El juez apunta a tres empresas como las "v¨¦rtebras" del 'caso Astapa'

El juez que instruye el caso Astapa sobre la trama de corrupci¨®n institucional en Estepona (M¨¢laga), Jes¨²s Torres, ha levantado por quinta vez el secreto del sumario y centrado su atenci¨®n en tres empresas, una p¨²blica y dos privadas, a las que considera "v¨¦rtebras" en la investigaci¨®n. Se trata de la sociedad p¨²blica Empladus, dedicada al planeamiento urban¨ªstico, y de las entidades privadas Aedon y Ad Volution. En el caso de Aedon, el portavoz municipal del PP, Ignacio Mena, ex concejal de Urbanismo y testigo en la causa, se la describi¨® al fiscal como una sociedad a la que el Grupo Independiente Liberal (GIL) adjudic¨® "la redacci¨®n global de todas las figuras de planeamiento de todo el t¨¦rmino municipal". Es decir, por esa oficina pasaban todos los proyectos urban¨ªsticos de la ciudad.

Eran los a?os 1995-1999 en los que el gilismo controlaba la ciudad y pretend¨ªa hacer el mayor negocio posible con los suelos del municipio desde el Ayuntamiento. Cuando en 1999 un gobierno cuatripartito expuls¨® al GIL de la alcald¨ªa, el nuevo Ayuntamiento rechaz¨® los proyectos presentados por Aedon al municipio a trav¨¦s de la sociedad Empladus, al considerar su precio desorbitado. Sin embargo, la empresa privada reclam¨® sus honorarios, cercanos a cinco millones de euros. Seg¨²n la opini¨®n de Mena, Aedon "redactaba sus proyectos a espaldas de los propietarios de los suelos y buscaban que estos "tuvieran altos costes para que as¨ª los m¨¢rgenes de beneficios fuera mayores".

En 2003, recuerda Mena, el gobierno de coalici¨®n PSOE-PES (posgilistas) trat¨® de solucionar la deuda con Aedon. Un arquitecto municipal tas¨® el valor de los proyectos que segu¨ªan siendo ¨²tiles en unos tres millones de euros, pero el gobierno local, presidido por Antonio Barrientos, ahora expulsado del PSOE, opt¨® por seguir el consejo de un arquitecto externo y pagar a Aedon una cifra "cercana a cinco millones". Los suelos que se desarrollaron con los proyectos de Aedon tuvieron un sobrecoste que repercuti¨® en los promotores y, muy probablemente, en los compradores finales.

El levantamiento parcial de 20 tomos del sumario ha dejado nuevas pinceladas de las supuestas pr¨¢cticas corruptas en el consistorio esteponero entre 2003 y junio de 2008, cuando se inici¨® el caso Astapa, que suma alrededor de 70 imputados.

Uno de ellos es el abogado y empresario Ram¨®n Marrero G¨®mez, que fue consejero de Trabajo de la Junta de Andaluc¨ªa entre 1994 y 1996. En el tomo XI de las actuaciones figura la declaraci¨®n como imputado por cohecho de Marrero. Al juez Torres le ha llamado la atenci¨®n las donaciones efectuadas por la sociedad Arcai Inmuebles, una filial inmobiliaria de Caja Inmaculada de Zaragoza, a la que estuvo asociado el ex consejero hasta el pasado febrero. Arcai pag¨® 47.000 euros en agosto de 2007 para pagar los recibos de electricidad pendientes de la residencia de ancianos Virgen del Carmen, de titularidad municipal. Seg¨²n la fiscal¨ªa y la polic¨ªa, a cambio de esta prestaci¨®n, se desbloque¨® una licencia de primera ocupaci¨®n para una promoci¨®n de Arcai.

Un socio de Arcai en esa urbanizaci¨®n, Vladimiro Merino, declar¨® que el que fue jefe de gabinete del ex alcalde Barrientos, Jos¨¦ Flores, uno de los cerebros de la trama, les pidi¨® que sufragaran la deuda de la televisi¨®n municipal a cambio de la licencia de primera ocupaci¨®n. "Pagu¨¦ bajo coacci¨®n, sin libertad. Ten¨ªa a los compradores presionando y tem¨ªa p¨¦rdidas importantes si no pagaba", admiti¨®.