El fiscal pide 5 a?os para el alcalde de Tordera por verter aguas residuales

Cuando la justicia penal se pone en marcha resulta imparable. Lo saben muy bien una docena de alcaldes de Catalu?a, que ya est¨¢n inculpados en procesos penales por verter aguas residuales contaminantes a los lechos de las rieras ante la falta de depuradoras que deber¨ªa haber construido la Agencia Catalana del Agua (ACA), adscrita al Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat.

Joan Carles Garcia Ca?izares, alcalde de CiU de Tordera (Maresme), es el primero que se sentar¨¢ en el banquillo. El fiscal solicita para ¨¦l cinco a?os de c¨¢rcel por haber permitido desde 2007 el vertido de aguas residuales generadas en la urbanizaci¨®n Terrabrava al torrente de Les Roques Llises o de Terrabrava, y de ah¨ª a la riera de la Vall Lliparda.

El fiscal le aplica las agravantes de vertidos clandestinos y de desobedecer las ¨®rdenes expresas de la Administraci¨®n para corregir la contaminaci¨®n. La ACA abri¨® expediente al Ayuntamiento en septiembre de 2007, pero lo cerr¨® meses despu¨¦s al comprobar que el Plan de Saneamiento de Aguas Residuales de 2005 inclu¨ªa la construcci¨®n de una depuradora para la zona.

Este primer juicio marcar¨¢ la senda del resto de las causas judiciales pendientes. La defensa, ejercida por Javier Melero, considera que el alcalde est¨¢ amparado por la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos de 2009, que inclu¨ªa una disposici¨®n transitoria en la que autorizaba a proseguir los vertidos en los municipios cuya depuradora u otras instalaciones de saneamiento estuvieran incluidas en el plan de la ACA de 2005.

"Error invencible"

"Es como si uno va a Hacienda a que le hagan la declaraci¨®n y despu¨¦s le acusan de delito fiscal", explica Melero para referirse a que la ley aprobada por el Parlament exime de responsabilidad penal a los alcaldes y los Ayuntamientos. Es lo que en t¨¦rminos jur¨ªdicos se denomina "error invencible". Otra cosa es que la ley del Parlament fuese un error pol¨ªtico porque ha causado esa situaci¨®n de inseguridad en los municipios. El fiscal solicita tambi¨¦n para el alcalde cuatro a?os de inhabilitaci¨®n para ejercer el cargo que ocupa desde 1995 y 7.500 euros de multa por el mismo delito contra el medio ambiente.En el escrito, el fiscal afirma que el alcalde de Tordera, "incumpliendo sus obligaciones legales, permiti¨®, consinti¨®, toler¨® y propici¨®" el vertido de las aguas residuales sin depurar ni tratar, que contaminaron los cauces p¨²blicos y generaron un "grave riesgo de afectaci¨®n a espacios naturales protegidos". Esa tesis se traduce en el hecho de que el ox¨ªgeno disuelto en el agua en los cauces de la zona pasa del 60% a concentraciones de entre el 4% y el 29% despu¨¦s de los vertidos.

La defensa, por el contrario, sostiene que el alcalde hizo todo lo que entraba dentro de sus competencias, pero que ni contaba con los recursos econ¨®micos necesarios ni exist¨ªa otra soluci¨®n que no fuera la depuradora que deb¨ªa construir la Agencia Catalana del Agua (ACA). La defensa a?ade que la ley del Parlament, "sea acertada o no", tiene "plena apariencia de legalidad" y ampara la actuaci¨®n del alcalde. Por ese motivo, solicita en su escrito que declare como testigo en el juicio el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, as¨ª como toda la c¨²pula de la ACA, a la que dirigi¨® varias cartas en las que explicaba la situaci¨®n creada.

La ACA, por su parte, invoca la ley del Parlament para justificarse y asegura que en cuanto tenga un nuevo programa para el periodo 2011-2015 que garantice su funcionamiento, proceder¨¢ a realizar las depuradoras programadas.

Durante la investigaci¨®n de la causa el fiscal solicit¨® la clausura del colector, pero el juzgado la deneg¨® por considerar que eso causar¨ªa un grave perjuicio a las m¨¢s de 200 familias que viven en la urbanizaci¨®n de la que proceden las aguas, ya que se les impedir¨ªa utilizar los lavabos.