EE UU maniobr¨® en la Audiencia para frenar casos

La Embajada de Estados Unidos en Madrid ha desplegado en los ¨²ltimos a?os importantes recursos para frenar o boicotear las causas judiciales abiertas en Espa?a contra pol¨ªticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en casos de torturas en Guant¨¢namo, cr¨ªmenes de guerra en Irak o secuestros en los vuelos de la CIA. La legaci¨®n diplom¨¢tica estadounidense ha dejado constancia escrita de esa actividad en algunos de sus miles de documentos secretos, clasificados o reservados a los que ha tenido acceso EL PA?S. El propio embajador entre los a?os 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, nombrado por la Administraci¨®n Bush, ha dirigido personalmente muchas de las presiones ejercidas sobre el Gobierno espa?ol o las autoridades judiciales espa?olas, pero de los informes secretos se desprende que EE UU cont¨® con el apoyo de importantes contactos en Espa?a. Entre estos destacan los del fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, especialmente su jefe, Javier Zaragoza.

"Se me est¨¢ acabando la paciencia", advirti¨® el embajador Aguirre a La Moncloa

Aguirre us¨® las visitas de pol¨ªticos de EE UU a Espa?a para intentar que los procesos naufragaran

Conde-Pumpido y varios fiscales de la Audiencia comunicaron a EE UU su deseo de cerrar los casos

El Gobierno traslad¨® a EE UU su rechazo a una investigaci¨®n judicial sobre Guant¨¢namo

El fiscal Zaragoza dijo a la embajada que intentar¨ªa evitar que Garz¨®n se ocupase de Guant¨¢namo

"Es un enamorado de la propaganda (...) No nos hagamos ilusiones", dicen los informes sobre Garz¨®n

"Se me est¨¢ acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre EE UU", advirti¨® Aguirre el 21 de marzo de 2007 a Carles Casajuana, entonces el principal asesor diplom¨¢tico en La Moncloa y hoy embajador en Londres. Ese mi¨¦rcoles, los dos cargos m¨¢s importantes de la embajada contactaron con autoridades espa?olas para frenar las cr¨ªticas a EE UU en el cuarto aniversario de la invasi¨®n de Irak, como se recoge en los informes "confidenciales" de la legaci¨®n fechados el 21 y el 23 de marzo de 2007.

El d¨ªa 20, coincidiendo con manifestaciones en la calle contra la guerra de Irak, todos los grupos parlamentarios, salvo el del PP, hab¨ªan pactado una proposici¨®n no de ley para condenar esa guerra "unilateral y al margen de la ONU". Ese mismo d¨ªa, el juez Baltasar Garz¨®n hab¨ªa publicado en EL PA?S un art¨ªculo en el que abogaba por una investigaci¨®n judicial sobre esa guerra. "650.000 muertos son un argumento suficiente para que esa investigaci¨®n se aborde sin m¨¢s dilaci¨®n", argumentaba el magistrado al apuntar una eventual causa contra Bush y Aznar. Jos¨¦ Blanco, secretario de Organizaci¨®n del PSOE, se hab¨ªa sumado a la idea -"alguien tiene que pagar las consecuencias de esa decisi¨®n y de ese horror", declar¨®- y el segundo de Aguirre recibi¨® la orden de transmitir al dirigente socialista un aviso "similar" del descontento estadounidense, como se especifica en el documento "confidencial" del d¨ªa 21.

La preocupaci¨®n de la embajada por aquel clima pol¨ªtico se sumaba a la que ten¨ªa en esos meses por la marcha de dos procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional y que afectaban a intereses de EE UU: la muerte del c¨¢mara gallego Jos¨¦ Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 por disparos de un tanque estadounidense, con su correspondiente querella presentada el 29 de mayo de 2003; y el traslado ilegal a Guant¨¢namo de supuestos terroristas en aviones que hicieron escala en Espa?a, un caso que lleg¨® a la Audiencia el 12 de junio de 2006.

En ambos casos, los informes secretos muestran que la embajada cont¨® con buena informaci¨®n sobre la marcha de las causas judiciales y con la colaboraci¨®n de autoridades del Gobierno, as¨ª como del fiscal general del Estado y los fiscales Javier Zaragoza y Vicente Gonz¨¢lez Mota. Para conseguirlo, el embajador y colaboradores suyos presionaron a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus propios despachos, se reunieron con jueces y utilizaron las visitas de pol¨ªticos estadounidenses a Espa?a para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.

