La comisi¨®n indaga sobre la empresa del ex director de la Ertzaintza
La iniciativa abarca posibles trabajos de PCI para el Gobierno de 2001 a 2009
La comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria del caso De Miguel, las supuestas corrupci¨®n y espionaje por la que est¨¢n imputados militantes y ex dirigentes del PNV, quiere saber si la empresa PCI obtuvo contratos del Gobierno vasco entre 2001 y 2009, los dos mandatos que complet¨® Juan Jos¨¦ Ibarretxe y durante los cuales su actual director, Jon Uriarte, fue alto cargo.
El inter¨¦s de la comisi¨®n deriva del hecho de que esa empresa de seguridad fich¨® el a?o pasado como directivo a Jon Uriarte, uno de los llamados a comparecer ante ella en su condici¨®n de ex director de la Ertzaintza. Uriarte se incorpor¨® a ese puesto al poco de ser relevado por el nuevo equipo que lleg¨® a Interior con Rodolfo Ares.
Jon Uriarte pas¨® de dirigir la polic¨ªa vasca a una firma de seguridad
La compa?¨ªa desarroll¨® el plan de protecci¨®n del Parque de Mi?ano
PCI Security Doctors es una empresa entre cuyo personal m¨¢s cualificado se encuentran varios veteranos ex ertzainas de las primeras promociones, formadas bajo el control m¨¢s estricto del PNV e integradas por hombres de su confianza pol¨ªtica. Sita en el Parque Tecnol¨®gico de Mi?ano, desarroll¨® el plan de seguridad del mismo, entre otros trabajos para instituciones p¨²blicas.
Uriarte se incorpor¨® a esa firma sin guardar los dos a?os de cuarentena que impone la ley estatal a los cargos p¨²blicos respecto de compa?¨ªas con las que las instituciones para las que han trabajado hayan tenido relaciones contractuales.
La regulaci¨®n vasca de las incompatibilidades de cargos y ex cargos pol¨ªticos resulta m¨¢s laxa que la general, por m¨¢s que el PSE y el PP desde la oposici¨®n intentaran en varias ocasiones endurecerla y equipararla a lo que est¨¢ establecido en el conjunto de Espa?a. Los socialistas lo propusieron en 2004 y en 2001, pero chocaron con la oposici¨®n del tripartito de Ibarretxe, pese a que se hab¨ªan producido varios casos pol¨¦micos. As¨ª, los ex consejeros Inaxio Oliveri y Javier Retegi, de Educaci¨®n e Industria, respectivamente, pasaron a ser rector de Mondragon Unibertsitatea, el primero, y a incorporarse como directivo a ese mismo grupo el segundo.
M¨¢s ruido a¨²n hizo el del viceconsejero de Energ¨ªa Javier Aranburu, quien prepar¨® la privatizaci¨®n de Naturcorp desde la vicepresidencia del Ente Vasco de Energ¨ªa (EVE) y luego fue nombrado director general de la empresa privatizada por la el¨¦ctrica asturiana Hidrocant¨¢brico, que se adjudic¨® el concurso. Tan controvertido o m¨¢s fue el fichaje del ex diputado de Hacienda de Vizcaya Javier Urizarbarrena por una asesor¨ªa fiscal tras dejar su cargo.
El PSE y el PP celebraron la llegada de Uriarte al frente de la Ertzaintza en julio de 2005, tras ser director de seguridad ciudadana, sobre todo porque relevaba en el cargo a Natxo Ormaetxe, un hombre del sector soberanista del PNV que se hab¨ªa declarado en una entrevista en Le Monde partidario del di¨¢logo con ETA y consideraba imposible acabar de otro modo con la banda.
