El Senado propone sacar a los m¨¢s peque?os de los centros tutelados

A grandes males, grandes remedios. El Senado considera necesario desalojar de los centros de menores a los ni?os de entre cero y seis a?os y ponerlos bajo la protecci¨®n de familias de acogida. Es una de las principales propuestas de la comisi¨®n parlamentaria creada para sentar las bases de la futura Ley de Adopci¨®n Nacional y Acogimiento Familiar, que concluir¨¢ su dictamen el pr¨®ximo d¨ªa 20. Este diagn¨®stico, que supondr¨¢ un giro radical en la situaci¨®n de los menores tutelados por la Administraci¨®n, cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, y ser¨¢ enviado al Congreso de los Diputados el 3 de noviembre.

Espa?a figura a la cabeza de Europa occidental en n¨²mero de menores institucionalizados, un dato considerado dram¨¢tico por la gran mayor¨ªa de los expertos que han comparecido ante los senadores a lo largo de estos dos ¨²ltimos a?os. Es imposible conocer la cifra oficial de menores tutelados en Espa?a por abandono o desamparo, ya que la variedad de tutelajes seg¨²n cada comunidad aut¨®noma ha dado lugar a un archipi¨¦lago legal de escasa porosidad. Pero de los datos aportados a la comisi¨®n pueden cifrarse estos menores -hasta los 18 a?os- entre 35.000 y 40.000, de los cuales alrededor de un 25% no ha cumplido a¨²n los seis a?os.

La C¨¢mara quiere alejar a los beb¨¦s de las impersonales cunas institucionales

La plaza cuesta entre 3.500 y 6.000 euros al mes en un centro; 700 en una familia

La denominada Comisi¨®n Especial de Estudio de la Problem¨¢tica de la Adopci¨®n Nacional y otros Temas Afines ha optado por seguir el modelo de la mayor parte de pa¨ªses del entorno europeo -Reino Unido fue pionero en clausurar este tipo de centros- e impedir que los beb¨¦s abandonados o en situaci¨®n de desamparo pasen a?os cruciales de su vida en locales tutelados por la Administraci¨®n. Antes se llamaban orfanatos y ahora centros residenciales, pero las consecuencias de devastaci¨®n psicol¨®gica para los ni?os de tan corta edad son similares, seg¨²n la mayor¨ªa de expertos.

La alternativa para estos ni?os son las familias de acogida o de adopci¨®n, que se convierten en figuras clave de la reforma. El proyecto del Senado prev¨¦ campa?as divulgativas a la opini¨®n p¨²blica sobre la funci¨®n social de estas familias y las necesidades de cada autonom¨ªa, as¨ª como un s¨®lido apoyo psicol¨®gico, jur¨ªdico y tambi¨¦n econ¨®mico. Se trata, en palabras del senador socialista Mario Bedera, impulsor de esta comisi¨®n, de disponer de una "bolsa de familias de acogida" para que en el momento en que un reci¨¦n nacido es abandonado o declarado en desamparo, pase en cuesti¨®n de horas al cuidado de unos padres.

A partir de ese momento, las Administraciones pueden determinar la calificaci¨®n que recibe la situaci¨®n del menor, es decir, si est¨¢ en disposici¨®n de ser adoptado -cuando consta renuncia expresa de los padres biol¨®gicos o ha sido retirada la patria potestad por sentencia judicial- o acogido, o si este acogimiento debe producirse en la familia extensa -t¨ªos o abuelos- o una en familia ajena. O si es de urgencia, simple o complejo; abierto, preadoptivo, profesional o terap¨¦utico... un monumental galimat¨ªas a gusto de las comunidades aut¨®nomas, a quienes el Senado hace tambi¨¦n un llamamiento para lograr acuerdos estatales aunque sean m¨ªnimos.

El acogimiento familiar inmediato evita que el m¨¢s indefenso del proceso -el menor- resulte psicol¨®gicamente da?ado mientras las Administraciones hacen su trabajo o las familias biol¨®gicas pelean en los juzgados contra la Administraci¨®n, o con la familia de acogida o ambas entre s¨ª, como ha ocurrido en los casos estremecedores de la ni?a Piedad (Canarias) o Diego, de El Royo (Soria), o los gemelos Iv¨¢n y Sara, de Dos Hermanas (Sevilla), y otros muchos, obligados a permanecer en instituciones a?o tras a?o mientras se dirime la inacabable pugna por su custodia.

