Una tele para el mejor postor

Fue el PP de Eduardo Zaplana el que abri¨® el debate de la privatizaci¨®n de Canal 9. Lo hizo incluyendo su propuesta en el programa electoral de 1999 y en 2002 el primer intento de poner en manos privadas la televisi¨®n p¨²blica valencia ech¨® a andar. Zaplana dijo entonces que "exist¨ªa un ambiente propicio" para ello. Por entonces, R¨¤dio Televisi¨® Valenciana (RTVV) ya acumulaba una deuda millonaria, que no ha hecho m¨¢s que crecer hasta superar los 1.100 millones de euros y ha tenido que sobrevivir a base de avales de la Generalitat, cr¨¦ditos leoninos e impagos. Se cre¨® entonces, sin ning¨²n ¨¦xito, una comisi¨®n parlamentaria de estudio de nuevas f¨®rmulas de gesti¨®n para el ente. Los socialistas la abandonaron y de ella sali¨® el embri¨®n de lo que m¨¢s tarde fue la cobertura para el concurso de privatizaci¨®n.

Canal 9 acumula m¨¢s de 1.100 millones de euros de deuda

Los tribunales tumbaron la privatizaci¨®n iniciada por Zaplana

En octubre de 2002, el que era director de recursos humanos de Canal 9, David Gonz¨¢lez, se reuni¨® con el comit¨¦ de empresa y les anunci¨® la privatizaci¨®n como algo inevitable e inminente. Los sindicatos contestaron con concentraciones primero, paros, manifestaciones y recursos ante los tribunales. Ellos, los consumidores y la oposici¨®n (PSPV y EU) presentaron los correspondientes recursos contra los pliegos de condiciones para privatizar informativos, 1.884 horas de programas y espacios publicitarios. ?Por qu¨¦? Esencialmente, se vulneraban cuatro leyes: el Estatuto de Autonom¨ªa vigente entones, la ley de terceros canales, la ley de creaci¨®n de RTVV y la ley de contratos de la Administraci¨®n p¨²blica. El PP quer¨ªa llevar a Canal 9, pretensi¨®n que parece haber abandonado, el modelo de gesti¨®n que entonces estren¨® con el Hospital de Alzira.

16 empresas se presentaron al concurso para gestionar el canal auton¨®mico que estaba en manos de Jos¨¦ Vicente Villaescusa. Pero la justicia, en varios pronunciamientos, no permiti¨® que se siguiera adelante. En febrero de 2004, la titular del Juzgado de lo Contencioso de Valencia estim¨® un recurso de UGT y anul¨® el acuerdo del consejo que permiti¨® abrir el proceso de privatizaci¨®n (o externalizaci¨®n, como camufl¨® el PP sus intenciones).

En el fallo explic¨® que el objetivo de los concursos que pon¨ªan en manos privadas Canal 9 vulneraba los principios de gesti¨®n p¨²blica, afectaba a servicios esenciales como los informativos, no respetaba las competencias recogidas en la ley de creaci¨®n y no quedaba claro que supusiera un ahorro. La magistrada fue rotunda: "Canal 9, seg¨²n la ley de creaci¨®n, es una televisi¨®n p¨²blica cuya gesti¨®n no puede pasar a manos privadas". Se sucedieron varios pronunciamientos judiciales en sentido casi id¨¦ntico. Y finalmente el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la secci¨®n tercera de la sala de Lo Contencioso, sentenci¨® que los concursos eran ilegales.

Esa fue la respuesta que se encontr¨® el presidente Francisco Camps en los tribunales. ?l hizo suyo el proyecto que inici¨® Zaplana y reiter¨® su intenci¨®n de culminarlo. No ha abandonado la idea. Las declaraciones de hace dos semanas del presidente del consejo de administraci¨®n de RTVV, Emilio Fern¨¢ndez, no parecen haber sido una improvisaci¨®n, por m¨¢s que Jos¨¦ L¨®pez Jaraba, director general del ente asegurara en su intervenci¨®n en las Cortes esta semana que no sabe nada de la privatizaci¨®n y que el suyo es un compromiso con una televisi¨®n p¨²blica.

Lo cierto es que la Generalitat no ha sabido soltar el lastre del gasto descomunal e injustificado de una televisi¨®n que est¨¢ entre las ¨²ltimas en audiencia. RTVV pag¨® m¨¢s de 14 millones de euros en la visita del Papa en 2006 (el triple que los canales gallego y catal¨¢n juntos en la reciente visita del Pont¨ªfice). RTVV ha suscrito contratos leoninos para los derechos del f¨²tbol (ahora suspendidos por no pagar) y de la F¨®rmula 1. El Consell ha renovado avales, ha permitido un endeudamiento inasumible y tiene que responder de ¨¦l. Pero tampoco tiene dinero. Tiene que afrontar la situaci¨®n de una televisi¨®n con 47 millones de capital social en negativo (que equivale a un cierre directo) y que no ha encontrado, como dijo Jaraba, quien le preste el dinero ni con aval del Consell. ?C¨®mo hacerlo? ?C¨®mo afrontar la tambi¨¦n inevitable regulaci¨®n de empleo? La privatizaci¨®n vuelve a escena intentando salvar los escollos legales que hace seis a?os la frenaron.