Licenciado en Derecho, Uriarte fue tambi¨¦n concejal del Ayuntamiento de Vitoria, que abandon¨® antes de que llegara Aitor Telleria, otro de los llamados a declarar ante la C¨¢mara, en este caso adem¨¢s ya imputado tanto en el caso de supuesta corrupci¨®n en el Parque Tecnol¨®gico de Mi?ano como en la pieza separada, a¨²n bajo secreto del sumario, que investiga el presunto espionaje. Teller¨ªa ser¨ªa el dirigente del PNV al que reportaban los ertzainas que realizaron la informaci¨®n sobre personalidades pol¨ªticas y empresariales alavesas hallada en fichas en su ordenador.
Despu¨¦s de dejar el Ayuntamiento de Vitoria, Uriarte pas¨® al ¨¢rea de Funci¨®n P¨²blica del Gobierno, de la que lleg¨® a ser director. Su incorporaci¨®n a la Ertzaintza se produjo por el ¨¢rea de Recursos Humanos, de la que salt¨® a la direcci¨®n de Seguridad Ciudadana y despu¨¦s al m¨¢ximo cargo al frente de la polic¨ªa vasca.
Las otras peticiones de informaci¨®n
Entre las otras peticiones de documentaci¨®n que la comisi¨®n parlamentaria del
caso De Miguel
ha remitido al Gobierno, figuran las siguientes: por un lado, todos "los informes y documentaci¨®n elaborados por el Gobierno en la investigaci¨®n de la presunta trama de espionaje que no est¨¦ sometida al secreto de sumario judicial" o los que, est¨¢ndolo ahora, queden liberados de ese condicionamiento, en el mismo momento en que el juzgado instrucro as¨ª lo determine. En la medida en que el juez ha vuelto a prorrogar por un mes el secreto del sumario sobre esta parte de la investigaci¨®n global que desarrolla el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Vitoria, es bastante probable que la comisi¨®n tenga que esperar todav¨ªa a poder contar con esos papeles.
La comisi¨®n ha reclamado igualmente "todos los informes internos redactados en el Departamento de Interior sobre las denuncias de espionaje que hayan sido remitidos al juzgado". En esta segunda petici¨®n no figura ninguna referencia al secreto de sumario, que en realidad pesa sobre toda la pieza separada que constituye el
caso Telleria
por el supuesto espionaje.
Una tercera solicitud para esta parte de la investigaci¨®n abarca a la informaci¨®n relativa a "las funciones de la Unidad de Investigaci¨®n de la Eztzaintza" -en referencia, se supone, a la antiguamente denominada Unidad de Investigaci¨®n y An¨¢lisis de la polic¨ªa vasca, as¨ª como sobre "la cadena de mando, los sistemas de control y la forma de funcionamiento" de la misma y "sus posibilidades de acceso a sumarios o informaci¨®n en general".
La otra cuesti¨®n relacionada con ese aspecto de la investigaci¨®n se refiere a los posibles contratos cerrados entre el Gobierno anterior y la empresa que emple¨® a su ex alto cargo tras la llegada del nuevo equipo de Interior.
El supuesto espionaje es, de los cuatro apartados en los que la comisi¨®n ha dividido su trabajo, el que menos solicitudes de informaci¨®n ha generado. De hecho, se limitan a las cuatro citadas, mientras que para los otros tres apartados de la investigaci¨®n -los contratos de la consejer¨ªa de Cultura en la pasada legislatura, la ampliaci¨®n del Parque Tecnol¨®gico de Mi?ano y la recalificaci¨®n de terrenos en Zambrana y Santurtzi- hay varias decenas.
La comisi¨®n le ha reclamado solo al Ejecutivo un total de 38 paquetes de documentos, tanto sobre las empresas supuestamente beneficiadas por Cultura -Kataia, Errexal y Ortzi Muga- como sobre la gesti¨®n de compra de suelo para ampliar el parque de Mi?ano y las operaciones de compraventa de terrenos en Santurtzi y Zambrana. A las Diputaciones de ?lava y Vizcaya se les pide, entre otras cuestiones, datos tributarios de ingresos y pagos a terceros de las empresas relacionadas con unos y otros casos y a la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social, los listados de sus plantillas.
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