Similares actuaciones se han producido tras la apertura en 2009, tambi¨¦n en la Audiencia, de un tercer procedimiento judicial por torturas en Guant¨¢namo. En este caso, adem¨¢s, EE UU ha puesto de relieve la preocupaci¨®n de Washington por la posible aplicaci¨®n en Espa?a de la "jurisdicci¨®n universal" a la hora de enjuiciar cr¨ªmenes cometidos en otros pa¨ªses. As¨ª se pone de relieve, por ejemplo, en el documento "secreto" redactado el 26 de junio del a?o pasado con motivo de la visita a Madrid de Janet Napolitano, fiscal general de EE UU, ya con Alan D. Solomont como nuevo embajador nombrado por la Administraci¨®n Obama: "Un tema reciente e irritante en las relaciones bilaterales se refiere a los esfuerzos de algunos jueces que invocan la jurisdicci¨®n universal para procesar a ex altos cargos del Gobierno de EE UU por su presunta implicaci¨®n en torturas en Guant¨¢namo".

En los tres casos judiciales ha habido colaboraci¨®n de fiscales espa?oles con la embajada, siempre seg¨²n los informes de la legaci¨®n. A veces han informado con celeridad a la embajada de que pedir¨ªan el archivo de las causas, como hizo el fiscal Zaragoza el 14 de mayo de 2007 para anunciar al consejero pol¨ªtico que se hab¨ªa opuesto al procesamiento de tres militares estadounidenses acusados de la muerte de Couso dictado por el juez Santiago Pedraz dos semanas antes. La noticia de tal recurso no apareci¨® publicada hasta el 19 de mayo en varios peri¨®dicos, que coincidieron en asegurar que tal apelaci¨®n la hab¨ªa presentado el fiscal Jes¨²s Alonso el d¨ªa anterior.

Zaragoza se reuni¨® en su propio despacho con dos altos cargos de la embajada el 14 de abril del a?o pasado (cable "confidencial" del 17 de abril de 2009) para explicarles las claves del caso de Guant¨¢namo. La noticia de ese encuentro, que se produjo solo tres d¨ªas despu¨¦s de conocerse la existencia de la demanda, fue publicada en EL PA?S el 18 de abril de ese a?o bajo este titular: "El fiscal rechaza investigar Guant¨¢namo tras hablar con EE UU". La fuente era la cadena de televisi¨®n Cuatro.

En enero de 2007, el fiscal Vicente Gonz¨¢lez Mota (considerado "estrictamente protegido" en esta menci¨®n) inform¨® con antelaci¨®n al agregado jur¨ªdico de la embajada que no se opondr¨ªa a la petici¨®n del juez Ismael Moreno de desclasificar documentos del CNI sobre vuelos de la CIA porque estaba convencido de que en los mismos no hab¨ªa nada "incriminatorio" (informe "confidencial" del 1 de febrero de 2007).

Acert¨® Gonz¨¢lez Mota, entre otras cosas porque esos documentos llegaron a la Audiencia unas semanas despu¨¦s llenos de tachaduras, como public¨® EL PA?S el 12 de marzo de ese a?o. Ese comentario atribuido al fiscal se produjo una semana antes de que el Consejo de Ministros acordara desclasificar los informes del CNI que fueron enviados a la Audiencia. Esa decisi¨®n del Gobierno se produjo el 9 de febrero de 2007.

En otros momentos, y siempre de acuerdo con las versiones recogidas en los informes de la embajada, los fiscales explican a diplom¨¢ticos estadounidenses c¨®mo actuar para entorpecer actuaciones de los jueces. El 14 de abril del a?o pasado, el fiscal Zaragoza telefone¨® a la embajada para contar que ¨¦l har¨ªa todo lo posible para que el caso de Guant¨¢namo no cayera en manos de Garz¨®n, y s¨ª del juez Ismael Moreno. Zaragoza cont¨® que, si Garz¨®n se empe?aba en quedarse con el caso, ¨¦l mismo airear¨ªa que ese juez opt¨® por no investigar nada al respecto cuando tuvo datos para hacerlo a?os antes (informe "no clasificado, solo de uso oficial" del 5 de mayo de 2009). La amenaza de Zaragoza qued¨® reflejada en EL PA?S el 30 de abril de 2009, el d¨ªa siguiente a la decisi¨®n de Garz¨®n de abrir su propio caso sobre Guant¨¢namo, en una informaci¨®n que conclu¨ªa: "Fuentes de la Audiencia criticaron ayer la decisi¨®n de Garz¨®n por considerar que en los ¨²ltimos cinco a?os no investig¨® las torturas" que le hab¨ªa denunciado un preso de Guant¨¢namo en 2004.

