El primer juicio a un jefe de la Inspecci¨®n Fiscal
La Audiencia vizca¨ªna abre ma?ana la vista por favorecer a 170 contribuyentes
Es la primera vez en Euskadi que el principal responsable t¨¦cnico de combatir el fraude fiscal va a ser juzgado por encubrirlo. Tal vez por eso, el juicio que comienza ma?ana en la Audiencia de Vizcaya es uno de los de mayor duraci¨®n prevista de los celebrados hasta ahora en el Pa¨ªs Vasco: casi dos meses. Y otro punto singular es que han transcurrido m¨¢s de siete a?os desde que un juzgado de Bilbao iniciase la investigaci¨®n y ocho desde que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n comenzase a investigar.
El protagonista es Juan Ram¨®n Ibarra, subdirector de Inspecci¨®n Fiscal de Vizcaya entre el 1 de febrero de 1989 y el 5 de febrero de 2004, cuando fue destituido por la Diputaci¨®n al abrirse la investigaci¨®n judicial. En funci¨®n de su cargo, era el responsable de controlar que los contribuyentes pagasen lo que deb¨ªan y solo ten¨ªa como superiores a dos cargos pol¨ªticos: el director de Hacienda y el diputado foral.
Ibarra est¨¢ acusado de cinco delitos por evitar inspecciones a empresas y personas
La fiscal¨ªa asegura que el imputado cobr¨® 337.000 euros por su actuaci¨®n
Junto a ¨¦l est¨¢n imputados otros tres funcionarios de Hacienda por supuesta colaboraci¨®n en la trama. Los delitos son prevaricaci¨®n, falsificaci¨®n e infidelidad en la custodia de documentos, a los que en el caso de Ibarra se le unen los de desobediencia y cohecho. Este ¨²ltimo es uno de los m¨¢s llamativos, ya que la fiscal¨ªa acusa al ex jefe de la Inspecci¨®n de haber cobrado "como m¨ªnimo" 337.000 euros por dar un trato a favor a casi 170 contribuyentes, la mayor¨ªa empresas y sociedades.
La investigaci¨®n del Ministerio P¨²blico establece que el trato a favor se produjo al impedir Ibarra que estas compa?¨ªas fuesen inspeccionadas. Para ello estableci¨® un sistema peculiar: implant¨® un sistema inform¨¢tico para bloquear la vigilancia a esos 170 contribuyentes, sin "otra justificaci¨®n que excluirles de la posibilidad de verificaci¨®n de cumplimiento de las obligaciones tributarias", se?ala la Fiscal¨ªa de Vizcaya. As¨ª, sin su autorizaci¨®n no se pod¨ªa realizar ninguna inspecci¨®n en estos casos, lo que contraven¨ªa los procedimientos internos. Ibarra se arrogaba una tarea que no le correspond¨ªa: la vigilancia directa, ya que ¨¦l no se dedicaba a instruir expedientes.
La fiscal¨ªa relata varios ejemplos: a la sociedad Airlan se le abri¨® una inspecci¨®n en marzo de 2002; dos meses despu¨¦s, Ibarra "alter¨® el alcance de las actuaciones inspectorales limit¨¢ndolas a retenciones de trabajo personal". En el caso de High Tecnology Management, Ibarra orden¨® que cesase la investigaci¨®n fiscal en junio de 2001. El plan de an¨¢lisis al grupo empresarial Aguinaga-Llantada fue retirado por el acusado sin realizar "actividad alguna de comprobaci¨®n" del fraude que se sospechaba. Y las sociedades Biltosan y Maderas Negrete, con una inspecci¨®n abierta en diciembre de 1995, vieron archivada la misma "a petici¨®n del acusado" sin practicar "actuaciones inspectoras ni de comprobaci¨®n".
Uno de los casos m¨¢s llamativos es el supuesto fraude de 4,2 millones de euros descubierto por un inspector en 1997 en las firmas Inversiones Galax, Estigia, Angal, Promociones Negra y Promociones Bartal. Al a?o siguiente, Ibarra se?al¨® que "era aventurada" dicha estimaci¨®n de deuda y en 1999 la investigaci¨®n qued¨® archivada.
