Un decreto que solo suma enemigos

La reordenaci¨®n v¨ªa decreto ley del sector p¨²blico andaluz ha levantado en armas a una porci¨®n muy importante de entre los que trabajan para la Administraci¨®n, independientemente de su relaci¨®n laboral. El n¨²mero de los trabajadores a los que afecta la norma es una cifra dif¨ªcil de concretar cuando se trata de contabilizar, adem¨¢s de a los 241.000 funcionarios y personal laboral de la Junta a los, seg¨²n diversas fuentes, entre 20.000 y 40.000 empleados en las entidades instrumentales.

Esta reordenaci¨®n, enmarcada dentro del Plan Econ¨®mico-Financiero de Reequilibrio de la Junta hasta 2013, pretende la eliminaci¨®n de 110 de las 254 empresas p¨²blicas y la adopci¨®n de medidas que favorezcan la eficiencia y la reducci¨®n del gasto en la Administraci¨®n, con un impacto econ¨®mico previsto en tres a?os de 118,3 millones.

La Junta trata de reducir el n¨²mero de sociedades p¨²blicas, fundaciones y consorcios que trabajan en la actualidad para cada una de las 13 consejer¨ªas y agruparlas bajo la figura de una o dos agencias p¨²blicas empresariales, bien de car¨¢cter administrativo, bien de car¨¢cter especial, del tipo de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, las intenciones de racionalizaci¨®n de la prestaci¨®n de servicios y de compromiso con el ahorro de las finanzas p¨²blicas esgrimidas por la Junta no han satisfecho a gran parte de los afectados que se han levantado contra el Decreto Ley 5/2010, aprobado el 27 de julio. Aunque con matices, la norma ha logrado poner de acuerdo -y en su contra- a los sindicatos con mayor representaci¨®n en la Administraci¨®n auton¨®mica.

Por su parte, el Gobierno andaluz ha insistido en que la reordenaci¨®n no supondr¨¢ ni p¨¦rdida de empleo, ni p¨¦rdida de derechos, ni convertir¨¢ en funcionarios a quienes no lo son, como sostiene el Partido Popular, ni siquiera que vaya a ser obligatoria para los funcionarios de carrera. Pero el revuelo ha sido de tal calibre que la Junta ha tenido que poner en marcha todo su aparato informativo y de negociaci¨®n para intentar calmar a sus trabajadores. Desde el departamento de Administraci¨®n P¨²blica se ha insistido en la disposici¨®n a consensuar con los sindicatos la aplicaci¨®n paso a paso y empresa por empresa del decreto, dado que esta reordenaci¨®n formaba parte del VII Acuerdo de Concertaci¨®n, y estaba prevista la creaci¨®n de una mesa para consensuarla.

El Ejecutivo andaluz tambi¨¦n ha querido justificar la premura y las formas (por decreto) en la promulgaci¨®n en la necesidad de adaptarse y cumplir tanto con el Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico, como con la nueva Ley de Contratos del Sector P¨²blico y la propia Ley de Administraci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa. Desde el pasado viernes, la p¨¢gina web de la Consejer¨ªa de Hacienda y Administraci¨®n P¨²blica incluye un enlace en el que se intenta responder a la multitud de dudas y preocupaciones de sus trabajadores sobre el decreto.

- ?Qu¨¦ temen los funcionarios?

En principio, los sindicatos han recurrido el decreto alegando vulneraci¨®n de derechos fundamentales y acusando a la Junta de pretender otorgar la potestad administrativa a personal no funcionario procedente del sector p¨²blico empresarial. La Junta insiste en que ser¨¢n los funcionarios que se traspasen a las agencias los que ostentar¨¢n esa funci¨®n, y que la condici¨®n de funcionario no se perder¨¢ en ning¨²n caso. El sindicato de funcionarios sostiene que la dependencia funcional ser¨¢ de un jefe de una empresa privada -su jornada y retribuci¨®n- y no de la Administraci¨®n.

- ?Est¨¢n obligados los funcionarios a integrarse en la agencia p¨²blica?

No, es voluntario. Pero una vez que se adscriban pasar¨¢n a ser personal laboral de la agencia. A todos los efectos, el tiempo de permanencia en la agencia le contar¨¢ como m¨¦ritos para, en caso de reingreso, participar en concursos de traslados, y para cobrar los trienios por antig¨¹edad. Los sindicatos sostienen que esa voluntariedad es relativa porque si los servicios de una consejer¨ªa o ente actual se traspasan a una agencia, los funcionarios perder¨¢n su actual puesto y funci¨®n y, en caso de negarse a ir a la agencia, deber¨¢n ser reubicados por lo que, en cierta manera, se ver¨¢n abocados a aceptar el cambio o a arriesgarse a ser recolocados donde la Junta quiera.

- ?Podr¨¢n los funcionarios y el personal laboral adscrito a una agencia participar en los concursos de traslado?

Los funcionarios s¨ª, pero en el caso del personal laboral solo durante los primeros cinco a?os. Respecto al personal laboral de los entes instrumentales, que actualmente no est¨¢n bajo el convenio laboral de la Junta, y que lleguen a las agencias con su propio convenio, no podr¨ªan participar. La Junta dice que el decreto no va a dar lugar a la adquisici¨®n de ning¨²n derecho que no se tuviera como consecuencia del proceso de integraci¨®n.

- ?Habr¨¢ despidos entre el personal de los entes instrumentales?

Seg¨²n la Junta, no. El decreto pretende la consolidaci¨®n del empleo. Solo se ver¨¢n afectados unos 180 directivos que ser¨¢n reubicados en la Administraci¨®n.

- ?Qu¨¦ convenio se aplicar¨¢ en las nuevas agencias?

La Junta pretende que cada agencia negocie con los sindicatos su propio convenio. Mientras tanto, cada trabajador recibir¨¢ el mismo sueldo y las contraprestaciones de su convenio actual. Los sindicatos han exigido que a todas las agencias se les aplique el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administraci¨®n de la Junta.

- ?Pasar¨¢n los empleados de los entes instrumentales a ser funcionarios o personal laboral de la Junta?

En principio, no. El Gobierno andaluz afirma que estos trabajadores mantendr¨¢n su condici¨®n de personal laboral no adscrito a la Junta. No obstante, los sindicatos han reclamado como condici¨®n para aceptar el decreto de reforma que todas las agencias se rijan bajo el paraguas del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administraci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa, con lo que esos trabajadores se beneficiar¨ªan de derechos que ahora no poseen.