Deberes a medias

El acuerdo sobre servicios m¨ªnimos en el transporte para la huelga general del pr¨®ximo d¨ªa 29 debe entenderse en principio como un ¨¦xito de la voluntad negociadora del Gobierno y los sindicatos y el reconocimiento sindical de que el ¨¦xito de la huelga, que por muchas razones puede calificarse de pol¨ªtica, no puede perseguirse mediante el estrangulamiento de los transportes p¨²blicos y privados. La primera calificaci¨®n, por tanto, es pol¨ªtica: resulta que la del 29 ser¨¢ la primera huelga general que cuenta con un pacto de m¨ªnimos para el transporte, que es el factor estrat¨¦gico para garantizar la movilidad ciudadana en todo el territorio nacional. En consecuencia, sienta un precedente valioso para futuros conflictos.

En t¨¦rminos generales, el acuerdo es satisfactorio. Garantiza el 25% del servicio en la red ferroviaria de cercan¨ªas (30% en horas punta), que son las l¨ªneas fundamentales para permitir el transporte de los ciudadanos que quieran trabajar; el 10% de los vuelos intrapeninsulares, el 50% de los vuelos entre la pen¨ªnsula y las islas, el 20% con conexiones europeas y el 40% del resto de los vuelos internacionales. Para el transporte por carretera se mantienen los servicios pactados en la huelga de 2002. En conjunto, es un logro razonable del Ministerio de Fomento. La acusaci¨®n de la patronal CEOE de que resultan insuficientes, con la interpretaci¨®n a?adida de que el Gobierno "desea" el triunfo de la huelga, parece un an¨¢lisis desaforado.

Ahora bien, conviene precisar que la decisi¨®n crucial sobre el papel del transporte en la huelga del 29 se decide en las negociaciones entre las comunidades aut¨®nomas y Ayuntamientos con los sindicatos. El nivel de los servicios en los trenes de cercan¨ªas, el metro y los autobuses urbanos determinar¨¢ hasta qu¨¦ punto se armoniza el derecho al trabajo con el derecho a la huelga.

La falta de acuerdo en Madrid, donde la Comunidad ha impuesto el 50% de frecuencias en horas punta y el 20% en horas valle, apunta a un posible foco de conflictividad. Puesto que, como se ha dicho, la huelga tiene un car¨¢cter eminentemente pol¨ªtico, hay que exigir a los sindicatos un juego limpio en prestaciones m¨ªnimas; y a la Administraci¨®n aut¨®noma que no se encastille en presuntos agravios comparativos con otras comunidades aut¨®nomas, donde la densidad de las redes de transporte es diferente. Los ciudadanos acabar¨¢n pagando las consecuencias de una falta de acuerdo en forma de incumplimientos de los servicios impuestos y, quiz¨¢, de enfrentamientos indebidos.

Las dificultades de algunas autonom¨ªas para pactar servicios m¨ªnimos y la laboriosa negociaci¨®n de Fomento con los sindicatos llama de nuevo la atenci¨®n sobre la necesidad de aprobar en el Congreso una Ley de Huelga que, al menos, implante unos criterios generales sobre servicios m¨ªnimos y defienda con cierta concreci¨®n los derechos de los sindicatos y los ciudadanos.