La fiscal¨ªa investiga a ocho alcaldes por vertidos de aguas residuales

La Fiscal¨ªa de Medio Ambiente de Catalu?a ha abierto diligencias en los ¨²ltimos meses contra ocho alcaldes de municipios de Tarragona y Barcelona. Se les acusa de un delito contra el medio ambiente supuestamente cometido al verter aguas residuales a rieras y r¨ªos. El art¨ªculo 325 del C¨®digo Penal castiga ese comportamiento con penas de c¨¢rcel de seis meses a cuatro a?os, adem¨¢s de multa e inhabilitaci¨®n especial de uno a tres a?os para ejercer cargo p¨²blico.

Los alcaldes afectados por las investigaciones de la fiscal¨ªa son los de Montbri¨® del Camp (Baix Camp), Constant¨ª (Tarragon¨¨s), Lli?¨¤ de Munt (Vall¨¨s Oriental), Dosrius (Maresme), Sentmenat (Vall¨¨s Occidental), Tivissa (Ribera d'Ebre), Vallirana y Sant Esteve Sesrovires (ambos del Baix Llobregat). La tesis de la fiscal¨ªa es la misma en todos los casos:los alcaldes han incumplido sus obligaciones en materia de saneamiento, que est¨¢ considerado un servicio p¨²blico inexcusable en la Ley de Bases de R¨¦gimen Local.

Algunas denuncias han acabado en querella y est¨¢n pendientes de juicio

La Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a (FMC), sin embargo, defiende la actuaci¨®n de los alcaldes y asegura que la construcci¨®n de las depuradoras no es una competencia municipal, sino de la Agencia Catalana del Agua (ACA), dependiente del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat. En este sentido, la FMC recuerda que los alcaldes est¨¢n eximidos de responsabilidad en aplicaci¨®n de la disposici¨®n transitoria cuarta de la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2009.

Ese art¨ªculo se?ala que se autorizan los vertidos de aguas residuales urbanas cuya depuraci¨®n haya sido ausumida por la ACA si la depuradora o infraestructura correspondiente est¨¢ incluida en el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales aprobado por el Gobierno de la Generalitat en 2006. El mismo art¨ªculo precisa que cualquier incremento de carga o caudal de vertido resultante de un desarrollo urban¨ªstico no previsto en el citado plan obliga a instalar los sistemas de tratamiento necesarios y a obtener previamente autorizaci¨®n para el vertido.

La fiscal¨ªa entiende, por el contrario, que una disposici¨®n de ese tipo no puede suponer una patente de corso para justificar los vertidos ilegales, porque suponen un riesgo para el medio ambiente y para la salud de las personas. Las investigaciones de la fiscal¨ªa se han iniciado tras las denuncias presentadas por el cuerpo de Agentes Rurales, los Mosos d'Esquadra, la Guardia Civil, particulares y asociaciones ecologistas.

Algunas de esas investigaciones de la fiscal¨ªa ya han concluido y han acabado en querellas, que a su vez ya han sido tramitadas y est¨¢n pendientes de juicio. En otros casos, la investigaci¨®n del fiscal ha servido para rectificar la actuaci¨®n municipal y acabar con el vertido, como sucedi¨® en el caso del torrente de Can Noguera, en Sant Esteve Sesrovires, seg¨²n explica el alcalde de la poblaci¨®n, Enric Carbonell.

Antoni Pelegr¨ªn, fiscal coordinador de Medio Ambiente, explica que algunos vertidos ilegales se arrastran desde hace a?os, sin que se haya hecho nada para acabar con ellos. "Es cierto que la depuradora no depende de los ayuntamientos, pero no se pueden verter aguas a los cauces p¨²blicos en lugar de construir una balsa provisional. Y la verdad es que cuando se les investiga empiezan a actuar", explica el fiscal.La Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a (FMC) aprob¨® el pasado d¨ªa 22 una resoluci¨®n en la que expresa su preocupaci¨®n por la situaci¨®n creada tras la imputaci¨®n penal de algunos alcaldes a causa del vertido de aguas residuales y solicita la intervenci¨®n de la Generalitat y del Ministerio de Medio Ambiente. El organismo municipalista reclama de la Administraci¨®n auton¨®mica "que se adopten las medidas necesarias para que no se produzcan nuevas imputaciones", y del Gobierno, que "inicie las actuaciones que sean necesarias, incluso instar la modificaci¨®n de la normativa vigente, para poner fin a la situaci¨®n en que se encuentran los alcaldes".

La FMC tambi¨¦n solicita a la Agencia Catalana del Agua que construya las infraestructuras o estaciones depuradoras de aguas residuales necesarias para completar el sistema de saneamiento de los municipios, y a la Generalitat que prevea las inversiones indispensables que permitan asumir ese objetivo. Esa es la clave de b¨®veda de todo el asunto, pues los Ayuntamientos y sus alcaldes acaban sufriendo las consecuencias, incluso judiciales, de la falta de esos equipamientos, que no son de su competencia.

La fiscal¨ªa, por su parte, considera que si le llega una denuncia o tiene conocimiento de vertidos residuales contaminantes, no puede mirar hacia otro lado y no cumplir su obligaci¨®n de investigar esas situaciones. Se recuerda, adem¨¢s, que en todos los casos en los que se acaban abriendo diligencias no se hace porque se descubra un vertido ocasional, sino situaciones de contaminaci¨®n que no son leves y que se arrastran desde hace a?os, avaladas por informes del Instituto de Toxicolog¨ªa.

Sin automatismos

Con todo, la fiscal¨ªa asegura que estudia caso por caso y que no act¨²a con automatismos en las denuncias que se presentan. La FMC, sin embargo, considera que esas ocho investigaciones ir¨¢n seguidas de nuevos expedientes, por lo que se ha puesto a disposici¨®n de la fiscal¨ªa para "trabajar en la b¨²squeda de soluciones". El fiscal de Medio Ambiente, por su parte, insiste en la necesidad de cumplir la ley y evitar los vertidos contaminantes, sin que sirva de justificaci¨®n la citada disposici¨®n de la Ley de Acompa?amiento de los presupuestos. La escasa importancia que dan las Administraciones a los vertidos contaminantes es una realidad que viene constatando la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente desde hace tiempo en sus memorias anuales.