El guardi¨¢n de la normalidad
El empe?o del Gobierno de Zapatero por utilizar f¨®rmulas jur¨ªdicas excepcionales de forma prolongada comienza a preocupar. Al menos a quienes defendemos una aproximaci¨®n liberal kelseniana a los problemas pol¨ªticos y seguimos pensado que el poder debe estar siempre limitado y reglado, controlado escrupulosamente por la legalidad que emana del legislativo de la naci¨®n. Por eso, son cada vez m¨¢s las voces que expresan su malestar ante una deriva arbitraria que degrada la vigencia institucional de los principios formales nacidos de la deliberaci¨®n legal para potenciar aquello que Carl Schmitt defin¨ªa como la "decisi¨®n pura, que no razona, ni discute, ni se justifica". Una decisi¨®n basada en el argumento inapelable de la seguridad y que invoca un Gobierno que no duda en erigirse en el ¨²nico y supremo guardi¨¢n del orden, pues, como dec¨ªa su portavoz al justificar la pr¨®rroga del estado de alarma: "No son tiempos de palabras, se?or¨ªas, sino de seguridades".
La prolongaci¨®n del estado de alarma por la crisis de los controladores es una deriva arbitraria
El Gobierno trasforma un juicio hipot¨¦tico en un supuesto f¨¢ctico
Esta deriva decisionista nos obliga a convivir con una degradaci¨®n formal de las exigencias regladas que impone la ley cuando regula los estados constitucionales de excepci¨®n. Algo que hay que relacionar con una acumulaci¨®n de precedentes arbitrarios que resulta alarmante a la hora de juzgar el funcionamiento normal de nuestro Estado de derecho. Primero, fue el empleo arbitrario y generalizado del veto gubernamental frente a iniciativas aprobadas por una mayor¨ªa parlamentaria contraria a la voluntad del grupo socialista, y sobre el que despu¨¦s har¨¦ una consideraci¨®n adicional. Despu¨¦s, el ejercicio -por primera vez en nuestra historia democr¨¢tica- del estado de alarma previsto en el art¨ªculo 116.2 de la Constituci¨®n; instituto excepcional utilizado hace unas semanas como respuesta al cierre del espacio a¨¦reo causado por el inaceptable y salvaje boicot de los controladores a¨¦reos. Y ahora asistimos al uso prolongado del mencionado instrumento, a pesar de que se esgrime su conveniencia sin que concurra ya la urgencia de una respuesta proporcionada a una situaci¨®n real, actual, objetiva y de grave anormalidad.
La pr¨®rroga del estado de alarma declarado por el RD 1673/2010, de 4 de diciembre, supone un paso m¨¢s en la evoluci¨®n decisionista a la que antes me refer¨ªa. Se trata de un avance cualitativo que no puede ignorarse. Se invoca por el Gobierno la petici¨®n de pr¨®rroga por el doble de tiempo que se solicit¨® originariamente. Y lo que es m¨¢s grave, sin que se den -m¨¢s all¨¢ de una interpretaci¨®n indiciaria e hipot¨¦tica que hace el propio Gobierno-, los motivos que, vinculados al chantaje inaceptable de los controladores a¨¦reos, propiciaron que el 3 de diciembre pasado, cientos de miles de ciudadanos
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