El juez imputa por corrupci¨®n a la plana mayor del urbanismo en Murcia

La expansi¨®n urban¨ªstica de Murcia por el norte, con la recalificaci¨®n de suelos r¨²sticos para levantar 20.000 viviendas, el nuevo estadio de La Condomina, un campo de golf y varios centros comerciales, favoreci¨® a determinados empresarios privados que habr¨ªan pagado comisiones ilegales a los pol¨ªticos y t¨¦cnicos del Ayuntamiento, gobernado por el PP, que colaboraron en el negocio. Con estos mimbres, el juez orden¨® ayer la detenci¨®n de tres personas, entre ellas el gerente municipal de Urbanismo de Murcia; y la imputaci¨®n de otras cinco; entre ellas el edil de Urbanismo, Fernando Berberena (PP), y el due?o del Real Murcia, Jes¨²s Samper.

El fiscal investiga los delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios. Seg¨²n un informe de la Intervenci¨®n General del Estado, el perjuicio por las recalificaciones a la baja del Ayuntamiento de Murcia en la zona norte ascender¨ªa a unos 300 millones de euros. Las valoraciones anteriores, realizadas a petici¨®n del Grupo Municipal Socialista, elevaba la cifra hasta los 580 millones.

Seg¨²n un informe, el perjuicio por las recalificaciones es de unos 300 millones

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, acus¨® sin pruebas al ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, de estar detr¨¢s de esta operaci¨®n para tapar el resultado de las primarias de Madrid. La operaci¨®n, iniciada a partir del contenido de varios informes de la Agencia Tributaria que pusieron de manifiesto las relaciones mercantiles entre los funcionarios y los empresarios, fue preparada, sin embargo, de com¨²n acuerdo para ayer el pasado 15 de septiembre entre el juez, el fiscal y la Guardia Civil.

Los agentes registraron desde las ocho de la ma?ana despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento murciano, que gobierna el PP, varios domicilios de Murcia y Madrid y una sucursal bancaria de Cajamar, donde fue requisada al menos una caja fuerte propiedad del edil de Urbanismo. La Guardia Civil registr¨®, adem¨¢s, el domicilio particular de Samper, seg¨²n confirm¨® ¨¦l mismo, as¨ª como la sede social de Sport Management & Project, S. L. por orden del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8.

Los detenidos son el director y n¨²mero dos de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado murciano Higinio P¨¦rez Mateos y el ingeniero italiano vinculado a empresas murcianas de la construcci¨®n Renato de Noce. Adem¨¢s de los tres detenidos, hay cinco imputados: el due?o del Real Murcia, Jes¨²s Samper Vidal; el concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, el jefe de planeamiento urban¨ªstico entre 1999 y 2006, Joaqu¨ªn Pe?alver; Isabel Fern¨¢ndez, jefa del Servicio de la Oficina del gobierno local del Ayuntamiento, y Francisco Arques L¨®pez, empresario responsable del plan parcial La Ladera, cercano al plan Nueva Condomina. Las tres detenciones y las cinco imputaciones forman parte de la primera fase de una operaci¨®n, cuyo objetivo principal eran los funcionarios y personal laboral, pero no se descarta que haya nuevos imputados, entre ellos, representantes pol¨ªticos.

El Ayuntamiento de Murcia emiti¨® un comunicado en el que manifest¨® que todos los procedimientos administrativos se han producido de acuerdo con la legalidad. Tanto el alcalde, Miguel ?ngel C¨¢mara, como el presidente del Gobierno de Murcia, Ram¨®n Luis Valc¨¢rcel, ambos del PP, negaron que hubiera imputados de este partido. Pero el edil Berberena pertenece al PP.

La investigaci¨®n nace de una denuncia particular y de los trabajos llevados a cabo por la fiscal¨ªa. Del an¨¢lisis de las escuchas telef¨®nicas se desprende el intento por parte de los implicados de elaborar facturas falsas, hecho que corrobora tambi¨¦n el informe de la Agencia Tributaria. No obstante, tanto PSOE como Izquierda Unida denunciaron en su d¨ªa que el Ayuntamiento no hab¨ªa cobrado lo que deb¨ªa por los terrenos de la zona norte en compensaci¨®n por su recalificaci¨®n a los propietarios. Estos convenios, seg¨²n la denuncia de los socialistas, se firmaron a cambio de unas compensaciones al Ayuntamiento "cinco veces menores que el valor de mercado de los terrenos".

Se trata de seis convenios urban¨ªsticos que modificaron la calificaci¨®n del suelo de esta zona a partir del a?o 2001, convirtiendo su edificabilidad del 0,09 al 0,5, lo que supone cinco veces m¨¢s de viviendas. El plan parcial Nueva Condomina investigado por la fiscal¨ªa se aprob¨® por el pleno del Ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003, e inclu¨ªa una alternativa residencial criticada ya entonces por PSOE e IU. Esta calificaci¨®n fue aprobada dos a?os despu¨¦s de que el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana, de enero de 2001, calificase esos terrenos como r¨²sticos, agr¨ªcolas o no urbanizables. Posteriormente, la Gerencia de Urbanismo de Murcia aprob¨® en abril de 2004 la reparcelaci¨®n de Nueva Condomina de 2,1 millones de metros cuadrados, que inclu¨ªan la construcci¨®n de 3.700 viviendas y una zona de equipamientos comerciales y de ocio junto a un campo de golf y una ciudad deportiva, con campo de f¨²tbol.