Ibarra desobedeci¨® tambi¨¦n, seg¨²n las diligencias practicadas, a su inmediato superior, el entonces director de Hacienda Javier Muguruza, al descubrir ¨¦ste que se estaba bloqueando la inspecci¨®n a un asesor fiscal vizca¨ªno, Fernando G¨®mez. Muguruza exigi¨® que se borrase la lista de supuestos favorecidos, pero el ex jefe de la Inspecci¨®n "no acat¨® la orden, sino que adem¨¢s carg¨® en la aplicaci¨®n a dos contribuyentes m¨¢s" y luego "persisti¨® en su actuaci¨®n" hasta 2003, cuando intervino Anticorrupci¨®n.
El acusado argument¨® en su declaraci¨®n al juez instructor que el listado de contribuyentes exist¨ªa, pero su intenci¨®n era proteger a empresas en crisis o amenazadas por ETA. Las investigaciones no hallaron un trato favorable a ning¨²n partido, hip¨®tesis con la que se trabaj¨® inicialmente, pero un informe de la Agencia Tributaria descubri¨® ingresos no justificados de Ibarra por valor de 337.000 euros. Con ello, la fiscal¨ªa estima que el acusado recibi¨® una contraprestaci¨®n econ¨®mica por su labor.
El ex jefe de la Inspecci¨®n adujo que hered¨® esa cantidad de su padre, fallecido en 2003. Sin embargo, la fiscal¨ªa asegura que la funcionaria de Hacienda que practic¨® la liquidaci¨®n de dicha herencia, advirti¨® de que "dichas cantidades no se encontraban en las cuentas titularidad del fallecido".
Expectaci¨®n en Hacienda
Los funcionarios de la Hacienda vizca¨ªna no han olvidado aquel d¨ªa de marzo de 2003 cuando agentes de la Guardia Civil se presentaron en las oficinas de Bilbao con una orden de registro dentro de una operaci¨®n que buscaba una supuesta trama de financiaci¨®n irregular del PNV. La apertura, un a?o despu¨¦s, de la investigaci¨®n judicial motiv¨® la destituci¨®n de Juan Ram¨®n Ibarra y un tenso ambiente en la Hacienda foral que tard¨® bastante tiempo en disiparse.
El ex jefe de la Inspecci¨®n ha seguido trabajando en las mismas oficinas, aunque en una labor administrativa: elabora informes y estudios. "Ficha y cumple su horario normal, como los dem¨¢s", dice uno de sus compa?eros. El car¨¢cter reservado de Ibarra ha impedido conocer c¨®mo ha vivido estos ocho a?os. "Se le ve m¨¢s tranquilo, normal", aseguran. Y el escepticismo sobre su implicaci¨®n persiste: "Mientras no lo vea probado, no me creo que haya habido un lucro personal. Otras cosas, no s¨¦", afirma un funcionario.
En el caso de los otros tres imputados, la opini¨®n sobre su inocencia es generalizada. "Hay un sentimiento de incredulidad e indignaci¨®n, sobre todo porque sigan imputados tras ocho a?os. No se tiene la menor duda sobre su comportamiento. Estamos seguros de que ser¨¢n absueltos", afirman las mismas fuentes.
Lo que s¨ª existe entre los empleados es una gran expectaci¨®n "e incertidumbre sobre lo que va a pasar" en el juicio.
Las principales claves de la causa
- JUAN RAM?N IBARRA SE ENFRENTA A PENAS DE 11 A?OS DE PRISI?N, SEG?N LA PETICI?N DE LA FISCAL?A, DESGLOSADOS EN CINCO POR UN DELITO DE FALSIFICACI?N; TRES POR INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y OTRO TRES POR COHECHO (SOBORNO A UN FUNCIONARIO P?BLICO). EST? ACUSADO DE INCLUIR EN LOS ARCHIVOS DE LA HACIENDA FORAL DATOS FALSOS SOBRE LAS INSPECCIONES A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES Y DE EVITAR INDAGACIONES INICIADAS.
