Se?uelo para la Iglesia

La reforma de la Ley de Libertad Religiosa se ha convertido en el centro de la discusi¨®n sobre las relaciones entre la Iglesia cat¨®lica y el Estado, reabierta con llamativa e inaceptable torpeza por el papa Ratzinger con ocasi¨®n de su ¨²ltima visita a Espa?a.

No se entiende el motivo por el que la norma de 1980, un escueto texto de nueve art¨ªculos, tiene que ser revisado, ni en estos momentos, como pensaba hasta hace poco el Gobierno, ni en un plazo de tiempo m¨¢s largo, cuando supuestamente se haya ampliado el consenso para hacerlo.

En el articulado de la ley no existe una sola menci¨®n al catolicismo ni a ninguna otra religi¨®n, y el Estado no se compromete a otra cosa que a firmar acuerdos con los representantes de los credos que tengan arraigo en Espa?a. No dice nada del tenor de esos pactos que, por descontado, tendr¨¢n que ajustarse a lo establecido por la Constituci¨®n y las normas que la desarrollan.

Solo la falta de coraje pol¨ªtico explica que se mantenga el crucifijo en las tomas de posesi¨®n

Respetar los acuerdos de 1979 y reformar la ley de 1980 es conceder una nueva victoria a la Iglesia

En el caso del catolicismo, esos acuerdos con el Estado existen y son anteriores en un a?o a la Ley de Libertad Religiosa. Y no solo existen, sino que es en ellos donde se encuentran recogidos todos y cada uno de los privilegios de los que goza la Iglesia en Espa?a, hasta el punto de que la Constituci¨®n parece no regir para ella.

Es en los acuerdos de 1979, y no en la ley de 1980, donde el Estado se compromete expresamente a reconocer como d¨ªas festivos todos los domingos y algunas fiestas cat¨®licas, a conceder efectos civiles a los matrimonios celebrados seg¨²n las normas del derecho can¨®nico, a respetar los valores de la ¨¦tica cristiana en los centros p¨²blicos de educaci¨®n, a aceptar como profesores de religi¨®n a aquellos que propone el "Ordinario diocesano", a equiparar sus sueldos con los de los docentes del Estado, a asumir como propios los programas de la asignatura de religi¨®n y los materiales did¨¢cticos que se?ale la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica, a "velar para que sean respetados en sus medios de comunicaci¨®n social los sentimientos de los cat¨®licos", a integrar un vicario castrense en las fuerzas armadas.

En el cap¨ªtulo econ¨®mico, los Acuerdos de 1979 establecieron, adem¨¢s, el sistema de financiaci¨®n a trav¨¦s de la famosa marca en la declaraci¨®n de la renta, pero dejaban claro que, tras un periodo transitorio, la Iglesia tendr¨ªa que autofinanciarse. Este es el ¨²nico aspecto que el Gobierno ha reformado, aceptando transferir a la Iglesia un 7% de la recaudaci¨®n del IRPF.

El repertorio de estos privilegios no quedar¨ªa completo si, junto a los establecidos por los Acuerdos, no se toman en cuenta las situaciones de hecho sin otro fundamento que la tradici¨®n.

As¨ª, no son las normas legales sino las tradiciones las que hacen que las tomas de posesi¨®n de los cargos civiles est¨¦n presididas por una cruz y una Biblia, o las que mantienen los crucifijos en las aulas de los colegios p¨²blicos. Ante esta ausencia de fundamento legal, bastar¨ªa una llamada de tel¨¦fono de los interesados para que los servicios de protocolo de cualquier instituci¨®n civil en la que se celebre una toma de posesi¨®n no coloque ni cruces ni Biblias.

Si, que se sepa, ning¨²n alto cargo o cargo electo del Estado lo ha hecho hasta el momento es sencillamente por falta de coraje pol¨ªtico: se han conformado con prometer en vez de jurar, obviando el hecho de que, con esta opci¨®n, la presencia de s¨ªmbolos cat¨®licos resulta innecesaria.

Y en cuanto a la presencia de crucifijos en las aulas de las escuelas p¨²blicas, el hecho de que haya sentencias judiciales que han obligado a retirarlos demuestra que no es necesaria la reforma de la ley de 1980 para hacerlo: con las normas que existen es bastante. Otra cosa es que deban ser los ciudadanos, y no la Fiscal¨ªa, quien tenga que iniciar los pleitos. Y, una vez m¨¢s, si esta no act¨²a es porque falta coraje pol¨ªtico.

Ante este panorama, cabe preguntarse si la estrategia seguida por el Gobierno en materia de relaciones entre la Iglesia cat¨®lica y el Estado es acertada o, por el contrario, obedece m¨¢s al deseo de transmitir la impresi¨®n de que avanza en el laicismo evitando, por otra parte, entrar en una confrontaci¨®n.

Respetar los Acuerdos de 1979 y reformar la ley de 1980, como propone el Gobierno, es tanto como conceder una nueva victoria a la Iglesia cat¨®lica que, sin duda, har¨ªa mucho, much¨ªsimo ruido en la discusi¨®n de la nueva norma. Pero solo como se?uelo para alejar las miradas de los Acuerdos, que es donde se fijan sus inaceptables privilegios.