El Gobierno se impone

La huelga salvaje de los controladores a¨¦reos durante 24 horas, resuelta con medidas tan urgentes como in¨¦ditas (militarizaci¨®n del servicio y estado de alarma), hace inexcusable para el Gobierno reformar un sector crucial para lograr su imprescindible estabilidad a largo plazo. No lo tiene f¨¢cil. La actitud irresponsable de los controladores al abandonar masivamente sus puestos de trabajo el primer d¨ªa del puente m¨¢s importante del a?o es una n¨ªtida se?al de que el Ejecutivo se enfrenta a un colectivo correctamente calificado de insensato por el vicepresidente Rubalcaba, en el que dif¨ªcilmente se puede seguir confiando para controlar el tr¨¢fico a¨¦reo espa?ol.

La militarizaci¨®n y la movilizaci¨®n obligatoria ha sido la ¨²nica medida capaz de torcer el brazo a un grupo endiosado de privilegiados que ha echado un pulso al Estado sobre las espaldas de cientos de miles de ciudadanos indefensos. Y que de paso ha causado un grave perjuicio al sector tur¨ªstico, uno de los pocos que empezaba a emitir se?ales positivas en una crisis que mantiene en el paro a m¨¢s de cuatro millones de personas, as¨ª como a la imagen y solvencia de Espa?a en el exterior. El incivismo y la inadmisible actitud de los controladores -poco m¨¢s de 2.000 profesionales a los que sucesivos Gobiernos, empezando por los del PP, han permitido irresponsablemente acaparar m¨¢s poder de lo saludable en cualquier sociedad desarrollada- cobra mayor gravedad precisamente en este deteriorado contexto econ¨®mico.

El paulatino regreso a la normalidad iniciado ayer no debiera ser interpretado por los poderes p¨²blicos como el punto final de una situaci¨®n que, pese a su gravedad, las cortas vacaciones del puente de la Constituci¨®n pueden hacer olvidar. En su perfil actual, este colectivo no es de fiar, como crudamente ha quedado demostrado. Las sanciones laborales y penales a las que se han expuesto los controladores deben ser aplicadas con rigor. Pero, adem¨¢s, se impone la reforma profunda y urgente de su oficio, ya esbozada en la ley que, en febrero pasado, fij¨® nuevas condiciones laborales y redujo sus desorbitados salarios.

La reforma de febrero devolv¨ªa la organizaci¨®n del trabajo a AENA (los controladores se la hab¨ªan apropiado con ?lvarez Cascos de ministro de Fomento), preve¨ªa la concurrencia de empresas privadas para el control a¨¦reo y facilitaba la formaci¨®n de nuevos controladores -350 con car¨¢cter inmediato, dijo entonces el ministro Blanco-. Solo un nuevo y urgente marco laboral ser¨¢ capaz de arrebatar a los 2.300 trabajadores del sector la capacidad de tomar como rehenes a centenares de miles de personas para hacer valer algunas de sus extravagantes reivindicaciones. Una capacidad que presumiblemente recuperar¨¢n si el Gobierno no corta por lo sano cuando, en 15 d¨ªas, el servicio deje de estar militarizado.

Nueve meses despu¨¦s de aquella pregonada reforma poco se ha avanzado. Resulta posible discutir, como hace el PP, si el decreto que cuantificaba las obligaciones horarias de los controladores ten¨ªa que aprobarse el mismo d¨ªa en que se iniciaba el largo y esperado puente de diciembre, o deb¨ªa haberse hecho antes. Argumentos que en ning¨²n caso justifican la virulencia de su portavoz, Gonz¨¢lez Pons, al arremeter contra el ¨²nico Gobierno que ha intentado hasta ahora organizar de manera razonable un sector tan crucial y con tal potencial para da?ar los intereses colectivos. Una capacidad de intimidaci¨®n adquirida en parte con la anuencia de Gobiernos del partido del se?or Pons que prefirieron mirar hacia otro lado y eludir sus responsabilidades en este ¨¢mbito. El PP, una vez m¨¢s, ha sido incapaz de renunciar a sus bajunas t¨¢cticas electoralistas mientras m¨¢s de medio mill¨®n de personas permanec¨ªan atrapadas en los aeropuertos espa?oles.