Una juez cuestiona las pruebas de edad que se realizan a los j¨®venes inmigrantes

Una juez de Barcelona ha cuestionado por primera vez las pruebas radiol¨®gicas que se realizan en la mu?eca a los j¨®venes inmigrantes para determinar si son menores de edad y si, por tanto, la Generalitat se ha de hacer cargo de ellos. Un auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 16 de Barcelona en el caso de un joven de Ghana cuestiona esa radiograf¨ªa se?alando que "no se ha aportado informe m¨¦dico-forense acerca del margen de error, incidencia de la raza en este margen y grado de fiabilidad de la prueba".

La juez a?ade que en el proceso solo se present¨® la radiograf¨ªa que sirvi¨® a la fiscal¨ªa para determinar que era mayor de edad, realizada -como todas ellas- en el hospital Cl¨ªnic. Pero la juez a?ade que la fiabilidad de la prueba se aclarar¨¢ en el juicio del caso. Por el contrario, precisa que el pasaporte es el documento id¨®neo para determinar la edad del joven y que se convierte en prueba sin necesidad de legalizar su validez, porque no existe convenio internacional con aquel pa¨ªs.

Los razonamientos de la juez contradicen la actitud que suelen mantener la fiscal¨ªa, los Mossos d'Esquadra y la Direcci¨®n General de Atenci¨®n a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), que consideran que la prueba radiol¨®gica es determinante y aseguran que muchos de los pasaportes que llevan consigo los menores est¨¢n falsificados. Por ese motivo, cuando la polic¨ªa auton¨®mica encuentra a un joven inmigrante en la calle en situaci¨®n de desamparo, lo pone a disposici¨®n de la fiscal¨ªa y se le somete a esas pruebas. Si es mayor de edad, es muy probable que ni siquiera entre en un centro de la Generalitat y sea expulsado.

Albert Par¨¦s, abogado que representa al joven inmigrante, considera que el pronunciamiento judicial "abre la puerta a nuevos casos" y "por primera vez recoge lo que ya ha dicho el Tribunal Supremo en alguna ocasi¨®n". El alto tribunal ya ha cuestionado en alguna sentencia las pruebas radiol¨®gicas y ha considerado el pasaporte del menor una prueba m¨¢s determinante.

En este caso, sin embargo, el pronunciamiento judicial no tendr¨¢ ning¨²n efecto, pues el menor cumpli¨® 18 a?os el pasado d¨ªa 3 y la juez acuerda que siga atendido por el Servicio de Refugiados e Inmigrantes de la Cruz Roja. Considera que no existe situaci¨®n de grave riesgo que exija una intervenci¨®n urgente ni la adopci¨®n de medidas cautelares. Con todo, el abogado piensa continuar el proceso y solicitar de la juez que se pronuncie sobre la posible responsabilidad de la Generalitat por desentenderse del menor. El S¨ªndic de Greuges tamb¨¦ ha cuestionado en diversas ocasiones la actuaci¨®n de la DGAIA.