Roca echa la culpa ahora a Jes¨²s Gil de la gesti¨®n urban¨ªstica en Marbella

Con la calma de quien sabe que su juicio durar¨¢ un a?o, Juan Antonio Roca, m¨¢ximo imputado del caso Malaya, comenz¨® ayer a declarar sobre la trama de corrupci¨®n marbell¨ª por la que se sientan en el banquillo de la Audiencia malague?a a 95 procesados. El ex asesor de urbanismo se estren¨® con una t¨¢ctica ya conocida y a la que han recurrido numerosos ediles gilistas: echarle la culpa de todo al ex alcalde de Marbella, Jes¨²s Gil, ya fallecido. "No existe ning¨²n dato objetivo que demuestre que Juan Antonio Roca dirigiera el ordenamiento urban¨ªstico en Marbella", mantuvo. "El se?or alcalde determinaba las condiciones de los convenios, lo que yo hac¨ªa en la oficina de Planeamiento Urban¨ªstico era elevar propuestas", a?adi¨®.

Contest¨® sin prisas y comprob¨® en sus notas las cifras que dio de memoria

El juicio, dividido en bloques, ha arrancado con la llamada operaci¨®n Crucero Ban¨²s. La compra, recalificaci¨®n y venta de estos terrenos reportaron unos beneficios de al menos 6,33 millones de euros a los cuatro socios que participaron: el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, el ex edil gilista y promotor Pedro Rom¨¢n, el ex comisario de polic¨ªa Florencio San Agapito y el abogado Juan Germ¨¢n Hoffman. El fiscal Anticorrupci¨®n, Juan Carlos L¨®pez Caballero, considera claves los manejos de Roca en el urbanismo marbell¨ª para conseguir que el negocio tuviera ¨¦xito.

Roca, de 57 a?os, comenz¨® a declarar a las 13.00, cuando parec¨ªa que el presidente del tribunal, Jos¨¦ Godino, iba a dar por terminada la sesi¨®n. Todas las miradas estaban puestas en ¨¦l para saber si el ex asesor aceptaba los cargos y decid¨ªa colaborar con la justicia. En las ¨²ltimas semanas se especulaba sobre posibles negociaciones con la fiscal¨ªa para tirar de la manta a cambio de una rebaja en los 30 a?os de c¨¢rcel que pide para ¨¦l el ministerio p¨²blico por blanqueo, prevaricaci¨®n, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude y cohecho.

Antes de que el fiscal Anticorrupci¨®n Juan Carlos L¨®pez Caballero comenzara a preguntarle, pidi¨® al tribunal que tuviera en cuenta la falta de unas diligencias sobre las que quiere responder cuando se retome el juicio en enero de 2011. Despu¨¦s se dispuso a contestar sin prisa y comprobando en sus notas cada cifra que daba de memoria. El fiscal le bombarde¨® a preguntas durante unos 50 minutos. El ex asesor apenas vari¨® el tono de sus respuestas, aunque se permiti¨® alguna que otra licencia, como recordarle a L¨®pez Caballero que se hab¨ªan archivado todas las diligencias que abri¨® cuando era fiscal de Medio Ambiente por delitos contra el territorio y que le afectaban.

Ya en faena, Roca reconoci¨® que en octubre de 2001 particip¨® con un 15% en la compra de los terrenos de Puerto Ban¨²s que estaba gestionando Pedro Rom¨¢n. Aport¨® 742.000 euros de dinero "no declarado" en cuatro cheques de moneda extranjera y 50.000 euros en efectivo. Seg¨²n Roca, el dinero ven¨ªa de la venta del 100% de la sociedad Altos de Gualdamina. Por eso, cuando el fiscal le pregunt¨® por la forma en la que hab¨ªa declarado a Hacienda los 1,5 millones que recibi¨® por el negocio le contest¨®: "Si yo participo con dinero opaco, dif¨ªcilmente voy a declarar beneficios". El dinero se ingres¨® en la fundaci¨®n Melifero que Roca ya ten¨ªa abierta en el para¨ªso fiscal de Liechtenstein.

Lejos de reconocer que hab¨ªa hecho un buen negocio, Roca dej¨® caer que tanto a ¨¦l, como al ex comisario Florencio San Agapito, les hab¨ªan hecho pagar "un plus" por apuntarse m¨¢s tarde. "He observado cosas muy extra?as (...)Ahora me he enterado de que la compra se hizo por 4,3 millones y no por 4,9 como cre¨ªa", dijo.

El ex asesor explic¨® que la parcela que compraron ven¨ªa con un convenio previo y que Pedro Rom¨¢n lo renegoci¨® personalmente con Jes¨²s Gil. Fue el entonces alcalde quien, seg¨²n Roca, le pidi¨® que duplicara las cesiones que los compradores tendr¨ªan que hacer al Ayuntamiento, de forma que pasaron de tener que pagar 360.000 euros a 1.4 millones. El acuerdo se firm¨® a partir del plan urban¨ªstico de 1998, declarado ilegal. Finalmente, se entregaron 240.000 euros.