Los vendedores de autom¨®viles reclaman 2,2 millones a la Generalitat

Los concesionarios de coches celebraron el pasado mes de febrero que, tanto el Gobierno central como la Generalitat, renovaran las ayudas a la compra de coches. Los compradores podr¨ªan descontarse hasta 2.000 euros de su nuevo veh¨ªculo. Sin embargo, Faconauto, patronal del gremio, asegura que por un problema inform¨¢tico muchas de las ayudas no pudieron gestionarse. Los vendedores de autom¨®viles descontaron el dinero a los compradores, pero no han podido cobr¨¢rselo a la Administraci¨®n. La Generalitat les debe 2,2 millones de euros, y el Estado 400.000, aseguran. Esta semana, anuncia Faconauto, emprender¨¢n acciones legales contra ambas Administraciones para cobrar.

La Generalitat responde que no tiene nada que ver con los impagos. "Si hubo un problema inform¨¢tico es responsabilidad del Ministerio de Industria, que gestionaba la tramitaci¨®n de las ayudas", se excusaba la portavoz de la secretar¨ªa de Industria y Empresa. El ministerio, por su parte, acepta que, si ha habido alg¨²n error achacable a ¨¦l, asumir¨¢ la responsabilidad.

La patronal dice que no ha cobrado las ayudas a la venta de coches

"Tras la renovaci¨®n de las ayudas, el organismo responsable de gestionarlas, Fitsa [dependiente del Ministerio de Industria], tard¨® mucho en poner en marcha el programa inform¨¢tico para pedir las ayudas", asegura un portavoz de Faconauto, pero los concesionarios empezaron a vender coches y aplicar los descuentos del Plan 2000E. Adem¨¢s de los 1.000 euros comprometidos por los fabricantes, el comprador se ahorraba otros 1.000 euros a cuenta del Estado o 500 por el plan de ayudas de la Generalitat, ya que en funci¨®n del precio y del modelo del coche se pod¨ªan acoger a uno u otro descuento. Los concesionarios podr¨ªan solicitar el pago del dinero m¨¢s adelante, cuando el programa estuviera activo. El problema, asegura Faconauto, es que el programa se puso en activo con retraso, a finales de marzo, y solo durante un fin de semana. Los concesionarios registraron de una vez todos los expedientes y "el programa se colaps¨®".Muchos expedientes, asegura la patronal de las concesionarias, no pudieron ser registrados, el dinero previsto en el plan se agot¨® y se cerr¨® el plazo, de modo que quienes no pudieron hacer el registro no cobraron. Ahora exigen el dinero por los coches vendidos.

Seg¨²n la Ancosat (Asociaci¨®n Nacional de Concesionarios de Seat, con sede en Catalu?a), el Estado debe a los concesionarios catalanes 400.000 euros por ventas que no pudieron registrar a tiempo, y la Generalitat 2,2 millones de euros. "Hemos estado recogiendo una por una todas las reclamaciones por cada venta. La semana que viene emprenderemos las acciones legales y denunciaremos a Fitsa [Ministerio de Industria] y a la Generalitat", asegura su presidente, Jaume Roura.

El Ministerio de Industria recuerda que si el pago no se ha producido puede ser por dos motivos: que el concesionario no hiciera bien el registro o que el organismo que deb¨ªa aportar la subvenci¨®n agotara el dinero -fue lo que sucedi¨®n con la Generalitat- y no aportara m¨¢s. De cualquier manera, a?aden, no creen que, si hay impagos, asciendan a una cantidad tan importante. Seg¨²n Industria, el programa para registrar las peticiones estuvo abierto varios d¨ªas, hasta que se agot¨® el 70% del presupuesto, tal como estaba previsto; en ning¨²n caso tan solo un fin de semana como dice la patronal. "Ahora estamos analizando una por una las peticiones que dicen que fallaron y eso lleva un tiempo", justifican.

"Denunciaremos al ministerio porque el programa no funcion¨® y nos deben dinero, y a la Generalitat, porque debe aportar la parte de dinero que prometi¨®", dice rotundo Roura.

Ganvam, Asociaci¨®n Nacional de Vendedores de Veh¨ªculos a Motor (otra patronal del sector), de momento no ha comunicado acciones legales, pero coincide en que deben dinero a los concesionarios. "El sistema se colaps¨®. Calculamos que 1.000 peticiones para el plan catal¨¢n de ayudas se quedaron fuera del sistema", dicen. Esto rebajar¨ªa la cifra de deuda a 500.000 euros, seg¨²n esta agrupaci¨®n. "En mayo pedimos explicaciones a la Generalitat, pero seguimos sin obtener respuesta", lamentan.