La fiscal aprecia otro delito de falsedad de la Diputaci¨®n por los bonos del 'ferry'

La desaparici¨®n de m¨¢s de 35.000 bonos del ferry de Bilbao a Porsmouth y, con ello, la p¨¦rdida de 9,7 millones de las arcas de la Diputaci¨®n de Vizcaya da un nuevo giro. La Fiscal¨ªa de la Audiencia de Vizcaya ha abierto otra investigaci¨®n por un supuesto delito de falsedad de un alto cargo foral y censura con dureza la actuaci¨®n de la Diputaci¨®n por la falta de custodia de los bonos, algo "impropio de una Administraci¨®n que abona tales cantidades por dichos documentos".

La decisi¨®n de la fiscal se refleja en un escrito del 3 de mayo cuyo contenido fue desvelado ayer por el PP. Esta formaci¨®n llev¨® el caso a la fiscal¨ªa en noviembre pasado, por un posible delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos por la p¨¦rdida de 9,7 millones.

Cuestiona a una alto cargo que certific¨® que no hab¨ªa bonos desde 2000

La investigaci¨®n del Ministerio P¨²blico sobre la supuesta malversaci¨®n qued¨® archivada en ese decreto de mayo que, sin embargo, supone todo un varapalo a la Diputaci¨®n. La fiscal jefe vizca¨ªna, Carmen Ad¨¢n, asegura que "no consta" ninguna "averiguaci¨®n o expediente" de la instituci¨®n foral por la posible p¨¦rdida de los bonos. Incluso agrega que en julio de 2009 el actual director de Transportes, Alberto Mostajo, pidi¨® a la naviera documentaci¨®n, "que en principio debiera obrar en poder del departamento", sobre las fechas, el lugar de entrega y las personas receptoras de los billetes y documentaci¨®n utilizada para los canjes entre 1995 y 2007.

Con todo, lo m¨¢s llamativo para la fiscal¨ªa es que la jefa del Servicio de Transportes, Esperanza Hern¨¢ndez, certifica en un documento que no existen bonos en el departamento desde 2000 -cuando el ¨¢rea pasa de manos del PSE al PNV-, y que a partir de ese a?o la entrega de los billetes se realizaba con una firma entre el director de Transportes y el solicitante.

Sin embargo, agrega, el director de la naviera, Christopher Davey, aport¨® documentaci¨®n que refleja que los bonos se entregaron hasta el 26 de abril de 2004, lo que "est¨¢ soportado con los bonos f¨ªsicos". Esta declaraci¨®n deja "el certificado [de la jefa de Servicio] en serias dudas de autenticidad", precisa la fiscal.

Ad¨¢n explica que el delito de malversaci¨®n no puede valorarse por la "variedad y contradicci¨®n de declaraciones y explicaciones, la falta de un expediente abierto en su momento [por la Diputaci¨®n]" y la carencia de documentaci¨®n en la sede de la instituci¨®n.

La fiscal apunta que la decisi¨®n foral de no recurrir la sentencia que le oblig¨® a pagar los 9,7 millones puede tener diferentes explicaciones, desde evitar "que trascendiera p¨²blicamente tal desaparici¨®n" hasta que se hubieran sustituido por actas o la creencia de que pod¨ªan seguir us¨¢ndose los viajes.

Estos derechos de viaje han sido el principal argumento de la Diputaci¨®n para negar cualquier p¨¦rdida patrimonial. Ad¨¢n cuestiona este argumento, al no explicarse "el no uso de viaje alguno con posterioridad a la sentencia".

El escrito aporta otra novedad. La Diputaci¨®n y el PNV han asegurado, en su defensa, que se han seguido utilizando bonos y han citado 100 solicitados en noviembre pasado, despu¨¦s de destaparse el caso. En cambio, la fiscal incluye la declaraci¨®n del director de la naviera, quien ha declarado que dicho mes recibi¨® una llamada del c¨®nsul brit¨¢nico en Bilbao, previamente contactado por la diputada de Transportes, "pidi¨¦ndole un favor, en concreto que quer¨ªan usar unas actas para viajes. Lo consult¨® a sus superiores en Dover, quienes lo autorizaron como un favor espec¨ªfico".

El escrito revela que, seg¨²n la documentaci¨®n de la naviera, figuran como beneficiaros "entidades privadas y personas que no encajan" con las caracter¨ªsticas de los bonos, tales como "el Colegio Alem¨¢n, el Colegio de Abogados e incluso un rally de coches". "La contestaci¨®n de la Diputaci¨®n es que no exist¨ªan criterios por escrito sobre el uso o reparto de bonos", aunque el actual director de Transportes afirma que, desde que accedi¨® al cargo, se dirigen a colegios y entidades sin lucro.

El PP calific¨® ayer el caso de "absoluto desprop¨®sito", en poalabras de sus portavoces Carlos Olazabal y Esther Mart¨ªnez,.