Suspendido el juicio por extorsi¨®n a 17 guardias para que lo vea un jurado

Vuelta al punto de partida, cinco a?os despu¨¦s. El juicio a 17 guardias civiles acusados de cobrar sobornos de ciudadanos extranjeros que aterrizaban en el aeropuerto de M¨¢laga se suspendi¨® ayer porque los delitos de los que est¨¢n acusados, principalmente cohecho, tendr¨ªa que juzgarlos un jurado popular y no un tribunal profesional. Despu¨¦s de escuchar a las defensas y al fiscal, la sala se declar¨® "incompetente" y devolvi¨® el sumario al juzgado de instrucci¨®n.

Los 17 agentes est¨¢n acusados de pedir peque?as cantidades de dinero a los extranjeros, la mayor¨ªa de las veces 50 euros, para dejarles pasar comida, plata, cuero, ropa, ordenadores o dinero. Seg¨²n el escrito del fiscal, permitieron la entrada de alimentos afectados por alertas sanitarias como la fiebre aftosa o la gripe aviar. La Fiscal¨ªa reclamaba que 11 de los guardias sean suspendidos de empleo y sueldo durante tres a?os y se les impongan multas de entre 30 y 600 euros. Para los otros seis solicitaba que se les aparte del cuerpo tres a?os y nueve meses, y tambi¨¦n una sanci¨®n econ¨®mica.

El abogado Jos¨¦ Luis Ortega, defensor de 14 de los 17 guardias, fue el encargado de plantear la nulidad del juicio "por falta de competencia" del tribunal profesional. "El tribunal ha aceptado que su competencia no estaba recogida por la ley, por lo que, si se juzga, debe ser el jurado quien lo vea (...) Humildemente creo que cuando se examine detalladamente no se va a celebrar, porque por una sanci¨®n de multa, no merece la pena", consider¨® el letrado tras suspenderse la vista.

Durante el turno de cuestiones previas, las defensas solicitaron la nulidad de las grabaciones de v¨ªdeo y audio en las que aparec¨ªan los guardias civiles enjuiciados recibiendo dinero de los pasajeros por considerarlas desproporcionadas para los delitos que se estaban investigando.

Ortega asegur¨® que esas grabaciones "no tienen auto que las permita" y que los investigadores no informaron al juez de que se iba a grabar en el cuarto que habitualmente se utilizaba para hacer los cacheos, algo que entrar¨ªa en colisi¨®n con el derecho a la intimidad de las personas que lo visitaban. "Ten¨ªan que haber actuado desde el primer cohecho y no esperar a que se sumaran veinte", afirm¨® Ortega.

"Hay una clara desproporci¨®n entre la gravedad del hecho que se investiga y las medidas que se aplican", aport¨® el abogado Pedro Apalategui, que habl¨® de un "vicio radical" que afectar¨ªa a los derechos fundamentales.

El letrado Carlos Larra?aga apunt¨® que, a esas alturas, no se hab¨ªa concretado el dinero que supuestamente hab¨ªa recibido su cliente como soborno, algo que le coloca en una situaci¨®n de indefensi¨®n. "S¨®lo es posible defenderse de aquello que previamente se conoce", dijo. Larra?aga tambi¨¦n se quej¨® porque hab¨ªan solicitado en varias ocasiones que los viajeros declarasen en el juicio, pero que les se hab¨ªa denegado.

Todos guardias civiles acusados pertenecen a la escala b¨¢sica y llevaban destinados en el aeropuerto de M¨¢laga entre diez meses y cerca de veinte a?os. Cuando fueron detenidos, en febrero de 2006, algunos estaban a punto de jubilarse. En el banquillo tambi¨¦n se sent¨® ayer un hombre de nacionalidad china, acusado de pagar a alguno de los agentes por pasar alimentos. Seg¨²n el fiscal, la comunidad china que viv¨ªa en la Costa del Sol advert¨ªa a sus familiares de que, cuando viajaran a M¨¢laga, llevaran en la mano un billete de 50 euros para evitar problemas.