Sabotaje al Estado

La posibilidad de un sabotaje contra las dos grandes instituciones suprapartidistas del Estado -el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- no fue prevista por la norma fundamental. Aunque el int¨¦rprete supremo de la Constituci¨®n y el ¨®rgano de gobierno de los jueces posean caracter¨ªsticas estructurales y funcionales propias (tales como el n¨²mero y la duraci¨®n de mandatos de sus miembros), ambos tienen en com¨²n la necesidad de mayor¨ªas parlamentarias cualificadas para su renovaci¨®n y la exigencia de que los candidatos sean juristas de reconocida competencia con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio profesional.

En teor¨ªa, las mayor¨ªas cualificadas -3/5 de las C¨¢maras en este caso- garantizan el acuerdo sobre los candidatos en funci¨®n de sus m¨¦ritos y evitan la irrupci¨®n en esas instituciones de los hom¨®logos del caballo de Cal¨ªgula. En la pr¨¢ctica, el leg¨ªtimo consenso entre los dos partidos capaces de alcanzar esa mayor¨ªa reforzada -PSOE y PP- ha sido fraudulentamente suplantado por el ileg¨ªtimo reparto de cuotas libremente administradas por cada grupo. Los populares han sido hasta ahora los principales responsables de ese sabotaje al esp¨ªritu constitucional, limit¨¢ndose los socialistas a secundarles vergonzantemente.

El grupo parlamentario del Partido Popular estanca de nuevo la renovaci¨®n del Constitucional

El PP bloque¨® durante dos a?os -hasta octubre de 2008- la renovaci¨®n del CGPJ elegido en 2001; y durante tres -hasta diciembre de 2010- la de los cuatro magistrados del TC nombrados por el Senado en 1998. La circunstancia de que la renovaci¨®n del cupo elegido por el Congreso en 2001 coincidiera cronol¨®gicamente en la l¨ªnea de salida con el rezagado turno del Senado inspir¨® al PSOE y al PP la atropellada aprobaci¨®n de una ley -m¨¢s que dudosamente constitucional- para limitar temporalmente el mandato de los magistrados que accedan a sus plazas con involuntario retraso por la pr¨®rroga de sus predecesores e impedir as¨ª otro hacinamiento en el futuro de los jueces renovados por ambas C¨¢maras. Para colmo de las irregularidades, el Gobierno retuvo la publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado de los magistrados nombrados el pasado 1 de diciembre por el Senado a fin de posibilitar el nombramiento del nuevo presidente de un TC enteramente renovado.

Hete aqu¨ª, sin embargo, que el grupo parlamentario popular vuelve a las andadas y parece dispuesto a bloquear indefinidamente la designaci¨®n por el Congreso de los sustitutos de los cuatro magistrados con mandato vencido en noviembre de 2010 (y de plaza de otro fallecido en mayo de 2008) hasta que el PSOE acepte el tr¨¢gala de votar a un candidato indeseado. Rechazado previamente por el Senado, sin el prestigio necesario para desempe?ar el cargo y en el dudoso umbral de los 15 a?os de ejercicio profesional requeridos, el aspirante Enrique L¨®pez es un mirlo blanco para el PP solo por los disciplinados servicios prestados a su causa cuando fue portavoz del CGPJ.