Un error facilita a una banda mafiosa datos de polic¨ªas en M¨¢laga

Los nombres y las direcciones particulares de al menos ocho polic¨ªas de la Costa del Sol que participaron en la desarticulaci¨®n de una peligrosa banda criminal en julio de 2007 han terminado en manos de las personas a las que detuvieron porque sus datos no se protegieron adecuadamente.

El sindicato SUP, del que son afiliados seis agentes afectados, denunci¨® el caso el pasado 20 de enero ante la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa. Francisco Puertas, vocal de la formaci¨®n, se lo expuso al subdirector de Recursos Humanos durante una comisi¨®n de personal. "Dijeron que lo investigar¨ªan", asegura Puertas. "Hablamos de gente mafiosa, que tienen en su haber el asesinato de un guardia civil (....) Han se?alado a la ¨¦lite policial de M¨¢laga. Esto es grav¨ªsimo, es lo peor que te puede ocurrir", a?ade.

El sindicato SUP ha pedido que se investigue qui¨¦n cometi¨® el fallo

Los agentes recibieron una citaci¨®n judicial en sus domicilios

Los agentes supieron que sus datos personales estaban en manos de esta banda al recibir una citaci¨®n judicial en su domicilio particular. Cuando los polic¨ªas acuden a los juicios, lo normal es que, por motivos de seguridad, se les llame con su n¨²mero de placa y en las dependencias en las que trabajan.

Extra?ados y alarmados, informaron a la comisar¨ªa provincial de lo que hab¨ªa ocurrido a trav¨¦s de sus sindicatos. El comisario provincial, Juan Jes¨²s Pe?alver, recibi¨® un escrito del SUP y otros dos funcionarios tambi¨¦n le plantearon la queja a t¨ªtulo particular. Todas las reclamaciones han sido elevadas a la Direcci¨®n General a trav¨¦s de la Jefatura Superior, seg¨²n el comisario Pe?alver.

En la Secci¨®n Primera de la Audiencia Provincial, encargada de enjuiciar el caso, dicen que esas citaciones se han hecho a petici¨®n de las defensas de los cuatro encausados y que no sab¨ªan que se trataba de polic¨ªas porque no se contrastaron con los listados de testigos de otras partes. "La fiscal¨ªa s¨ª les ha citado con el n¨²mero de placa", aseguran fuentes judiciales. El juicio est¨¢ previsto para el pr¨®ximo 2 de febrero.

Varias fuentes coinciden en que los datos personales de estos polic¨ªas han acabado formando parte de este caso, instruido en el juzgado n¨²mero 4 de Marbella, porque a la causa matriz se le adjuntaron una serie de diligencias que Asuntos Internos practic¨® para investigar si los registros domiciliarios hab¨ªan sido legales. Los agentes de Asuntos Internos tomaron declaraci¨®n como testigos a por lo menos seis polic¨ªas. En algunas diligencias dejaron a la vista datos tan sensibles como el n¨²mero de tel¨¦fono m¨®vil o sus direcciones particulares.

"Como los cuatro detenidos por la operaci¨®n Arenal estaban directamente afectados por esas supuestas irregularidades en el trabajo policial, alguna de las partes, o el propio instructor, pidi¨® que se hiciera una copia al procedimiento de Asuntos Internos", explican fuentes conocedoras del caso.

En el sindicato SUP aseguran que se ha producido un "incumplimiento de la legalidad" y "de las m¨ªnimas normas de seguridad" que atribuyen a la actuaci¨®n de los agentes de Asuntos Internos. La Direcci¨®n General de la Polic¨ªa ha rehusado hacer declaraciones. Otras fuentes, tanto policiales como judiciales, hablan de un posible "cruce de datos" en los juzgados.

La Polic¨ªa necesit¨® de al menos una treintena de agentes para practicar los arrestos de los cuatro ciudadanos de origen franc¨¦s porque los consideraban extremadamente peligrosos. Les atribu¨ªan delitos de extorsi¨®n, secuestro, tr¨¢fico de drogas (intervinieron 1.500 kilogramos de hach¨ªs) y tenencia il¨ªcita de armas. En sus casas hallaron, ordenados en una alacena, varias armas autom¨¢ticas y chalecos antibalas.