"No es f¨¢cil imaginar a este enamorado de la propaganda que es Garz¨®n desconectado de la m¨¢quina de hacer titulares de prensa a menos que se le obligue a hacerlo", agregaba el diplom¨¢tico americano autor de ese documento.

En un cuerpo tan jerarquizado como el del ministerio fiscal, Zaragoza estaba en l¨ªnea con su m¨¢ximo jefe, C¨¢ndido Conde-Pumpido. En un informe "confidencial" de la embajada fechado el 26 de enero de 2007, se cuenta que el embajador Aguirre y su adjunto se hab¨ªan entrevistado el d¨ªa anterior con el fiscal general "para pasar revista a las preocupaciones del Gobierno de EE UU sobre la deriva del caso Couso y para averiguar c¨®mo planea reaccionar el Gobierno espa?ol ante las novedades judiciales de la causa". El documento a?ad¨ªa que Conde-Pumpido ("estrictamente protegido" en esta cita) les dijo que el Gobierno no pod¨ªa hacer nada, pero que los fiscales "seguir¨ªan oponi¨¦ndose" a las ¨®rdenes de detenci¨®n contra los tres militares estadounidenses implicados en la causa. La orden de detenci¨®n hab¨ªa sido dictada tres d¨ªas antes por el juez Santiago Pedraz.

Medio a?o despu¨¦s, el 18 de julio, Conde-Pumpido dijo al embajador Aguirre que ¨¦l deseaba el archivo del caso Couso (documento "confidencial" del 19 de julio de 2007) y a?ad¨ªa: "En cuanto a los vuelos de la CIA, dijo que el caso contin¨²a a su ritmo, pero que no cree que aporte ninguna sorpresa". El a?o pasado, y con respecto a la causa sobre Guant¨¢namo, Conde-Pumpido declar¨® p¨²blicamente el 16 de abril que ¨¦l no apoyar¨ªa la causa abierta por las torturas en esa base americana.

En febrero de 2007, la propia embajada hace el siguiente balance sobre los peligros que ve para el caso de los vuelos de la CIA: "Estamos menos preocupados por la importancia inmediata que tenga cualquier informaci¨®n desclasificada por el CNI o Defensa que por la aparente coordinaci¨®n existente entre el juez Moreno (el instructor) y los fiscales alemanes del caso El-Masri (el alem¨¢n de origen liban¨¦s secuestrado por la CIA y que presuntamente pas¨® por el aeropuerto de Palma)". "Esta coordinaci¨®n entre fiscales independientes complicar¨¢ nuestros esfuerzos para que este asunto se gestione discretamente de Gobierno a Gobierno" (informe "confidencial" del 1 de febrero de 2007).

Conde-Pumpido explic¨® ayer as¨ª a EL PA?S sus relaciones con el embajador Aguirre: "La Fiscal¨ªa General del Estado siempre ha mantenido una buena relaci¨®n con la embajada de EE UU. Desde hace a?os tenemos un equipo conjunto con la fiscal¨ªa de EE UU que se re¨²ne una vez cada seis meses para intercambiar informaci¨®n. Dentro de ese esquema de colaboraci¨®n, y en ese contexto, a veces se han interesado por alguna informaci¨®n y nosotros se la hemos dado. Esa informaci¨®n siempre ha correspondido a la posici¨®n jur¨ªdica de la Fiscal¨ªa que ya figuraba en el procedimiento, era p¨²blica y se hab¨ªa expresado por escrito. Siempre fue a petici¨®n suya y se la ofrecimos como una informaci¨®n m¨¢s y en ning¨²n caso como una informaci¨®n reservada pues era la posici¨®n jur¨ªdica de la Fiscal¨ªa, que en el caso Couso consist¨ªa en que entend¨ªamos que no hab¨ªa base para seguir adelante con el procedimiento. As¨ª se lo traslad¨¦. Tambi¨¦n le traslad¨¦ la necesidad de que el Gobierno de EE UU respondiera a las peticiones de informaci¨®n del juez porque, de lo contrario, le advert¨ª que la respuesta del juez podr¨ªa ser negativa para los intereses que ellos defend¨ªan. El embajador Aguirre me dijo que transmitir¨ªa ese mensaje".