- LOS OTROS TRES FUNCIONARIOS IMPUTADOS SON EL EX INSPECTOR JOS? LUIS SILVESTRE, AHORA JUBILADO; EL SUBINSPECTOR JOAQU?N TEBAR Y LA JEFA DE DOCUMENTACI?N VALVANERA CANAL. EL PRIMERO, EN SU CONDICI?N DE RESPONSABLE DE LA PREPARACI?N DE LOS PLANES DE INSPECCI?N, EST? ACUSADO DE CONOCER LA LISTA DE SUPUESTOS PROTEGIDOS, "ADMITIENDO Y AVALANDO TAL PROCEDER", SEG?N EL FISCAL. AL SUBINSPECTOR, RESPONSABLE ENTONCES DE LA UNIDAD DE SELECCI?N DE CONTRIBUYENTES, SE LE CULPA DE INFORMAR A IBARRA SOBRE SI LA PERSONA A LA QUE SE IBA A INVESTIGAR ERA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA LISTA. LA JEFA DE DOCUMENTACI?N EST? ACUSADA DE REALIZAR "MATERIALMENTE" EL LISTADO DE PRESUNTOS BENEFICIARIOS, "A SABIENDAS DE QUE NO EXIST?A AUTORIZACI?N NI SE PRACTICABAN ACTUACIONES" CONTRA ELLOS.
- PARA CADA UNO DE LOS TRES, EL FISCAL PIDE OCHO A?OS DE C?RCEL POR FALSIFICACI?N, PREVARICACI?N E I
NFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS.
- LA FISCAL?A ADMITE QUE NO SE HA DETERMINADO SI LOS CONTRIBUYENTES DE LA LISTA PROTEGIDA "PIDIERON DICHO TRATO DE FAVOR POR S? MISMOS, FUE PEDIDO POR LOS ASESORES CON [SU] DESCONOCIMIENTO O EN ALGUNOS CASOS FUE DECISI?N PERSONAL DEL ACUSADO". POR ELLO, NO PUEDE CONCRETAR SU IMPUTACI?N. - LA ACUSACI?N TAMPOCO DEFINE EL PERJUICIO ECON?MICO DEL PRESUNTO FRAUDE FISCAL POR LA FALTA DE VIGILANCIA A ESTOS CONTRIBUYENTES, YA QUE HABR?A SIDO NECESARIA "LA CORRECTA INSPECCI?N TRIBUTARIA DE CADA UNO DE ELLOS, SIENDO AS? QUE MUCHOS DE LOS EJERCICIOS Y CONCEPTOS SE ENCONTRABAN YA PRESCRITOS". PERO ASEGURA QUE LA CIFRA DEL PERJUICIO ECON?MICO SE DETERMINAR? EN LA VISTA.
- LA DIPUTACI?N DE VIZCAYA SIEMPRE HA DEFENDIDO QUE LAS ACTUACIONES DE LOS IMPUTADOS FUERON "PERSONALES" Y QUE DESCONOC?A LO OCURRIDO, LO QUE COINCIDE CON LO EXPRESADO POR LA FISCAL?A SOBRE EL ENTONCES DIRECTOR DE HACIENDA, JAVIER MUGURUZA, QUIEN AL ENTERARSE DE LA EXISTENCIA DEL LISTADO EN 2002 COMIN? A ELIMINARLO, SIN QUE JUAN RAM?N IBARRA ATENDIESE ESTA ORDEN. CUANDO SE DESTAP? EL CASO, LA INSTITUCI?N FORAL VIZCA?NA ASEGUR? QUE REALIZ? UNA AMPLIA INSPECCI?N DE LAS CUENTAS DE LOS CONTRIBUYENTES SUPUESTAMENTE PROTEGIDOS, AUNQUE EL RESULTADO NO SE HA HECHO P?BLICO.
- LA TARDANZA EN LA INSTRUCCI?N DEL CASO HA SIDO UNO DE LOS ASPECTOS M?S CRITICADOS Y HA SUPUESTO QUE UNO DE LOS CUATRO IMPUTADOS, EL INSPECTOR JOS? LUIS SILVESTRE, YA SE ENCUENTRE JUBILADO. CASI 130 PERSONAS HAN DECLARADO ANTE EL JUEZ.
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