La huelga del sin querer

Estamos arrastrados a la huelga del sin querer. Los sindicatos se han sentido obligados a convocarla para no perder la cara. La patronal, por una vez, se muestra contraria porque el ¨¦xito favorecer¨ªa a sus antagonistas. La oposici¨®n del PP querr¨ªa el imposible de que resultara un debilitamiento simult¨¢neo del Gobierno y de los sindicatos. Y el Gobierno piensa que la huelga podr¨ªa dar credibilidad internacional al rigor de las medidas de recorte adoptadas, pero siempre que su seguimiento sea limitado y no suponga una enmienda a la totalidad. Es la huelga del sin querer. Su ¨¦xito may¨²sculo no lo quieren los sindicatos porque tampoco podr¨ªan gestionarlo, adem¨¢s de que favorecer la alternativa pol¨ªtica del Partido Popular ser¨ªa una p¨¦sima apuesta de futuro. Tampoco esa clase de ¨¦xito har¨ªa las delicias del PP porque equivaldr¨ªa a una multiplicaci¨®n del poder sindical, lo que dificultar¨ªa su gesti¨®n en caso de una victoria en las urnas pr¨®ximas. Y para el Ejecutivo supondr¨ªa una desautorizaci¨®n, agravada por proceder de su propio campo de afinidad. De manera que todos van a subir al escenario ma?ana para desempe?ar su papel, pero se advierte en cada uno de ellos falta de convicci¨®n.

Los sindicatos se han visto obligados a convocar el paro para no perder la cara

La convocatoria de la huelga general corre por cuenta de los sindicatos Uni¨®n General de Trabajadores y Comisiones Obreras. Pero vayamos a las normas. Dice el apartado 2? del art¨ªculo 28 de la Constituci¨®n que "se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses". A continuaci¨®n, a?ade que "la ley que regule el ejercicio de este derecho establecer¨¢ las garant¨ªas precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad". Pero este es el d¨ªa en que seguimos sin esa ley reguladora prevista y sin el establecimiento de las garant¨ªas que aseguren los servicios esenciales mencionados. Toda la panoplia legal se reduce al Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo, desarrollado por ?rdenes de 30 de abril y de 30 de junio del mismo a?o; y al Real Decreto Ley 6/1977 de 25 de enero, que modifica la Ley de Orden P¨²blico.

En esa misma l¨ªnea, el art¨ªculo 37 de la Constituci¨®n se?ala que "la ley garantizar¨¢ el derecho a la negociaci¨®n colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, as¨ª como la fuerza vinculante de los convenios". Y en el apartado 2? "se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo", y vuelve a remitir a una ley que incluir¨¢ las garant¨ªas precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales m¨¢s arriba mencionados. De manera que, 37 a?os despu¨¦s de la Constituci¨®n, despu¨¦s de la sucesi¨®n de gobiernos centristas, socialistas y peperos seguimos a la intemperie, sin la adopci¨®n de las leyes reguladoras prescritas. Una carencia de la que nos hemos acordado con los truenos, como de Santa B¨¢rbara, pero que enseguida, pasada la tormenta, hemos convenido de modo t¨¢cito en seguir aplazando.

En esta ocasi¨®n, el Ministerio de Fomento ha pactado con los sindicatos los servicios m¨ªnimos en el ¨¢rea del transporte, pero m¨¢s abajo, a escala auton¨®mica, ese acuerdo ha sido a veces imposible, como en el caso de Madrid. Y ya se sabe que donde no hay pacto se incentiva el salvajismo, y entonces los piquetes informativos derivan en coactivos. Los sindicatos saben bien que si paralizan los transportes p¨²blicos tendr¨¢n garantizado el ¨¦xito y asegurada la visibilidad de su convocatoria. Sin embargo, disponen de un margen muy estrecho de maniobra. Los trabajadores han visto su situaci¨®n fragilizada por la reforma laboral, y reh¨²san tomar riesgos. Tienen miedo sobre todo de los seres d¨¦biles, m¨¢s a¨²n si son diferentes de ellos, y es por ah¨ª por donde ha crecido la xenofobia. No quieren indisponerse con los patronos, menos a¨²n cuando se ha flexibilizado y abaratado el despido.

En medio de la crisis prevalece el miedo, que siempre induce docilidad en los comportamientos. Y es mayor el temor que infunden los empresarios que el que podr¨ªa proceder de los sindicatos. En esa situaci¨®n puede pronosticarse sin error que el mayor seguimiento de la huelga se producir¨¢ previsiblemente en el sector p¨²blico, en el que la tolerancia es en principio mayor.

Lo que est¨¢ garantizado es la guerra de cifras de huelguistas. Las m¨¢s abultadas las aportar¨¢n los sindicatos; las m¨¢s reducidas, la patronal; y entre ambos extremos, las del Gobierno que intentar¨¢ salvar la cara de las centrales sin buscarse el propio descr¨¦dito. Estamos ante la huelga del sin querer hacernos da?o, muy lejos de aquella de diciembre de 1988, que entusiasm¨® a la CEOE y a todas las fuerzas pol¨ªticas deseosas de golpear a Felipe Gonz¨¢lez.