La crisis destapa un fraude masivo en la venta de pisos sociales en Badia

Badia del Vall¨¨s conoce el paro como ninguna otra poblaci¨®n de Catalu?a. Con una tasa de desempleo que roza el 22%, esta ciudad, levantada en las postrimer¨ªas del franquismo para albergar a los obreros llegados del resto de Espa?a, tambi¨¦n conoce bien los estragos de la crisis y del estallido de la burbuja inmobiliaria. El 99,9% de sus gigantescos edificios, que se alzan tan api?ados que permiten el milagro de albergar hasta 5.372 pisos en menos de un kil¨®metro cuadrado, son de protecci¨®n oficial, pero ello no impidi¨® que en los a?os del boom inmobiliario se especulara deliberadamente con ellos. Cientos de estos pisos fueron vendidos sin control a precios hasta tres veces superior a los permitidos para la vivienda social.

La Generalitat niega haber hecho la vista gorda en la venta de los pisos

Fue un "fraude masivo", seg¨²n la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el Observatorio de Derechos Sociales Desc, en el que participaron desde los propietarios de los pisos, que al venderlos vulneraron la limitaci¨®n de precios que rige sobre la vivienda protegida, hasta las cajas que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros para pagar un piso que oficialmente no se pod¨ªa vender por m¨¢s de 40.000.

Seg¨²n denuncian estas entidades, tambi¨¦n entraron en el juego las inmobiliarias, que sacaron su tajada en forma de jugosas comisiones, y los notarios, que dieron por buenas estas dudosas operaciones de compra-venta. Las entidades acusan a las administraciones de no haber evitado estas irregularidades "por falta de control o simplemente porque miraban hacia otro lado".

El esc¨¢ndalo quiz¨¢s no habr¨ªa salido nunca a la luz si la crisis no hubiera dejado en el paro, y sin poder pagar sus desmesuradas hipotecas, a las v¨ªctimas de este enga?o inmobiliario, en su mayor¨ªa inmigrantes marroqu¨ªes. En los ¨²ltimos dos a?os, al menos 80 familias, algunas con todos sus miembros en el paro, se vieron obligadas a dejar de pagar la hipoteca. Estos son los casos de pisos vendidos ilegalmente que se conocen, aunque la Generalitat admite que el fraude es mucho mayor, de varios cientos de viviendas.

Las familias afectadas, tras intentar infructuosamente negociar con su banco, que inici¨® los tr¨¢mites legales para desahuciarlas, acudieron al Casal de l'Esquerra de Badia. All¨ª, asesoradas por abogados que revisaron todo su papeleo, descubrieron que hab¨ªan sido v¨ªctimas de un fraude.Ante Adigsa, empresa p¨²blica de vivienda de la Generalitat a la que deben comunicarse las ventas de los pisos sociales, los compradores marroqu¨ªes hab¨ªan firmado con el propietario una escritura de compra-venta por un precio modesto, que oscilaba entre los 6.000 y los 50.000 euros, dentro de los l¨ªmites legales permitidos para las viviendas de Badia, que por decreto tienen la mitad del valor de la vivienda social de r¨¦gimen general. El problema es que los propietarios hab¨ªan cobrado a los compradores una suma entre tres y cinco veces superior a la escriturada, con lo que recibieron un jugoso pago en negro.

Ada Colau, del Observatorio Desc, destaca que el fraude no hubiera sido posible si las entidades financieras no hubieran concedido hipotecas por un valor que estaba a a?os luz del m¨®dico precio que en realidad ten¨ªa el piso. Adem¨¢s, agrega, estas hipotecas eran de "alto riesgo", ya que se daban a los inmigrantes "con el ¨²nico aval de familiares y amigos insolventes, a veces sin trabajo y sin patrimonio". Colau denuncia que la desregulaci¨®n hipotecaria "permite a los bancos dar estos cr¨¦ditos irresponsables para compra-ventas fraudulentas".

Tambi¨¦n la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, recrimina el "alt¨ªsimo riesgo" de estas hipotecas. Trilla reconoce que, con la connivencia de los bancos, se entr¨® en un "juego muy peligroso" que ha estallado con la crisis, pero niega que la Generalitat hiciera la vista gorda ante estas ventas irregulares. "Las escrituras notariales y el contrato de compra-venta que nos presentaban ante Adigsa cumpl¨ªan todos los requisitos. Las operaciones en negro que se realizaban al margen no podemos saberlas mientras no existan denuncias, y no las hubo", se?ala Trilla. La secretaria de Vivienda agrega que deb¨ªa ser Hacienda la que controlara el dinero negro que recibieron los vendedores. Un portavoz de la Agencia Tributaria asegur¨® ayer que iniciar¨¢n las investigaciones sobre el caso si reciben las denuncias correspondientes.

La dimensi¨®n que ha adquirido el caso ha obligado a la Generalitat, a CatalunyaCaixa (entidad que concedi¨® las hipotecas a la mayor¨ªa de los afectados) y al Ayuntamiento de Badia a pactar una soluci¨®n para evitar la alarma social que hubiera generado un desahucio masivo de ciudadanos que fueron v¨ªctimas f¨¢ciles del fraude por su vulnerabilidad y, en muchos casos, por su desconocimiento de las leyes y del idioma de la sociedad que las acoge.

Tras largos meses de tira y afloja, la Generalitat ha logrado que la entidad financiera frenase los procesos de desahucio que solicit¨®. Seg¨²n el acuerdo firmado, los afectados podr¨¢n entregar el piso a la caja y esta les condonar¨¢ la deuda contra¨ªda al firmar la hipoteca. Es la denominada daci¨®n en pago, una soluci¨®n que en Espa?a no se aplica. Con la crisis, miles de ciudadanos se han quedado sin vivienda por impago, pero ello no les ha librado de seguir pagando al banco hasta saldar la deuda hipotecaria.

En el caso de Badia, los afectados que entreguen la vivienda al banco podr¨¢n seguir en ella en r¨¦gimen de alquiler subvencionado y con opci¨®n de recompra si su situaci¨®n econ¨®mica mejora. Para Alicia Barreira, la abogada que ha asesorado a la mayor¨ªa de los inmigrantes, esta "no es una buena soluci¨®n" para los afectados. "Habr¨ªa que declarar nulos todos los contratos de compra-venta que se hicieron al margen de la ley y obligar a los bancos a retornar a los afectados la parte que han pagado de su hipoteca".

Entre los inmigrantes hay confusi¨®n. Nadie de momento se ha acogido a la soluci¨®n ofrecida por la Generalitat y CatalunyaCaixa. La entidad bancaria ha declinado hacer declaraciones sobre las hipotecas concedidas en Badia, aunque s¨ª ha confirmado la existencia del acuerdo con la Generalitat para que los afectados no se queden en la calle.