El fin ¨²ltimo de la reforma es evitar que todo el tiempo empleado en burocracia no corra en contra del ni?o, como ocurre en la actualidad, sino mantenerle a salvo, lejos de las impersonales cunas de las instituciones.

Algunas intervenciones de expertos han sido muy cr¨ªticas con los centros, entre otras razones por las condiciones laborales de los t¨¦cnicos, que favorecen una movilidad excesiva. Seg¨²n consta en el Diario de Sesiones, uno de los expertos dijo: "Cuando uno de estos ni?os nos pregunta: '?Mi mam¨¢ sigue drog¨¢ndose?' le pueden contestar hasta 13 profesionales distintos".

La comparecencia de la portavoz de Amnist¨ªa Internacional, del presidente de la ONG Prodeni, entre otros, y muy especialmente el exhaustivo informe del Defensor del Pueblo de 2009 sobre 27 de estos centros -elegidos al azar- han sido determinantes para la decisi¨®n de clausura. Pero tambi¨¦n lo fueron los expertos que explicaron c¨®mo la mayor¨ªa de pa¨ªses del entorno espa?ol han cerrado los centros y el sistema funciona mejor. Mejor para los ni?os -el objetivo principal- y mejor tambi¨¦n para las arcas p¨²blicas, ya que una plaza en familia siempre resulta m¨¢s econ¨®mica que una institucionalizada. Aportaron datos: entre 3.500 y 6.000 euros mensuales en un centro residencial y entre 400 y 1.000 euros al mes en el caso de las familias.

Tanto senadores como comparecientes destacan que no todos los centros funcionan mal, y se han facilitado cifras de la generosa financiaci¨®n que reciben por parte de las Administraciones, pero todos coinciden en que hasta los mejor dotados impiden lo que los psic¨®logos llaman "el v¨ªnculo emocional estable", imprescindible para asentar la personalidad y afrontar la adolescencia con los mismos problemas que los otros ni?os, pero no m¨¢s.

El catedr¨¢tico de Psicolog¨ªa Evolutiva de la Universidad de Sevilla, Jes¨²s Palacios, cont¨® ante la Comisi¨®n que un estudio efectuado en Andaluc¨ªa con adolescentes adoptados o acogidos y adolescentes institucionalizados ofreci¨® un "grado de satisfacci¨®n vital" de 15 puntos por debajo para estos ¨²ltimos.

La propuesta del Senado consiste en un cierre "escalonado", en el "menor tiempo posible", que afectar¨ªa en primer lugar al tramo de edad de cero a tres a?os y en una segunda fase, de los tres a los seis. Desde esta edad y hasta los 11 ser¨ªan los siguientes en abandonar los centros, y finalmente, los casos m¨¢s dif¨ªciles para la adopci¨®n o la acogida, es decir, los mayores, quienes est¨¢n agrupados en m¨¢s de tres hermanos, o padecen enfermedades graves o presentan serias alteraciones de conducta, s¨ª permanecer¨ªan durante un tiempo en las instituciones, pero con la advertencia expresa de que hay que ir desmantelando las grandes instalaciones y sustituirlas por pisos u hogares tutelados, donde convivir¨ªan 6, 8 o 10 de estos ni?os como m¨¢ximo.

Los senadores son conscientes de que se enfrentan a una red de intereses que opondr¨¢ resistencia ante la medida: la mayor parte de las instituciones cuenta con gesti¨®n privada, en algunos casos son ¨®rdenes religiosas y en otras empresas o incluso multinacionales, como dijo la presidenta de la Asociaci¨®n para la Defensa, Amparo y Garant¨ªas en la Adopci¨®n y Acogimiento de Menores (DAGA), Mar¨ªa del Mar Calvo Cort¨¦s, que est¨¢ ocurriendo en Andaluc¨ªa y la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, existe unanimidad entre los grupos parlamentarios y convencimiento de que la situaci¨®n necesita un cambio radical. En palabras de la portavoz del PP, G¨¢dor Ongil, "lo mejor de la comisi¨®n es que por una vez estamos de acuerdo, y lo hemos hecho porque estamos hablando de ni?os".