'Ley Sinde'... en versi¨®n descafeinada
El Gobierno pacta con PP y CiU una enmienda conjunta a la norma antidescargas - El texto introduce nuevos plazos, m¨¢s garant¨ªas judiciales y una referencia al canon
Caf¨¦ para todos, s¨ª, pero descafeinado. La ley Sinde, rescatada ayer en el ¨²ltimo momento gracias a un pacto entre el Gobierno, el PP y CiU, superar¨¢, enmendada, el tr¨¢mite del Senado. Y lo har¨¢ reformada para contentar a todos... pero sin convencer ni a unos (internautas) ni a otros (creadores). Los populares, conscientes de la necesidad de legislar sobre la protecci¨®n de la propiedad intelectual (si no se regulaba ahora, quedar¨ªa pendiente para la pr¨®xima legislatura), ofrecieron su apoyo a cambio de una desnaturalizaci¨®n de la norma antidescargas inicial. Al fin, y despu¨¦s de tantos accidentes e incidentes, habr¨¢ una norma que permitir¨¢ el cierre de webs que sirvan sin autorizaci¨®n contenidos sujetos a derechos de autor.
Se permitir¨¢ el cierre de una web en un plazo de dos semanas
La principal novedad con respecto al texto presentado por el PSOE en el Congreso est¨¢ en los plazos: la norma permitir¨¢ clausurar los portales en un plazo de entre 15 y 17 d¨ªas. Y ofrecer¨¢ m¨¢s garant¨ªas. La enmienda tambi¨¦n contempla una mayor tutela judicial desde el inicio del proceso, cuando la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual reciba una denuncia y haya que requerir datos como qui¨¦n es el responsable del dominio, cu¨¢ntos usuarios tiene u otros asuntos sujetos a confidencialidad. "Tal requerimiento", reza la enmienda, "exigir¨¢ la previa autorizaci¨®n judicial de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del art¨ªculo 122 bis de la Ley Reguladora de la Jurisdicci¨®n Contencioso-administrativa. Una vez obtenida la autorizaci¨®n, los prestadores estar¨¢n obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificaci¨®n".
El juez interviene en otra ocasi¨®n m¨¢s y velar¨¢ por que no se vulnere los apartados 1 y 3 del art¨ªculo 18 de la Constituci¨®n, que garantizan "el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen", as¨ª como "el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegr¨¢ficas y telef¨®nicas, salvo resoluci¨®n judicial". "Se refuerzan las garant¨ªas que ya exist¨ªan en consenso con el PP", asegur¨® anoche la ministra ?ngeles Gonz¨¢lez-Sinde a la prensa, a la que convoc¨® a un encuentro apresurado en el Senado. "Es una ley que respeta los derechos de todos. Un modelo distinto al de los pa¨ªses de nuestro entorno. Cuando empiece a funcionar comprobaremos que no supone una amenaza para el uso de Internet. Tiene que quedar claro que no se perseguir¨¢ a los individuos", a?adi¨®.
Tambi¨¦n se introduce en el texto el compromiso de adecuar el canon digital -interpretado por todos como una victoria del PP- a la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que entend¨ªa que se aplicaba en Espa?a de modo indiscriminado al obligar a su pago a las personas jur¨ªdicas. El texto dice: "El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, mediante real decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Uni¨®n Europea, proceder¨¢ a modificar la regulaci¨®n de la compensaci¨®n equitativa por copia privada". Las modificaciones estudiadas pasan por ampliar los colectivos exentos de pagar el gravamen por copia privada.
La ministra no consider¨® una derrota la inclusi¨®n de la modificaci¨®n del canon en la ley Sinde. "Alcanzar un consenso en este sentido es una victoria para todos los ciudadanos".
