Las denuncias por irregularidades en el cobro de ayudas en Bilbao superan ya las de todo 2009

El n¨²mero de investigaciones abiertas por el cobro fraudulento de ayudas sociales en Bilbao durante el primer semestre de este a?o (1.245) supera ya las de todo 2009, cuando ascendieron a 942. En su mayor parte, las irregularidades est¨¢n relacionadas con la Renta de Garant¨ªa de Ingresos (RGI). Como resultado de estas pesquisas, y tras resolver 669 casos, se le ha retirado ya esta prestaci¨®n a 249 personas al apreciarse anomal¨ªas. En total, el ¨¢rea de Acci¨®n Social del Ayuntamiento de la capital vizca¨ªna calcula que el cobro indebido de estas ayudas suma 175.000 euros al mes.

En la actualidad, unos 29.474 bilba¨ªnos cobran la renta de garant¨ªa, lo que supone un gasto de 8,5 millones de euros mensuales, seg¨²n c¨¢lculos municipales.

El fraude en el pago de la Renta de Garant¨ªa suma 175.000 euros al mes

Con esos datos en la mano, el concejal responsable del ¨¢rea, Ricardo Barkala, quien cre¨® hace dos a?os una inspecci¨®n para perseguir los fraudes de este tipo, quiso recalcar que "la mayor¨ªa de las ayudas est¨¢n bien concedidas". A¨²n as¨ª, Barkala pidi¨® al Gobierno vasco que endurezca el r¨¦gimen sancionador en la revisi¨®n de la ley para dejar "menos huecos" al fraude.

La crisis y la propia consolidaci¨®n del servicio municipal, que pr¨®ximamente se ver¨¢ reforzado con la incorporaci¨®n de dos polic¨ªas municipales m¨¢s, explican el aumento del fraude descubierto. El consistorio ha constatado adem¨¢s un aumento de las denuncias procedentes de vecinos y familiares de los defraudadores. As¨ª, las demandas de origen externo al ¨¢mbito p¨²blico duplican ya (243) a las registradas en todo el a?o pasado (128).

El motivo m¨¢s recurrente de las denuncias tratadas en el negociado es no vivir en el domicilio donde la persona figura empadronada para ocultar ingresos. El Ayuntamiento ha revisado los expedientes de 1.576 receptores de dicha renta para comprobar los casos de empadronados que realmente no viven en Bilbao. Tras estas investigaciones se ha dado de baja del padr¨®n a 483 personas.

El perfil de los defraudadores es muy diverso. Barkala puso como ejemplo el caso de una mujer perceptora de la RGI que no declar¨® a los servicios sociales que trabajaba en una residencia de la tercera edad y conviv¨ªa con un funcionario del Ejecutivo aut¨®nomo, con quien tiene tres hijas.