La embajada tambi¨¦n mantiene contactos con jueces espa?oles, aunque en los informes secretos figuran escasas referencias. Se recoge, por ejemplo, un encuentro en Madrid del director del FBI, Robert Mueller, con el juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, el 9 de mayo de 2005. "Del Olmo", se?ala el informe "confidencial" fechado tres d¨ªas despu¨¦s, "puede participar en el futuro en importantes investigaciones sobre terrorismo, lo que hace de ¨¦l un importante contacto que merece la pena cultivar". De hecho, le preparan una visita a EE UU.

Los documentos tambi¨¦n reflejan un encuentro del embajador Aguirre con Garz¨®n el 14 de diciembre de 2007. El informe "confidencial" al respecto, redactado el 21 de diciembre de ese a?o, est¨¢ encabezado con esta frase: "Encuentro del embajador con el famoso y controvertido juez Baltasar Garz¨®n". Garz¨®n aconsej¨® al embajador en esa entrevista, seg¨²n el documento, que contactara tambi¨¦n con otros jueces de la Audiencia como Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Fernando Grande-Marlaska, Fernando Andreu y Juan Del Olmo.

El consejero jur¨ªdico, se?ala ese mismo informe, "ha intentado profundizar en las relaciones con los seis magistrados de la Audiencia con diferente grado de ¨¦xito". La nota incluye estos comentarios sobre Garz¨®n: "Es una figura controvertida cuya ambici¨®n y af¨¢n de notoriedad no tiene rival". "No nos hacemos ilusiones sobre el tipo con el que estamos tratando", a?ade.

Las conexiones de la embajada con los fiscales de la Audiencia para tratar asuntos sensibles para EE UU han ido en paralelo a las mantenidas con el Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero. La ex vicepresidenta Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, el ex secretario de Estado de Justicia Julio P¨¦rez Hern¨¢ndez y los altos cargos de Exteriores ?ngel Losada, ex secretario de Estado; Agust¨ªn Santos, ex jefe de Gabinete de Moratinos; o los directores generales Luis Felipe Fern¨¢ndez de la Pe?a o Jos¨¦ Pons han sido algunos de los interlocutores del embajador y de sus colaboradores.

El primer colaborador de Aguirre, por ejemplo, llam¨® el 31 de marzo y el 1 de abril de 2009 a Agust¨ªn Santos y a Aurora Mej¨ªa, directora de Cooperaci¨®n Judicial Internacional del Ministerio de Justicia, para trasladarles la opini¨®n de EE UU sobre la apertura en la Audiencia del caso de torturas en Guant¨¢namo. "El adjunto al embajador les puso de relieve que el asunto era muy grave para el Gobierno de EE UU y les pidi¨® que tuvieran informada a la embajada de cualquier novedad" (informe "confidencial" del 17 de abril de 2009).

Dentro de la misma estrategia, el Gobierno de EE UU utiliza las visitas oficiales de personalidades del pa¨ªs para influir en los procesos judiciales abiertos en la Audiencia. Los senadores estadounidenses Judd Gregg y Mel Mart¨ªnez llegaron a Espa?a, por separado, solo dos semanas despu¨¦s de abrirse la causa de Guant¨¢namo. Ambos fueron expl¨ªcitos en sus protestas en los encuentros que mantuvieron en Exteriores. Mart¨ªnez espet¨® el d¨ªa 15 de abril de 2009 al entonces secretario de Estado ?ngel Lossada que esa investigaci¨®n judicial "no ser¨ªa entendida ni aceptada en EE UU y que tendr¨ªa un enorme impacto en las relaciones bilaterales" (informe "confidencial" del 17 de abril de 2009).

