Un error facilita a una banda mafiosa datos de polic¨ªas en M¨¢laga

Los nombres y las direcciones particulares de al menos ocho polic¨ªas de la Costa del Sol que participaron en la desarticulaci¨®n de una peligrosa banda criminal en julio de 2007 han terminado en manos de las personas a las que detuvieron porque sus datos no se protegieron adecuadamente.

El sindicato SUP, del que son afiliados seis agentes afectados, denunci¨® el caso el pasado 20 de enero ante la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa. Francisco Puertas, vocal de la formaci¨®n, se lo expuso al subdirector de Recursos Humanos durante una comisi¨®n de personal. "Dijeron que lo investigar¨ªan", asegura Puertas. "Hablamos de gente mafiosa, que tienen en su haber el asesinato de un guardia civil [...] Han se?alado a la ¨¦lite policial de M¨¢laga. Esto es grav¨ªsimo, es lo peor que te puede ocurrir", a?ade.

Los agentes supieron que sus datos personales estaban en manos de esta banda al recibir una citaci¨®n judicial en su domicilio particular. Cuando los polic¨ªas acuden como testigos a los juicios, lo normal es que, por motivos de seguridad, se les llame con su n¨²mero de placa y la notificaci¨®n llegue al lugar en el que trabajan.

En la Secci¨®n Primera de la Audiencia Provincial, encargada de enjuiciar el caso, dicen que esas citaciones se han hecho a petici¨®n de las defensas de los cuatro encausados y que no sab¨ªan que se trataba de polic¨ªas. El juicio est¨¢ previsto para el pr¨®ximo 2 de febrero.

Varias fuentes coinciden en que los datos personales de estos polic¨ªas han acabado formando parte de este caso, instruido en el Juzgado n¨²mero 4 de Marbella, porque a la causa matriz se le adjuntaron una serie de diligencias que Asuntos Internos practic¨® para investigar si los registros domiciliarios hab¨ªan sido legales. En la toma de declaraci¨®n de algunos de los agentes dejaron a la vista datos tan sensibles como el n¨²mero de tel¨¦fono m¨®vil o sus direcciones particulares.

La Direcci¨®n General de la Polic¨ªa ha rehusado hacer declaraciones. Otras fuentes, tanto policiales como judiciales, hablan de un posible "cruce de datos" en los juzgados.