Aborto privado pero subvencionado

El cambio de escenario que muchos preve¨ªan que provocase la nueva ley del aborto no ha tenido todos los mimbres esperados. La normativa, que plantea que las interrupciones del embarazo deben realizarse en centros de la sanidad p¨²blica o vinculados a ella, no ha logrado que las comunidades apuesten por practicar las interrupciones del embarazo en sus hospitales p¨²blicos. En los cuatro meses que lleva en vigor la ley de plazos, m¨¢s del 90% de las intervenciones se sigue realizando en centros privados, seg¨²n datos de las comunidades y de las cl¨ªnicas que practican abortos. Con una novedad: ahora es la sanidad p¨²blica quien financia la mayor¨ªa. En Espa?a, el aborto sigue siendo privado. Eso s¨ª, subvencionado.

Baleares formar¨¢ equipos de m¨¦dicos que no aleguen raz¨®n de conciencia

La mayor¨ªa de las comunidades se escudan en la objeci¨®n de conciencia para no derivar a las mujeres a los hospitales p¨²blicos. Sostienen que envi¨¢ndolas a centros privados tambi¨¦n cumplen la ley. Una visi¨®n que comparte el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, las regiones tampoco se deciden a apostar por un sistema claro y total de conciertos, como el vigente en Andaluc¨ªa desde 1985 (con la anterior ley), y con el que su sanidad p¨²blica financiaba ya el 70% de los abortos; de la misma manera que otras regiones hacen con prestaciones sanitarias como la di¨¢lisis.

Solo Baleares ha declarado que fomentar¨¢ que sus hospitales p¨²blicos realicen abortos. Lo har¨¢n a partir de 2011 y, seg¨²n las previsiones de la Consejer¨ªa de Salud, realizar¨¢n 600 al a?o; un 20% del total, cuando en 2009 se realizaron menos del 4%. Eso s¨ª, el 80% de las intervenciones que se hagan en la p¨²blica responder¨¢n solo a la opci¨®n terap¨¦utica: riesgo para la madre (hasta la semana 22) o enfermedad grave del feto (sin plazo). Esta regi¨®n -que ha decidido formar equipos de m¨¦dicos que no aleguen problemas de conciencia-, en la que se realizan unos 2.700 abortos al a?o, planea ahorrar miles de euros. Al margen de eso, dedicar¨¢ 540.000 euros a pagar por los conciertos con los centros privados que hagan el resto de intervenciones.

"Apostar por el modelo p¨²blico supondr¨ªa zanjar parte de las desigualdades que hay entre regiones", considera Javier Mart¨ªnez Salme¨¢n, jefe de Ginecolog¨ªa del Hospital Severo Ochoa de Legan¨¦s y uno de los expertos que particip¨® en la elaboraci¨®n de la nueva ley. "La norma recoge la opci¨®n de la privada como excepci¨®n, no en todos los casos. Y eso frenar¨ªa los mecanismos disuasorios que a veces se pone a la mujer en algunas regiones para que abonen la intervenci¨®n".

Luisa Torres, de la cl¨ªnica Dator, pone un ejemplo: "En Madrid, donde la demora media para acceder a la prestaci¨®n financiada es de 21 d¨ªas, no son pocas las mujeres que prefieren desembolsar los m¨¢s de 300 euros que puede costar y ahorrarse la espera". En esa comunidad, la sanidad p¨²blica ha pasado de financiar el 26% de los abortos a m¨¢s del 60%, seg¨²n datos de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo (Acai), que ha participado estos d¨ªas en el Congreso Internacional de Aborto y Contracepci¨®n que ha reunido a m¨¢s de 600 expertos en Sevilla.

No existen datos de cu¨¢ntos m¨¦dicos objetores hay en Espa?a. Solo una comunidad, Castilla-La Mancha, ha abierto un registro oficial despu¨¦s de que una encuesta entre sus ginec¨®logos -previa a la entrada en vigor de la ley- mostrase que m¨¢s del 90% objetar¨ªa al aborto. En el resto de comunidades el sistema sigue siendo pr¨¢cticamente el mismo que antes de la ley de plazos: el profesional informa de su condici¨®n de objetor a su jefe de servicio (la norma dice que debe hacerlo previamente y por escrito).

As¨ª, sin cifras oficiales, las alusiones a la objeci¨®n de las comunidades para no realizar abortos en la p¨²blica son indemostrables. En Navarra, por ejemplo, se sigue sin practicar interrupciones del embarazo. Ning¨²n hospital p¨²blico lo hace y no existen cl¨ªnicas privadas. En Galicia, la Xunta tambi¨¦n ha manifestado tener un gran n¨²mero de objetores y env¨ªa a las mujeres a la privada. En agosto, con motivo de la nueva ley, lleg¨® a un acuerdo con algunos centros a los que abonar¨¢ unos 360 euros por intervenci¨®n. Un desembolso importante si se tiene en cuenta que en 2009, en esa regi¨®n se realizaron 2.600 abortos. "A pesar de esto, esta comunidad sigue financiando menos del 20% de las intervenciones (en 2009 eran apenas un 4%)", explica Francisca Garc¨ªa, vicepresidenta de Acai, asociaci¨®n que agrupa a una treintena de centros en toda Espa?a.

Con la ley de plazos, la sanidad p¨²blica ha pasado de financiar, de media, un 30% de los abortos realizados a m¨¢s de un 60%. El ejemplo m¨¢s claro es Asturias, donde hace un a?o, si una mujer ten¨ªa que interrumpir su embarazo acud¨ªa a una cl¨ªnica privada y pagaba la intervenci¨®n de su bolsillo. Ahora, aunque en esa regi¨®n la casi totalidad de los abortos se realiza en centros privados, se financia ya el 97% (antes la sanidad p¨²blica solo asum¨ªa el 8%).

En Catalu?a se ha pasado de subvencionar -aunque es la mujer quien debe adelantar previamente el dinero de su bolsillo- el 24% de las intervenciones al 55%. Castilla-La Mancha, que cubr¨ªa un 5% de los abortos subvenciona ya el 70%. Pa¨ªs Vasco -que asum¨ªa menos del 7%- paga ya el 87%. Datos similares a los de Cantabria, que ha pasado de financiar el 11,5% a m¨¢s del 60%; o a los de la Comunidad Valenciana y Murcia, que cubr¨ªan apenas el 32% de las intervenciones frente al 65% que financian ahora.

A pesar de esto, Espa?a est¨¢ lejos a¨²n de pa¨ªses como Portugal, Reino Unido o B¨¦lgica, donde la sanidad p¨²blica financia m¨¢s del 90% de estas intervenciones.