Losada respondi¨® al senador que "el Gobierno espa?ol comunicar¨ªa a Conde-Pumpido que la postura oficial de la Administraci¨®n era que el Gobierno no estaba de acuerdo con la Audiencia" en la causa por torturas en Guant¨¢namo. Dos d¨ªas despu¨¦s de esa entrevista, el fiscal general declar¨® p¨²blicamente que la causa abierta era "fraudulenta".

Un mes m¨¢s tarde, y en un documento "confidencial" fechado el 14 de mayo, se inform¨® de que el fiscal de la Audiencia hab¨ªa recurrido la acusaci¨®n de "cr¨ªmenes contra la comunidad internacional" contra tres militares estadounidenses por el caso Couso y a?ad¨ªa: "El adjunto al director general de Pol¨ªtica de Defensa comunic¨® la semana anterior a la embajada que su ministerio apoya totalmente la posici¨®n oficial norteamericana".

En la primavera de 2007, y dentro de los preparativos para la visita a Espa?a de Condoleezza Rice, la legaci¨®n diplom¨¢tica le envi¨® con antelaci¨®n un documento fechado el 25 de mayo de ese a?o en el que advert¨ªa a la entonces secretaria de Estado: en el encuentro que tendr¨¢ el 1 de junio con Moratinos, "usted deber¨ªa destacar la constante preocupaci¨®n del Gobierno de EE UU sobre la causa abierta contra tres militares acusados de cr¨ªmenes de guerra por la muerte del c¨¢mara espa?ol Jos¨¦ Couso en el Hotel Palestina en 2003 [Rice y Aguirre negaron en p¨²blico haber tratado el problema en sus entrevistas con Moratinos o Zapatero]. Queremos una continua vigilancia y cooperaci¨®n por parte del Gobierno espa?ol hasta que el caso sea archivado".

El documento destacaba que el Gobierno espa?ol estaba ayudando en el caso Couso. El 30 de abril, Aguirre se vio con la vicepresidenta Fern¨¢ndez de la Vega, quien, tras destacar la independencia de los jueces, "le asegur¨® al embajador que ella estaba muy implicada en el seguimiento del caso, al que prestaban atenci¨®n los m¨¢s altos cargos del Gobierno espa?ol" (informe "confidencial" del 14 de mayo de 2007). De la Vega se?al¨® al embajador que "una de las opciones que se estaba sopesando era la de presentar un recurso" (informe "no clasificado" fechado el 11 de mayo de 2007).

El presidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero prometi¨® el 7 de febrero de 2007 en una sesi¨®n de control en el Congreso que el Gobierno facilitar¨ªa a la Audiencia "toda la informaci¨®n" sobre los vuelos de la CIA y que el Ejecutivo ten¨ªa "la mayor voluntad y disponibilidad de colaboraci¨®n con la justicia". Fue dos d¨ªas despu¨¦s cuando el Consejo de Ministros decidi¨® desclasificar los documentos del espionaje espa?ol sobre el caso. El CNI, dependiente de Defensa, remiti¨® media docena de documentos. No solo estaban llenos de tachaduras -se hab¨ªan borrado hasta los nombres de hoteles de Palma donde se hospedaban los americanos de paso hacia Guant¨¢namo-, sino que se limitaban a analizar viejas informaciones de prensa sobre el tema. En un documento se precisa que no hay dato alguno "que suponga vinculaci¨®n directa de los aviones con organismos oficiales de EE UU". O sea, que el CNI descartaba a la CIA.

Tras la protesta del embajador Aguirre a La Moncloa a trav¨¦s del embajador Casajuana, este le devolvi¨® la llamada la noche de aquel 21 de marzo de 2007 para transmitirle el contenido de su conversaci¨®n con Zapatero. "Dijo que Zapatero entiende las preocupaciones del Gobierno de EE UU y que intentar¨¢ aportar moderaci¨®n a los dirigentes del PSOE. Zapatero agreg¨® que apreciaba los esfuerzos del Gobierno de EE UU para permanecer al margen del debate pol¨ªtico y que trabajar¨¢ para que EE UU siga fuera de ese debate. En definitiva, el mensaje es que Zapatero no echar¨¢ le?a al fuego" (informe "confidencial" del 23 de marzo de 2007).

• Nacionales
• Internacionales