El Tribunal de Justicia de la UE tambi¨¦n paraliza el decreto del carb¨®n
Los jueces examinan la autorizaci¨®n de la Comisi¨®n Europea a las ayudas
La ofensiva jur¨ªdica dise?ada por las el¨¦ctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa contra el decreto aprobado por el Gobierno para salvar las minas de carb¨®n aut¨®ctono se anot¨® ayer un nuevo tanto. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo decidi¨® aplicar medidas (denominadas cautelar¨ªsimas) contra la decisi¨®n de la Comisi¨®n Europea de declarar compatible con el mercado interior el decreto que incentiva el consumo de carb¨®n nacional hasta 2014 en las centrales t¨¦rmicas para producir electricidad.
En la pr¨¢ctica, la decisi¨®n paralizar¨¢ la aplicaci¨®n de la norma entre uno y dos meses, el tiempo que puede tardar el tribunal en pronunciarse sobre el fondo de la disputa.
La decisi¨®n del Tribunal de Justicia de la UE coincidi¨® con la vista convocada en la Audiencia Nacional para determinar si se mantienen o no las medidas cautelares aprobadas la pasada semana contra la resoluci¨®n de la Secretar¨ªa de Estado de Energ¨ªa que obligaba a las el¨¦ctricas a presentar en tres d¨ªas las cartas de compromiso de compra de carb¨®n, seg¨²n lo estipulado en el decreto.
Gas Natural pide que se compense a las centrales que resulten afectadas
Industria mantiene en suspenso la norma mientras deciden los jueces
Para las compa?¨ªas que han recurrido el decreto del carb¨®n porque consideran que no es compatible con el derecho comunitario, la decisi¨®n del tribunal europeo es una prueba m¨¢s de que sus argumentos tienen peso. Aunque cada empresa ha actuado por su cuenta, los argumentos que han utilizado contra el decreto han sido similares. La lista es larga. En el caso de la autorizaci¨®n que aprob¨® el colegio de comisarios en septiembre, las el¨¦ctricas sostienen que no fue analizada con detenimiento y contraviene varias disposiciones europeas relativas a la industria del carb¨®n.
En general, las compa?¨ªas entienden que el decreto incrementar¨¢ los costes del sistema el¨¦ctrico espa?ol, atentar¨¢ contra el libre mercado e impedir¨¢ el cumplimiento de los objetivos medioambientales con los que se ha comprometido Espa?a.
La Comisi¨®n Europea autoriz¨® las ayudas (con un coste de 600 millones en dos a?os, seg¨²n la Comisi¨®n Nacional de Energ¨ªa) porque el Gobierno espa?ol se acogi¨® a la disposici¨®n comunitaria que permite utilizar en la producci¨®n el¨¦ctrica hasta un 15% de fuentes aut¨®ctonas. Y la ¨²nica fuente de hidrocarburos aut¨®ctona en Espa?a es el carb¨®n.
Ante el chaparr¨®n judicial, Industria achic¨® las malas noticias como pudo. Para empezar, y cuando a¨²n no se conoc¨ªa la decisi¨®n del Tribunal de Luxemburgo, aclaraba que no tomar¨ªa ninguna decisi¨®n relacionada con el decreto hasta no conocer la decisi¨®n de la Audiencia. Luego, una vez conocida la decisi¨®n del tribunal europeo, fuentes del departamento se?alaron que la medida se basa en alegaciones empresariales contra la autorizaci¨®n de la Comisi¨®n Europea del decreto, y no contra el decreto en s¨ª.
Matizaciones jur¨ªdicas al margen, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, en la presentaci¨®n de resultados de la empresa, dijo ayer claro y alto lo que pretenden las empresas afectadas por la obligaci¨®n de consumir carb¨®n nacional: que el Gobierno las compense por el tiempo que van a estar paradas otras centrales que sean desplazadas en el mercado y que utilizan otro tipo de combustible, sea carb¨®n importado o sea gas natural. "No es justo" que se aplique el decreto "sin compensar", dijo Villaseca, que no cuantific¨® a cu¨¢nto podr¨ªa ascender esa hipot¨¦tica aportaci¨®n por el posible par¨®n.
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