Al estilo Wikileaks

La Ley de Dependencia supone el mayor avance en protecci¨®n social de la ¨²ltima d¨¦cada porque consolida derechos subjetivos y universaliza servicios y prestaciones de los que ya se benefician 650.000 personas, si bien es verdad que 234.000 esperan y desesperan en el que llamamos limbo de la dependencia -se les reconoce el derecho pero no se les ha concedido a¨²n el recurso que necesitan-. El desarrollo territorial est¨¢ siendo muy desigual y en el ¨²ltimo semestre se constata una ralentizaci¨®n en la provisi¨®n de servicios y prestaciones y un estancamiento en las desatenciones: el limbo no mejora. Consecuencia l¨®gica de ello es un cierto freno al gasto, que tambi¨¦n tiene que ver con la prescripci¨®n de los recursos de menos coste (6 de cada 10 ayudas son prestaciones econ¨®micas para los cuidadores familiares, m¨¢s del 90%, cuidadoras).

A la complejidad de los procesos para implementar la ley hay que a?adir la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Consejo Territorial (entre los consejeros y el Gobierno central), el boicoteo institucional de algunos gobiernos aut¨®nomos, la complacencia de los tres ministerios en los que se ha trabajado esta ley, y el oscurantismo y la intolerable falta de datos de un sistema de informaci¨®n maleable y cercenado seg¨²n intereses perversos, adem¨¢s de no distinguir los nuevos dependientes de los que ya estaban atendidos por los servicios sociales tradicionales, lo que permitir¨ªa planificar y evaluar con cierto rigor el desarrollo de la ley. Se necesita luz y taqu¨ªgrafos, es intolerable el flagrante incumplimiento de la resoluci¨®n en la que se establec¨ªan los datos obligatorios que deb¨ªan comunicarse y hacerse p¨²blicos, y que deber¨ªa haber entrado en vigor a mediados de este a?o. Lo que hay, en cambio, son dos modos de introducir al sistema central los datos seg¨²n convenga. ?Se imaginan que no se publicaran las cifras del desempleo y as¨ª, ingenuamente, pensar que no hay paro?

La falta de informaci¨®n econ¨®mica ejecutiva del sistema nos obliga a valorar con estimaciones. Que no se sepa lo que gastan y reciben las comunidades aut¨®nomas, ni el gasto cesante de los servicios sociales es tan insostenible como absurdo. La falta de transparencia obliga a acceder a algunos datos al estilo Wikileaks dada la mezcla de impericia y desidia de algunos gestores ministeriales y auton¨®micos. A¨²n as¨ª, las estimaciones son demoledoras y se comprueba un sistema de financiaci¨®n injusto que redistribuye la mayor¨ªa de los fondos del ministerio en virtud de par¨¢metros que no garantizan la equidad. El Tribunal de Cuentas, que por iniciativa propia ha iniciado una fiscalizaci¨®n de las aportaciones y el gasto de las comunidades, podr¨ªa traer luz.

Los responsables pol¨ªticos en las diferentes Administraciones deben recordar que detr¨¢s de todas las cifras y procesos de la Ley de Dependencia hay personas con derecho a una mayor autonom¨ªa y atenci¨®n. Cientos de miles de historias particulares de mayores, discapacitados y familias que exigen de los poderes p¨²blicos una respuesta inteligente, valiente y con alma.

Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez Navarro es presidente de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales