Hern¨¢ndez frena la recalificaci¨®n del suelo de Ence como zona verde
Medio Ambiente apela a un plan de 2003 cuya anulaci¨®n exige el Gobierno local
La situaci¨®n legal de la planta de celulosas de Ence, ubicada en Pontevedra, frente a la r¨ªa, ha vuelto a enfrentar a Ayuntamiento y Xunta. La Conseller¨ªa de Medio Ambiente, dirigida por Agust¨ªn Hern¨¢ndez, ha exigido que se mantenga la calificaci¨®n de suelo industrial para el terreno que ocupa la factor¨ªa -que deber¨¢ abandonarlo como muy tarde en 2018, seg¨²n la ley estatal de costas- en el Plan Xeral de Ordenaci¨®n Municipal que ultima el Gobierno local, partidario de calificar el ¨¢rea como zona verde. El requerimiento de Medio Ambiente se basa en un plan de incidencia supramunicipal aprobado en 2003 para la ampliaci¨®n del complejo, que no se ejecut¨®.
"Es una decisi¨®n pol¨ªtica", protesta el concejal de Infraestructuras de Pontevedra, C¨¦sar Mosquera (BNG), que entiende que la Xunta podr¨ªa anular el plan de 2003 sin mayores complicaciones. "Es un tr¨¢mite sencillo" sostiene, al tiempo que acusa al Gobierno aut¨®nomo de no posicionarse claramente en contra de la salida de la pastera y apoyarla ¨²nicamente "con la boca peque?a". Mosquera se rebela y reta a la Xunta a que sea ella quien modifique la calificaci¨®n del suelo. "El plan va para all¨¢ como zona verde; bajo nuestra responsabilidad no ir¨¢ como industrial", lanza.
De la misma opini¨®n son en la Asociaci¨®n pola Defensa da R¨ªa, organizaci¨®n que batalla desde hace dos d¨¦cadas por que la pastera salga de su actual emplazamiento. "Con esta decisi¨®n queda abierta la puerta a la continuidad de Celulosas y Elnosa en la r¨ªa m¨¢s all¨¢ de 2018", asegura en un comunicado su presidente, Ant¨®n Masa, que reclama tambi¨¦n la derogaci¨®n del plan supramunicipal. "La esigencia da la Xunta resulta inadmisible, pues no solo entra en contradicci¨®n con las declaraciones realizadas desde el Gobierno gallego a favor del traslado del complejo antes de 2018, sino tambi¨¦n con las directrices marcadas en el plan de ordenaci¨®n del litoral y las Directrices de Ordenaci¨®n do Terroritorio (DOT)", aduce.
Desde el PP local -que apoya oficialmente la salida de la planta desde que Telmo Mart¨ªn es portavoz- restan importancia a la decisi¨®n de la Xunta, que atribuyen a un requisito formal que impone la nueva la ley de costas de Galicia, y se remiten a la ley estatal. "Nos da un poco igual [que se anule el plan de 2003], porque sabemos que antes de 2018 Ence no va salir de ah¨ª si se cumplen los requisitos de la ley", afirma Mart¨ªn. "Esperamos a un informe de los servicios jur¨ªdicos del Ayuntamiento sobre las consecuencias que podr¨ªa tener la anulaci¨®n", advierte, no obstante.
El de 2018 era un horizonte comunmente aceptado como l¨ªmite y susceptible de adelantos, tal como propugnan a¨²n en el Ayuntamiento. La empresa se desmarc¨® hace unas semanas en sus alegaciones a las DOT, en las que sostiene que el traslado no es "obligatorio e irremediable".
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