El parto de los montes

La proposici¨®n de reforma de la Ley Electoral (LOREG) presentada en el Congreso por los grupos parlamentarios de PSOE, PP, CiU y PNV recoge los trabajos de la subcomisi¨®n creada hace dos a?os, a instancias de la Comisi¨®n Constitucional, para discutir eventuales modificaciones de la norma sin necesidad de una reforma previa de la Constituci¨®n. El informe pedido por el Gobierno al Consejo de Estado y puesto a disposici¨®n de la subcomisi¨®n estudi¨® previamente tanto el perfeccionamiento t¨¦cnico del proceso electoral como los rasgos inequitativos denunciados por los partidos que se sienten perjudicados por la LOREG.

Las modificaciones de car¨¢cter funcional de la proposici¨®n de ley pretenden agilizar, dar mayor seguridad jur¨ªdica y abaratar el proceso electoral: desde la fijaci¨®n del censo electoral y la persecuci¨®n del empadronamiento fraudulento o de conveniencia, hasta el voto de los espa?oles residentes en el exterior, pasando por la limitaci¨®n de la duraci¨®n y de los gastos de las campa?as electorales o la publicidad en la televisi¨®n privada. En cambio, la reforma no trata de hacer cumplir con rigor el mandato del art¨ªculo 68.3 de la Constituci¨®n, seg¨²n el cual la elecci¨®n de los diputados al Congreso "se verificar¨¢ en cada circunscripci¨®n atendiendo a criterios de proporcionalidad".

La proposici¨®n de reforma electoral no afronta la sobrerrepresentaci¨®n de PSOE y PP

Los sistemas electorales democr¨¢ticos intentan armonizar el adecuado reflejo parlamentario del pluralismo pol¨ªtico de la sociedad con la gobernabilidad de las instituciones del Estado. El origen normativo del sistema espa?ol se remonta al decreto ley de marzo de 1977 que regul¨® la convocatoria de las elecciones constituyentes, cuyas l¨ªneas maestras quedaron recogidas en la LOREG. El temor a una sopa de siglas que pudiera fragmentar peligrosamente el mapa representativo despu¨¦s de cuatro d¨¦cadas de dictadura explica que el Senado sea elegido por un sistema mayoritario limitado y el Congreso por un sistema proporcional tan severamente corregido que incluye marcados sesgos mayoritarios.

En efecto, la consagraci¨®n constitucional de la provincia como circunscripci¨®n electoral, con la correspondiente desigualdad demogr¨¢fica de las 50 demarcaciones (desde los 95.000 habitantes de Soria hasta los 6.400.000 de Madrid), y la representaci¨®n inicial previa fijada para cada circunscripci¨®n (dos diputados) explica que el n¨²mero de votos necesarios para conseguir un esca?o difiera notablemente seg¨²n cu¨¢l sea la poblaci¨®n censada. As¨ª, en 2008 un diputado cost¨® en Madrid 173.000 votos y en Soria 47.000. La financiaci¨®n de las campa?as electorales mediante adelantos crediticios calculados sobre la base de las subvenciones presupuestarias recibidas en los comicios anteriores y el tambi¨¦n desigual acceso a los espacios gratuitos de propaganda en la radio y televisi¨®n p¨²blicas seg¨²n el peso parlamentario de los partidos en la legislatura vencida conceden una ventaja de salida a los ganadores y colocados de anteriores carreras en perjuicio de los caballos reci¨¦n llegados. En consecuencia, populares y socialistas se benefician del voto ¨²til de los electores de derecha o de izquierda, deseosos de asegurar para su causa la eficacia de las papeletas.

De esta forma, los dos principales partidos de ¨¢mbito estatal y las formaciones nacionalistas que solo compiten en las cuatro provincias de Catalu?a y las tres del Pa¨ªs Vasco logran hacer rentable el proceso de transformaci¨®n de los sufragios en esca?os. Mientras que en las legislativas de 2008 populares y socialistas promediaron en algo menos de 70.000 papeletas el valor de cada diputado, para ese mismo objetivo Izquierda Unida y UPyD necesitaron reunir, respectivamente, 484.000 y 306.000 sufragios. La sobrerrepresentaci¨®n parlamentaria porcentual de PSOE y Partido Popular en relaci¨®n con los votos obtenidos (desde el a?o 1989 entre un +10,4 y un +1,6) contrasta vivamente con la infrarrepresentaci¨®n del resto de los partidos de ¨¢mbito estatal (un -3,2 de IU en 2008).

Es evidente, as¨ª pues, que el PSOE y el PP no est¨¢n dispuestos a tolerar una reforma electoral que amenace con una eventual p¨¦rdida de los votos de su clientela tradicional por la izquierda, por el centro o por la derecha. Pero esa inmovilista actitud de boicoteo -nadie podr¨¢ modificar la LOREG sin su colaboraci¨®n- no solo significa la anteposici¨®n de sus intereses partidistas al inter¨¦s general del r¨¦gimen constitucional, sino que tambi¨¦n implica un irresponsable desconocimiento de la peligrosa deriva hacia la abstenci¨®n o hacia posiciones antisistema de los ciudadanos hu¨¦rfanos de representaci¨®n parlamentaria.