Drogas, ?seguir con la prohibici¨®n?

Una vez m¨¢s se reabre el debate sobre la ineficacia de la represi¨®n en materia de drogas. Ha bastado que el ex presidente Felipe Gonz¨¢lez nos recordase los males de la prohibici¨®n y la necesidad de un cambio de rumbo. Pero no es nada nuevo. Que los esfuerzos antidroga son un "largo y glorioso fracaso" era ya m¨¢s que evidente hace a?os.

Milton Friedman advert¨ªa en 1972 que era imposible acabar con el tr¨¢fico de drogas y que la prohibici¨®n era la peor estrategia para usuarios y no usuarios; 17 a?os despu¨¦s afirmaba que la epidemia del crack se habr¨ªa evitado de ser legal la coca¨ªna.

Gary S. Becker se?alaba en 2001 que la legalizaci¨®n, aun no siendo la panacea y present¨¢ndose como "una aventura hacia lo desconocido", eliminar¨ªa las ganancias del narcotr¨¢fico y la corrupci¨®n y que el posible aumento del consumo se compensar¨ªa con el control de la calidad.

Un mercado legal y controlado evitar¨ªa muchos delitos, enfermedades y muertes

La despenalizaci¨®n desposeer¨ªa al crimen organizado de su actividad favorita

Recientemente, en enero de 2010, Mario Vargas Llosa ha insistido en que la despenalizaci¨®n es el ¨²nico remedio y lo afirma con los ojos puestos en M¨¦xico, pero tambi¨¦n en otros pa¨ªses. Y m¨¢s en la misma l¨ªnea: Paulo Coelho, los ex presidentes Cardoso, Zedillo y Gaviria y las 17.000 personas que han firmado desde junio pasado la Declaraci¨®n de Viena, reclamando a los Gobiernos y a Naciones Unidas una revisi¨®n transparente de la actual estrategia.

La prueba hoy m¨¢s clara -pero no ¨²nica- del fracaso y de los inasumibles costes de seguir intent¨¢ndolo nos la proporciona M¨¦xico: desde 2006, el combate al narco del presidente Calder¨®n ha provocado dos guerras -la que se libra entre narcos y la del Estado contra el crimen organizado- y 30.000 muertos (900 eran ni?os menores de 17 a?os).

En contra de la legalizaci¨®n se dice que los beneficios de acabar con el crimen organizado no ser¨ªan mayores que los problemas que causar¨ªa el aumento del consumo. Pues bien, creo que esta afirmaci¨®n es hoy claramente incierta. Admitiendo como muy probable un aumento inicial del n¨²mero de consumidores de las drogas ya legales, a la vez, ser¨ªan seguros otros efectos beneficiosos: control de la calidad de las sustancias, lo que evitar¨ªa los males asociados al consumo de los venenos ilegales que hoy circulan; disminuci¨®n de precios, lo que reducir¨ªa dr¨¢sticamente la cifra de delincuencia drogoinducida; sacar a los consumidores de determinados ambientes especialmente insalubres y peligrosos, para dirigirlos a un mercado legal y controlado.

Solo lo anterior ya justificar¨ªa pensar muy seriamente y sin prejuicios en un proceso de legalizaci¨®n y de control estatal, con o sin impuesto especialmente fuerte a la producci¨®n, con mayor inversi¨®n en las pol¨ªticas de reducci¨®n de la demanda -educaci¨®n, prevenci¨®n y rehabilitaci¨®n- y con un ahorro espectacular en los enormes esfuerzos econ¨®micos que hoy se lleva la represi¨®n a cambio de unos resultados decepcionantes.

Pero habr¨ªa m¨¢s: se desposeer¨ªa al crimen organizado de su actividad favorita y m¨¢s rentable y, con ello, de parte de su capacidad de corromper voluntades p¨²blicas y privadas y de infiltrarse en la econom¨ªa l¨ªcita; se podr¨ªa prescindir de la excepcionalidad legal hoy imperante en la persecuci¨®n y represi¨®n del tr¨¢fico de drogas que, en ocasiones, nos coloca en los l¨ªmites de lo que el Estado de derecho es capaz de soportar; desaparecer¨ªa el pretexto seg¨²n el cual, la lucha eficaz contra el narcotr¨¢fico justifica la intervenci¨®n de Estados Unidos en asuntos de otros pa¨ªses castigados por este azote.