El acuerdo rubricado anoche pone fin a una de las tramitaciones legislativas m¨¢s accidentadas de los ¨²ltimos tiempos. La ley ha resultado un quebradero de cabeza para el Gobierno y, sobre todo, para la ministra de Cultura, que acab¨® por darle su nombre involuntariamente. La inclusi¨®n de la regulaci¨®n no como una norma aut¨®noma, sino como la disposici¨®n final de la Ley de Econom¨ªa Sostenible (LES), caus¨® a finales de 2009 una verdadera revuelta en Internet. En la semana de su fracaso en el tr¨¢mite parlamentario (el pasado 21 de diciembre) se sucedieron nuevos conatos de revuelta internauta (con fundido a negro de webs de descargas incluido). Tambi¨¦n una sucesi¨®n de negociaciones atropelladas (primero con el PNV, luego con CiU y finalmente con el PP), que transmitieron sensaci¨®n de improvisaci¨®n y de cierto trueque de intereses (se llegaron a negociar concesiones fiscales a cambio de apoyos parlamentarios).
Los ¨²ltimos d¨ªas no fueron una excepci¨®n al clima de apresuramiento, de enfrentamientos en la Red, de desmentidos y de pasos en falso que ha presidido todo el asunto. Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, del PP, y la ministra de Cultura acercaron posturas la semana pasada. El domingo se celebr¨® una reuni¨®n entre ambas para darle a la disposici¨®n adicional los ¨²ltimos retoques. Gonz¨¢lez-Sinde agradeci¨® a la portavoz popular en el Congreso "su capacidad para aportar ideas y soluciones".
Ahora, el texto enmendado seguir¨¢ su proceso y, tras su estudio en comisi¨®n, deber¨¢ refrendarse en el pleno del Senado en menos de un mes. Despu¨¦s, volver¨¢ al Congreso, donde recibir¨¢ la aprobaci¨®n definitiva.
La jornada comenz¨® con un cierto aire de conciliaci¨®n ensayado por la secretaria general del PP, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, que hab¨ªa asegurado en declaraciones a la SER la disposici¨®n de su partido para el acuerdo. Pero acab¨®, tras el anuncio del pacto a ¨²ltima hora de la tarde, como siempre: con la Red incendiada. Con el Twitter, esa ¨¢gora posmoderna, impregnado de airado descontento en frases de 140 caracteres: influyentes internautas escribieron descripciones que hablaban de "pu?etazo en el est¨®mago", "desastre", "maquillaje", "traici¨®n" o "mal rollo".
El proceso para clausurar un portal de descargas
- La enmienda conjunta de PSOE, PP y CiU fija con mucha m¨¢s precisi¨®n que el texto que fue rechazado en el Congreso el proceso que puede acabar con el cierre de webs que sirvan sin autorizaci¨®n contenidos sujetos a derechos de autor.
- Cuando la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual reciba una denuncia, "el prestador de servicios de la sociedad de la informaci¨®n deber¨¢ ser requerido a fin de que en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores", seg¨²n la enmienda.
- Una vez terminado el plazo anterior "se practicar¨¢ prueba en dos d¨ªas y se dar¨¢ traslado a los interesados para conclusiones en plazo m¨¢ximo de cinco d¨ªas. La Comisi¨®n en el plazo m¨¢ximo de tres d¨ªas dictar¨¢ resoluci¨®n. La retirada voluntaria de los contenidos pondr¨¢ fin al procedimiento".
- "En el plazo de 24 horas siguientes a la petici¨®n y, previa audiencia del ministerio fiscal, dictar¨¢ resoluci¨®n autorizando la solicitud efectuada siempre que no resulte afectado el art¨ªculo 18, apartados 1 y 3, de la Constituci¨®n".
- La comisi¨®n puede decidir entonces el cierre de una web. "En el plazo improrrogable de dos d¨ªas siguientes a la recepci¨®n de la notificaci¨®n de la resoluci¨®n de la Comisi¨®n", explica la enmienda, "el juzgado convocar¨¢ al representante legal de la Administraci¨®n, al ministerio fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que estos designen como representante a una audiencia, en la que, de manera contradictoria, el juzgado oir¨¢ a todos los personados y resolver¨¢ en el plazo improrrogable de dos d¨ªas mediante auto. La decisi¨®n que se adopte ¨²nicamente podr¨¢ autorizar o denegar la ejecuci¨®n de la medida".
- Cuando se requiera informaci¨®n sobre el titular de la web u otros asuntos sujetos a confidencialidad, se tendr¨¢ que buscar la intervenci¨®n de un juez para aportar mayores garant¨ªas al proceso.
Babelia
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