Golpe mortal

La llamada ley Sinde no consigui¨® ayer en el Congreso, tras un acalorado debate y m¨²ltiples negociaciones, el apoyo suficiente para cerrar su tortuoso recorrido, durante el cual se han ido da?ando los argumentos de quienes la apoyan tal y como est¨¢ concebida. Colocarla encapsulada en una disposici¨®n adicional dentro de la Ley de Econom¨ªa Sostenible pareci¨®, de entrada, una operaci¨®n de enmascaramiento. Y es dif¨ªcil explicar tanta prisa y atropellamiento cuando el debate y el problema llevan abiertos mucho tiempo.

Cabe pensar que las reiteradas broncas de las autoridades norteamericanas sobre la desprotecci¨®n espa?ola ante la llamada pirater¨ªa, y las gestiones diplom¨¢ticas desveladas con los papeles de Wikileaks, apremiaron al Gobierno, que tiene entretenida desde hace excesivo tiempo una reforma a fondo de la Ley de Propiedad Intelectual en el contexto de la sociedad digital.

El planteamiento del Ejecutivo era claro. No perseguir al internauta que realiza la descarga o disfruta en l¨ªnea del contenido protegido, como sucede en Francia, sino al sitio que lo facilita. Indudablemente, la propiedad intelectual merece protecci¨®n dentro y fuera de Internet. Pero la industria quiere evitar que Internet sea una herramienta de vulneraci¨®n de tales derechos y quiere que se haga exclusivamente con leyes, algo que si falta capacidad de convicci¨®n no conseguir¨¢ el objetivo que buscan. Se puede cerrar webs, pero los circuitos alternativos son muchos y dif¨ªciles de cortocircuitar solo con una ley. La industria no puede pretender poner cerrojos en Internet y mantener a la vez su modelo de negocio sin tener en cuenta los cambios que se han producido.

La ley tiene dos puntos conflictivos. Uno es la desconocida composici¨®n de la Comisi¨®n, dependiente del Ministerio de Cultura, que debe examinar las denuncias presentadas por los titulares de los derechos de autor y, en su caso, tramitar el procedimiento ante la Audiencia Nacional. El segundo es el papel reservado a la Audiencia Nacional, cuyos jueces deber¨¢n resolver en cuatro d¨ªas si procede el cierre de la web acusada. El juez no debe entrar en el fondo de la cuesti¨®n, s¨®lo contemplar si la medida afecta a derechos fundamentales. Es decir, el an¨¢lisis judicial del caso se pospone a la decisi¨®n posterior de otros tribunales por la v¨ªa del recurso, cuando el sitio denunciado ya ha sido cerrado. Cualquier decisi¨®n por parte de los tribunales ordinarios que se opusiera al cierre avalado por la Audiencia Nacional conllevar¨ªa una rectificaci¨®n tard¨ªa y dif¨ªcil de evaluar.

No tiene defensa posible un Internet libre en el que quepan conductas delictivas. El ciberespacio no debe ser ajeno al Estado de derecho, y quienes lo vulneran no pueden tener patente de corso. Pero a la vez hay que asegurar una definici¨®n clara de los supuestos perseguibles, una graduaci¨®n de las sanciones acorde con la gravedad de la infracci¨®n, y un proceso con garant¨ªas cuando lo que est¨¢ en juego es el cierre definitivo de un sitio.