Y hablando de Estados Unidos conviene echar la vista al pasado y recordar algunos datos: 1?) Que hubo otra situaci¨®n previa a la prohibici¨®n, en la que el consumo de drogas -muy extendido en aquel pa¨ªs en el siglo XIX- no se consideraba un problema de salud p¨²blica. 2?) Que alguno de los "problemas de la droga" son hijos de la prohibici¨®n. 3?) Que la prohibici¨®n se ha desarrollado en los m¨¢s variados escenarios y ha afectado a casi todo, m¨¢s all¨¢ del ¨¢mbito de la salud p¨²blica. Basta recordar que la fiscalizaci¨®n internacional se impone al mundo col¨¢ndola como un poliz¨®n en el Tratado de Versalles; que Estados Unidos ha condicionado su ayuda exterior a que los pa¨ªses destinatarios obtuviesen resultados satisfactorios en la lucha contra la droga; que el narco Pablo Escobar ofreci¨® el dinero de la droga para pagar la deuda externa de Colombia a cambio de un compromiso de no extradici¨®n; y que hasta la f¨®rmula originaria de la Coca-Cola hubo de modificarse para sustituir la coca¨ªna por cafe¨ªna. 4?) Que la cruzada planetaria que Estados Unidos desata a principios del siglo XX no fue motivada por razones de "salud p¨²blica". Hubo motivos racistas contra los negros del Sur y contra la mano de obra china; motivos econ¨®micos en la guerra de m¨¦dicos, farmac¨¦uticos, productores y curanderos por tener la exclusiva en la dispensaci¨®n de drogas; motivos pol¨ªticos en la pugna entre China y Filipinas por el monopolio del opio y, tambi¨¦n motivos pol¨ªticos, en el hallazgo de uno de los pretextos -otros han sido la amenaza comunista y el terrorismo isl¨¢mico- para legitimar el intervencionismo de la gran potencia en la andadura de otros pa¨ªses.

Por otro lado, hay que se?alar que lo que m¨¢s contribuye a reavivar el debate, inclinando cada vez a m¨¢s personas hacia la opci¨®n despenalizadora, son los propios excesos, innecesarios e injustificables, del prohibicionismo.

Me refiero a un par de cuestiones como meros ejemplos.

Primera: hay pa¨ªses que castigan como delito el autoconsumo de drogas, a pesar de que ello no es obligado -aunque si vivamente recomendado- por las Convenciones de Naciones Unidas que dise?an e imponen el sistema represivo mundial. No es el caso de Espa?a, donde nunca fue delito el consumo y donde no se duda que tal acto entra en una esfera de la libertad personal inaccesible para el Derecho Penal. Recientemente, en Argentina se ha declarado la inconstitucionalidad del delito de tenencia de drogas para el autoconsumo; en M¨¦xico se ha despenalizado esa misma conducta y en Brasil se ha producido una cierta despenalizaci¨®n al sustituirse la c¨¢rcel por tratamientos y medidas educativas. Pero siguen existiendo pa¨ªses que castigan la posesi¨®n y el autoconsumo.

Segunda: son inadmisibles algunas de las afirmaciones que la JIFE (Junta Internacional de Fiscalizaci¨®n de Estupefacientes de Naciones Unidas) hace en sus informes anuales de evaluaci¨®n de los esfuerzos antidroga de los distintos pa¨ªses. As¨ª, en el informe de 2010 se muestra preocupaci¨®n por las decisiones de Argentina, M¨¦xico y Brasil a las que me acabo de referir, lo que se interpreta desde estos pa¨ªses, con raz¨®n, como injerencia en asuntos internos. En 2009 se rechaz¨® que la Constituci¨®n de Bolivia declarase patrimonio cultural la masticaci¨®n de la hoja de coca, lo que supone ignorar o despreciar el sentido que tal pr¨¢ctica tiene. Y as¨ª m¨¢s: desagrado porque Espa?a no castiga el consumo; cr¨ªticas porque Suiza permita las salas de inhalaci¨®n; denuncia de los tratamientos con hero¨ªna m¨¦dicamente prescrita en Holanda, etc¨¦tera.

Los excesos y los fracasos del prohibicionismo acabar¨¢n siendo el mejor argumento de las tesis liberalizadoras.

He de reconocer que cuando se trabaja dentro del sistema represivo es f¨¢cil dejarse seducir por sus "¨¦xitos", pero estos son muy parciales y cuando se mira el conjunto, entonces vence la decepci¨®n, al contemplar un instrumento salvaje e ineficaz que no es la "soluci¨®n" sino, m¨¢s bien, una parte importante del problema.

Lanzarse a cualquier opci¨®n despenalizadora da v¨¦rtigo, desmontar la prohibici¨®n no ser¨¢ f¨¢cil, pero el mantenimiento del actual prohibicionismo planetario es una locura.

Araceli Manj¨®n-Cabeza Olmeda es profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. Ex magistrada suplente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ex directora general del Plan Nacional sobre Drogas.