los chavales de clase, cargados con las mochilas "que cada a?o pesan m¨¢s". Este curso no tiene beca de comedor y la Consejer¨ªa de Educaci¨®n ha eliminado la ruta de transporte escolar que funcionaba desde hace m¨¢s de una d¨¦cada en el colegio Doctor Severo Ochoa (Vic¨¢lvaro).

"Acabar¨¦ poniendo un hornillo en la puerta del colegio para cocinar a mediod¨ªa", bromea la mujer, que lleva semanas pidiendo firmas, exhibiendo pancartas y llamando a todas las puertas con algunas de las 23 familias afectadas. No son los ¨²nicos. En junio empez¨® una campa?a regional de recogida de firmas y env¨ªo masivo de cartas a la presidenta de la Comunidad. Este curso se eliminar¨¢n 150 rutas escolares, seg¨²n denuncia la Federaci¨®n de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los R¨ªos, mayoritaria en el sector p¨²blico.

"Es incomprensible que bajen las rutas mientras aumentan los alumnos, hemos hecho presi¨®n y seguiremos haci¨¦ndola", anuncia su presidente, Jos¨¦ Luis Pazos. Seg¨²n su estimaci¨®n, este curso se perder¨¢ el 24% de las rutas, en un servicio a la comunidad educativa que sufre mermas cada a?o desde hace dos cursos (ver gr¨¢fico). La Consejer¨ªa de Educaci¨®n, que no ofrece estimaciones, asegura que mantendr¨¢ "todas las rutas que se ajusten a la normativa vigente". Lo cierto es que, con la normativa regional en la mano, casi no deber¨ªa quedar ninguna.

La orden que regula el servicio de transporte escolar, de 2005 y modificada en 2007, establece que solo tienen derecho al transporte los alumnos escolarizados "en un municipio distinto al de su residencia" y achaca a "una vis expansiva" el incremento del servicio a otros colectivos "no previstos en la ley". Como una premonici¨®n de los recortes, el texto distingue entre rutas "legales" y las que disfrutan otros alumnos "sin tener derecho legalmente exigible".

Los dos hijos de Bibiana Le¨®n est¨¢n, como los de Encarni, en ese segundo grupo sin derechos adquiridos. Y eso, a pesar de que fue la Administraci¨®n la que los envi¨® de Valdebernardo al colegio Severo Ochoa de Vic¨¢lvaro (1,5 kil¨®metros) porque no hab¨ªa sitio en el centro de al lado de casa. Hasta el curso pasado viajaron en el autob¨²s escolar que ya no funcionar¨¢. Bibiana calcula que, entre comedor y abonos de transporte, gastar¨¢ unos 350 euros al mes. Y est¨¢ en paro. Muestra una carta que recibi¨® la semana pasada: "Me ofrecen llevar a la ni?a a Valdebernardo y al ni?o a Moratalaz, esa no es una soluci¨®n", protesta.

"Y luego est¨¢ lo del autob¨²s", a?ade Mar¨ªa Rico. Se refiere a la ruta del 130, el bus urbano que cubre el recorrido de sus casas al colegio. Est¨¢ reforzado con mamparas de seguridad para los conductores y pasa cerca de Las Barranquillas, lugar asiduo para los drogadictos. "?C¨®mo voy a meter ah¨ª a mis hijos!", dice. Ella tambi¨¦n har¨¢ ocho viajes al d¨ªa.