?An¨¦cdota o algo m¨¢s?

Es obvio que cualquier ciudadano tiene derecho a estar en desacuerdo con una ley, sea estatal o auton¨®mica. Que la ley haya sido aprobada por las Cortes Generales o por el Parlamento de la comunidad aut¨®noma que sea, ¨²nicamente quiere decir que se est¨¢ obligado a cumplirla, pero no a compartir la decisi¨®n que dicha norma contiene. Se tiene incluso derecho a iniciar una campa?a con la finalidad de intentar conseguir que la ley sea modificada o derogada en el futuro o que sea impugnada por quienes tienen legitimidad para hacerlo. En este sentido, una campa?a de recogida de firmas, con la finalidad de hacerlas llegar al Defensor del Pueblo que tiene legitimidad para interponer un recurso de inconstitucionalidad entra dentro de lo aceptable en nuestro ordenamiento jur¨ªdico.

Nada se puede objetar, en consecuencia, a que el propietario del Asador Guadalmina de Marbella califique la ley antitabaco de texto "absurdo y anticonstitucional" y haya anunciado la iniciativa de recoger firmar y crear una plataforma de empresarios contra la ley. Todo esto no solamente puede hacerlo, sino que los poderes p¨²blicos tienen que garantizar su derecho a poder hacerlo, en el supuesto de que, de alguna manera, se pretendiera obstaculizar el ejercicio de tal derecho.

Ahora bien, el ejercicio de tal derecho no es compatible con el incumplimiento de la obligaci¨®n de aplicar la ley. Precisamente porque tiene la obligaci¨®n de cumplirla es por lo que tiene derecho a discrepar de ella y a poner en marcha todas las iniciativas que crea pertinentes para acabar con ella. Su derecho es inseparable del deber. Esto es algo tan b¨¢sico que no hay nadie que no lo pueda saber. No hay que haber estudiado nada para saber que es as¨ª y que, sin esa obligaci¨®n de cumplir las normas, simplemente no podr¨ªamos vivir civilizadamente. En consecuencia, nadie puede justificar una conducta de esta naturaleza, aunque pueda estar de acuerdo con la opini¨®n que la motiva.

Justamente por eso, resulta preocupante que se haya producido. La ley ha sido aprobada tras un proceso muy largo de maduraci¨®n en la sociedad espa?ola. Se ensay¨® una primera norma y, tras analizar detenidamente los resultados de su aplicaci¨®n y haber realizado estudios exhaustivos, se ha llegado a la conclusi¨®n de que por motivos de salud p¨²blica era mejor soluci¨®n sustituir la ley antigua por la ley actual en los t¨¦rminos en que est¨¢ redactada.

No estamos ante un decreto-ley o ante una norma que se ha aprobado por el procedimiento de urgencia, que no ha permitido que los ciudadanos en general y los empresarios m¨¢s afectados por la norma en particular, no hayan tenido posibilidad de hacer valer sus puntos de vista. Todo lo contrario. Pocas normas se han aprobado en Espa?a o en cualquier otro pa¨ªs democr¨¢ticamente constituido en las que se haya hecho un esfuerzo tan notorio por justificar de manera objetiva y razonable el contenido y el alcance de la decisi¨®n que se adoptaba. Si hay alguna ley en la que se produce la coincidencia entre voluntad y ratio es en esta. La racionalidad de la norma justifica plenamente la manifestaci¨®n de autoridad que impone su cumplimiento.

Por eso el acto de rebeli¨®n protagonizado por el propietario del Asador Guadalmina resulta preocupante. ?Es una an¨¦cdota o estamos ante algo m¨¢s? Esperemos que sea solamente lo primero. En todo caso, est¨¢ claro que la pelota est¨¢ en este momento en el Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa, que es la Administraci¨®n competente en ¨²ltima instancia para hacer cumplir la ley. A una rebeli¨®n de esta naturaleza hay que ponerle fin de manera inmediata.