Democracia y mayor¨ªa

Las elecciones que vienen, que se rematar¨¢n con los comicios generales de 2012, aconsejan resaltar lo que tienen de expresi¨®n democr¨¢tica, m¨¢s que de constataci¨®n en las urnas de los resultados presagiados en los sondeos. La fiesta c¨ªvica que significan no se agota en la cantidad de votos que se emiten, se escrutan y otorgan el poder municipal, auton¨®mico o estatal, sino que debe vincularse a un ¨¢mbito m¨¢s ambicioso: la profundizaci¨®n de la democracia.

No son estos tiempos propicios para la ¨¦pica de las ideolog¨ªas, cuando quienes gobiernan abdican de los principios y promesas que esgrimieron para alcanzar el poder, en aras, ahora, de cumplimentar las exigencias econ¨®micas que los acreedores mundiales imponen, con el talante del cobrador del frac, y sin compromiso alguno de clemencia futura. Pero es preciso que los nuevos procesos electorales no ofrezcan un saco de propuestas a incumplir, sino de proyectos cre¨ªbles para la ciudadan¨ªa y que apliquen los valores democr¨¢ticos.

Quienes gobiernan abdican de los principios para atender a los 'cobradores del frac'

El comportamiento reciente de los partidos invita a la desesperanza. La atenci¨®n dedicada a las encuestas ha dejado en muy segundo plano la democracia de los avances sociales y los derechos humanos. Ha primado m¨¢s asegurarse una mayor¨ªa parlamentaria para decretar y prorrogar el estado de alarma, rebajar la justicia universal o restringir la participaci¨®n electoral que la dedicaci¨®n al debate sobre el contenido democr¨¢tico de cada uno de esos acuerdos.

Y ante cualquier profundizaci¨®n medi¨¢tica de la democracia -como el reciente festival informativo de los papeles de Wikileaks, en el que ha participado EL PA?S, gozosamente para sus lectores- los grandes partidos hacen c¨¢lculos electorales sobre el impacto que las puras noticias puede producir sobre sus votantes, con olvido doloso del derecho de los ciudadanos a conocer los enga?os, peque?os y grandes, que se perpetran contra ellos desde el poder. Preocupados solo por los votos y sin reconocer ante la ciudadan¨ªa que han quebrantado la dignidad institucional a la que est¨¢n obligados, objetan a quienes han cumplido con su deber democr¨¢tico la falta de complicidad con los poderes p¨²blicos para mantener en secreto las mentiras oficiales, en nombre de la raz¨®n de Estado.

La obsesi¨®n por la mayor¨ªa y el olvido de la democracia lleva a los dos grandes partidos de ¨¢mbito estatal, ante reclamaciones de los nacionalistas perif¨¦ricos, a pertrecharse tras la Constituci¨®n espa?ola y a invocar la llave que ellos poseen para reformarla. En una reciente obra, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Soroa asegura que las reclamaciones secesionistas o autodeterministas de una parte de la poblaci¨®n "son plenamente leg¨ªtimas y la democracia como sistema de gobierno y de sociedad debe de ser capaz de atenderlas" (El esencialismo democr¨¢tico, Editorial Trotta y Fundaci¨®n Alonso Mart¨ªn Escudero, Madrid, 2010, p¨¢gina 166). Y a?ade: "De lo contrario, estar¨ªamos ante un sistema constitucionalmente irreformable en un aspecto de su arquitectura (como es la delimitaci¨®n de sus fronteras), cuando no existe ninguna raz¨®n sustantiva para que ese aspecto concreto sea tratado como intangible" (obra citada, p¨¢gina 173).

Este jurista considera inaceptable la apelaci¨®n al procedimiento que la propia Constituci¨®n establece para su reforma, "puesto que resulta bastante claro", razona, "que esas cl¨¢usulas de reforma constitucional no est¨¢n al alcance de las minor¨ªas (...) a las que podr¨ªan interesar", sino solo "de los partidos mayoritarios nacionales capaces de reunir las mayor¨ªas requeridas". Desde su criterio de que la reclamaci¨®n debe atenderse, "por inc¨®moda y desagradable que resulte", Ruiz Soroa plantea una f¨®rmula original, que llevar¨ªa consigo la reforma constitucional, en su caso, solo al final del proceso.

Se tratar¨ªa de establecer, mediante una ley ordinaria, el principio de que, "si en el futuro la representaci¨®n parlamentaria de una comunidad aut¨®noma, por una mayor¨ªa cualificada, solicitara del Gobierno central la apertura de un proceso de debate, discusi¨®n y decisi¨®n en torno a una posible secesi¨®n de tal comunidad aut¨®noma, tal proceso se abrir¨ªa obligadamente, conforme a los pasos y etapas establecidos en ese mismo texto", entre ellos la "comprobaci¨®n de la voluntad democr¨¢tica clara de la poblaci¨®n afectada, a trav¨¦s de un refer¨¦ndum". Y si el proceso condujera a la conveniencia de admitir la secesi¨®n negociada, "la nueva ley establecer¨ªa la obligaci¨®n del Gobierno de promover la reforma de la Constituci¨®n, de manera que se modificara la estructura territorial espa?ola" (obra citada, p¨¢gina 174).

La singularidad de esta audaz e imaginativa propuesta reside en que, inspir¨¢ndose en el dictamen del Tribunal Supremo de Canad¨¢ sobre la secesi¨®n de Quebec, Ruiz Soroa no vincula su validez democr¨¢tica a la existencia de una mayor¨ªa favorable a la secesi¨®n, sino a la claridad de la decisi¨®n y a la evaluaci¨®n cualitativa de la misma. Por ello, en cuanto al caso vasco, este jurista puntualiza que "dif¨ªcilmente podr¨ªa admitirse que en una sociedad donde se ha vivido intensamente un terrorismo activo de motivaci¨®n secesionista durante un periodo muy prolongado de tiempo, puedan darse las condiciones de reflexi¨®n y deliberaci¨®n necesarias, mientras no transcurra bastante tiempo desde el fin total del terrorismo" (obra citada, p¨¢gina 170). No bastar¨ªa la mayor¨ªa. La decisi¨®n democr¨¢tica exige m¨¢s matices.