Un juez niega a un divorciado en paro bajar su pensi¨®n porque es inform¨¢tico

Francisco Igorra, un padre separado de M¨¢laga, est¨¢ tratando de que los juzgados corrijan una sentencia de divorcio que le obliga a pagar una pensi¨®n alimenticia de 950 euros a los tres hijos que tiene con sus ex esposa. Igorra, programador inform¨¢tico de 39 a?os, asegura que no tiene trabajo y apenas dinero para subsistir, algo que el juez de familia no se cree. En su sentencia de divorcio, de marzo de 2010, el magistrado Jos¨¦ Luis Utrera asegur¨® que la inform¨¢tica pertenece a "una rama econ¨®mica que no se ha visto afectada por la crisis y en continua expansi¨®n".

El padre ha recurrido el fallo sin ¨¦xito ante la Audiencia Provincial y ahora quiere llevar su caso al Tribunal Constitucional. Ya adeuda una buena cantidad de dinero a su ex pareja, que le ha denunciado por impago de la pensi¨®n por v¨ªa penal. "Ella me dijo que no iba a parar hasta verme en la c¨¢rcel. No hago absolutamente nada que no pueda acreditar despu¨¦s, porque me denuncia por todo", asegura.

El juez sospecha que el hombre trabaja "en la econom¨ªa sumergida"

La pareja se separ¨® en 2008. En noviembre de este a?o, el juez Utrera fijo una serie de medidas provisionales, entre ellas la pensi¨®n alimenticia que tendr¨ªa que pagar por sus tres hijos, que hoy tienen 17, 15 y 6 a?os, y viven con la madre. "No se descarta que el demandado pudiera realizar trabajos en la econom¨ªa sumergida", contempl¨® entonces el magistrado refiri¨¦ndose a un dato que aport¨® su esposa durante un interrogatorio.

En la sentencia de divorcio, de marzo de 2010, Utrera mantuvo la cuant¨ªa de la pensi¨®n: 950 euros. El juez incidi¨® en que no le resultaba cre¨ªble "el nivel de ingresos alegado por el padre" y que, durante el juicio, no acredit¨® suficientemente que hab¨ªa dejado de trabajar para unas empresas que le generaban una facturaci¨®n de unos 3.000 euros mensuales. "Parece m¨¢s bien que estamos ante una insolvencia buscada de prop¨®sito para no hacer frente a sus obligaciones parentales", estim¨®.

"Ni que yo fuera el segundo Bill Gates (...) Si he tenido que recurrir a la Iglesia para conseguir alimentos", se queja Igorra. El padre mantiene que calcularon su situaci¨®n econ¨®mica con "una ¨²nica factura" presentada por la defensa de su mujer y, desde entonces, no se han preocupado de investigar si su situaci¨®n econ¨®mica ha cambiado.

Igorra asegura que ha pasado "serias calamidades econ¨®micas". Ahora vive en un piso propiedad de los padres de su nueva pareja y tiene "seis meses de desempleo", fruto de su ¨²ltimo trabajo. "Me siento ninguneado e indefenso. No puedo hacer nada en el juzgado sin que me pregunten si he pagado la pensi¨®n, pero mi ex esposa ha cambiado de colegio a mis hijos y ha decidido que hagan la comuni¨®n, algo que est¨¢ obligada a consultarme", relata. Durante la separaci¨®n, Igorra pidi¨® que se estudiara si sus hijos padec¨ªan el llamado s¨ªndrome de alienaci¨®n parental, un proceso que consiste en programar a los hijos para que odien a uno de los padres, y que no est¨¢ diagnosticado por la Organizaci¨®n Mundial de la Salud.

"Una psic¨®loga hizo un informe charlando con las dos mayores, pero no hablaron con el peque?o, la madre o conmigo y as¨ª no se puede determinar", explica. En el recurso de apelaci¨®n, reclam¨® la custodia de sus hijos y que fuera la madre quien le pagara a ¨¦l una pensi¨®n de 450 euros, o que al menos, redujeran la cuant¨ªa que tiene que pagar a esta cifra.